Decisiones sobre movilidad y riesgo patrimonial
Marcelo Gioscia
La pasada reunión convocada desde Torre Ejecutiva a la que concurrieron los Intendentes de Montevideo y Canelones, y la ministra de Transporte y Obras Públicas, no convocó a la Comisión de Nacional de Patrimonio, a ser parte de ese debate, lo que deja a las claras el poco interés que se manifiesta por la preservación de los bienes culturales de interés patrimonial que engalanan la principal avenida.
A nuestro leal entender, hubiera correspondido invitar al responsable de esa Comisión, a participar de esa importante reunión, en la de iba a decidirse la construcción de un túnel que, sin lugar a duda, afectará el funcionamiento de la ciudad y podrá causar daños estructurales irreparables en plazas y edificios testimoniales. Obsérvese que se trata de una decisión de ningún modo menor. Se trata de una obra de gran complejidad, que pretende “revolucionar la movilidad del transporte metropolitano”, que en definitiva acorte los tiempos de traslados para los usuarios, brindándoles una mejor calidad de vida y a la vez revitalizando zonas hoy deprimidas de nuestra ciudad capital. Quizá una obra que por su envergadura se le pueda comparar a la construcción de la rambla montevideana de la década del treinta, que debiera contar necesariamente con fundados informes técnicos que, abarquen todos los impactos posibles de tal emprendimiento. En consecuencia, manifestamos nuestra preocupación ante posibles decisiones apresuradas, que luego pueden ser la madre de arrepentimientos, y apuntamos a que la decisión que se adopte, en definitiva, responda a un verdadero interés general y público y no a caprichos personales teñidos de intencionalidades, empresariales y o político-electorales, muy ajenas a ese interés. Recordemos que ya estaría acordada la instalación de un modelo BRT (bus rapid transit) por su publicitada sigla en inglés, con unidades de transporte articuladas para 200 pasajeros y carriles especiales para su ascenso y descenso por varias puertas, aunque no ha trascendido su costo final. Felizmente se han oído voces sensatas, contrarias a este túnel, no solo desde la oposición, sino desde la propia Intendencia, habiéndose promovido desde la Junta Departamental una convocatoria, a efectos que el Intendente efectúe aclaraciones sobre este proyecto y sus consecuencias. También desde la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación y de personas vinculadas a este delicado tema de la protección de bienes culturales, se ha visto con preocupación los efectos negativos de llevar adelante esa iniciativa con un impacto ambiental, social y de económico muy importante, que puede afectar una decena de edificios, estatuas, fuentes y plazas declaradas Patrimonio Histórico que debieran preservarse. No resulta menor esta omisión de hacerla parte del debate, ya que podría aportar datos de significación sobre los riesgos y daños, algunos hasta irreparables, que pueden llegar a padecerse. Que la Intendencia de Montevideo se tome el tiempo necesario para elevar sus informes técnicos al Poder Ejecutivo y se puedan encontrar soluciones de superficie para que la movilidad, se mejore sin tener que asumir tan altos costos.
