Democracia o Libertarismo

Luis Marcelo Pérez

Hay ideas que regresan una y otra vez al debate público y a la agenda política, aun cuando la historia haya mostrado reiteradamente sus límites y consecuencias. La utopía libertaria es una de ellas. Bajo la promesa de una libertad absoluta, de una sociedad sin regulaciones, sin impuestos y sin intervención pública, vuelve a instalarse la idea de que el Estado es el principal enemigo de la libertad. Que cuanto menos Estado exista, mejor viviremos. Que el mercado, por sí solo, puede ordenar la sociedad, distribuir oportunidades y resolver conflictos.

En esa tradición se inscribe el pensamiento de Martín Krause y su defensa de un Estado reducido a la mínima expresión. Pero Krause no está solo. Lo acompaña toda una corriente intelectual que, con distintos matices, comparte una misma convicción. El Estado debe retirarse y la vida social debe quedar librada a la lógica del mercado.

Robert Nozick sostuvo que el único Estado legítimo es aquel que protege la propiedad, garantiza la seguridad y administra justicia. Todo lo demás —educación, salud, cultura, protección social, derechos laborales— debería desaparecer de la esfera pública. En Anarchy, State, and Utopia llegó incluso a afirmar que cobrar impuestos para financiar políticas sociales es una forma encubierta de trabajo forzado.

Isaiah Berlin, desde una perspectiva más refinada, defendió la idea de libertad como ausencia de interferencia. Soy libre si nadie me impide actuar. Pero esa definición deja intacta la pregunta central. ¿Qué libertad tiene quien nace sin educación, sin salud, sin vivienda, sin tiempo y sin oportunidades? ¿Qué libertad existe cuando las condiciones de partida están brutalmente desigualmente repartidas?

Y después está la expresión más radical de esta corriente. Murray Rothbard no propuso limitar al Estado. Propuso hacerlo desaparecer. Desde su visión anarcocapitalista, la educación, la seguridad, la justicia, la salud y hasta las reglas básicas de convivencia deberían ser privatizadas. Allí donde hoy existe ciudadanía, él ve clientes. Allí donde existe una comunidad política, él imagina un contrato comercial. Allí donde existe un derecho, él pretende instalar una mercancía.

No estamos ante una simple discusión académica. Estas ideas han penetrado el debate contemporáneo y se presentan como modernas, audaces y antisistema. Pero en realidad son profundamente conservadoras. Hablan de libertad mientras naturalizan la desigualdad. Denuncian al Estado, pero callan frente al poder económico. Se indignan por los impuestos, pero no por la concentración obscena de riqueza. Desconfían de la democracia, pero confían ciegamente en el mercado, incluso cuando el mercado concentra, excluye y somete.

La gran contradicción del libertarismo es que dice combatir el poder, pero solo combate una forma de poder. Ataca al Estado incluso cuando el Estado protege derechos, regula abusos o limita privilegios. En cambio, trata con indulgencia a los grandes grupos económicos, a los monopolios, a las plataformas tecnológicas y a las corporaciones capaces de influir sobre gobiernos, controlar la información y condicionar la vida cotidiana de millones de personas.

Desde la tradición batllista, republicana y socialdemócrata, la discusión nunca fue cómo hacer desaparecer al Estado. La discusión fue cómo construir un Estado fuerte, activo y democrático, capaz de intervenir para corregir desigualdades y garantizar derechos.

El batllismo nació precisamente como una respuesta al Uruguay de las viejas oligarquías, de los privilegios y de la ley del más fuerte. Comprendió que la libertad no existe cuando la sociedad queda librada al poder económico. Por eso defendió un Estado presente, con capacidad de actuar, regular, redistribuir y proteger.

Fue ese Estado el que creó la educación pública, gratuita y laica. Fue ese Estado el que impulsó la jornada de ocho horas, el descanso semanal, la legislación laboral, la seguridad social, la salud pública y las empresas públicas. Fue ese Estado el que permitió que miles de trabajadores dejaran de depender de la voluntad del patrón, de la caridad o de la herencia.

Mientras el libertarismo propone la inexistencia del Estado, el batllismo sostiene que sin Estado no hay libertad real. Hay solamente desigualdad convertida en norma.

Los libertarios repiten que el Estado “quita” libertad. Pero omiten una verdad elemental. Antes de los derechos laborales, antes de la escuela pública, antes de la jubilación, antes de la salud accesible, la inmensa mayoría de la población no era libre. El obrero que trabajaba catorce horas por día no era libre. La mujer sin derechos no era libre. El niño condenado al trabajo y no a la escuela no era libre. El anciano abandonado a su suerte no era libre. Eran personas sometidas a una forma de dominación mucho más brutal que cualquier impuesto o regulación.

La libertad que defiende el libertarismo es, en el fondo, la libertad del fuerte para imponer sus condiciones. La libertad del que tiene capital para hacer lo que quiera. La libertad del que ya posee riqueza, influencia o poder. Pero una democracia no puede conformarse con esa idea estrecha y egoísta de la libertad.

La verdadera libertad exige igualdad de oportunidades. Exige derechos. Exige que todos puedan estudiar, atenderse, trabajar dignamente, participar en la vida pública y acceder a la cultura. Exige un Estado que garantice esos derechos de manera universal.

Por eso el batllismo defendió siempre políticas sociales universales. No la beneficencia ni la caridad, sino derechos. No la ayuda ocasional, sino la protección permanente. No un Estado ausente que abandona a los más débiles a la lógica del mercado, sino un Estado activo que interviene para que la sociedad no se fracture entre ganadores y excluidos.

Lo mismo ocurre con la cultura. Para el libertarismo, la cultura debe someterse a la rentabilidad. Si una biblioteca popular no produce ganancias, debe cerrar. Si un teatro barrial no encuentra patrocinadores, debe desaparecer. Si una actividad cultural del interior no tiene mercado, debe resignarse al silencio.

Pero la cultura no es una mercancía más. Es el espacio donde una sociedad construye memoria, identidad y conciencia. Es el lugar donde se forman ciudadanos y no meros consumidores. Si la cultura queda librada exclusivamente al mercado, sobreviven solo las voces más poderosas, las más visibles y las más rentables. Todo lo demás desaparece.

Desaparecen las bibliotecas populares y/o multimodales, los proyectos comunitarios, las radios públicas, los talleres de barrio, los artistas del interior, las expresiones minoritarias, las memorias incómodas y las voces críticas. El resultado no es una sociedad más libre. Es una sociedad más uniforme, más concentrada y más dependiente.

Cada vez que el Estado se retira, el vacío no queda vacío. Lo ocupan otros poderes. Grandes empresas, monopolios mediáticos, plataformas tecnológicas, intereses financieros y, en muchos territorios, incluso el narcotráfico. Allí donde el Estado renuncia, otros mandan.

Por eso el verdadero dilema de nuestro tiempo no es Estado o libertad. Esa es una falsa oposición construida por el discurso libertario. El dilema real es otro. Democracia o mercado absoluto. Ciudadanía o consumidores. Derechos o privilegios. Una república de iguales o una sociedad donde cada persona queda librada a su suerte, mientras unos pocos concentran la riqueza, la palabra y el poder.