Zósimo Nogueira
Lo de las tanquetas en operaciones de patrullaje ha sido toda una improvisación que confirma falta de experiencia. Un nuevo intento de maquillar la inseguridad con una idea tan sensacionalista como intrascendente para combatir crimen en barrios conflictivos. Clara confirmación de impericia el “Estado fallido” patrullar con vehículos pesados, de poca movilidad, de costosa operatividad absolutamente inapropiados para transporte rutinario de personal policial.
Es todo un trámite bajarse de una tanqueta para intervenir identificando personas, practicando registros personales, revisando vehículos o espacios permitidos. Abundan los pasajes angostos, calles rotas, malos caminos.
Si un sospechoso o criminal huye; pregunto, le van a disparar con armas de fuego, con armas de porte, o de mayor calibre en sintonía con el vehículo acorazado.
Estos vehículos son útiles al momento del conflicto u enfrentamiento, como escudo protector para acercarse a un objetivo.
Los policías deben desplegarse pie a tierra en el terreno de operaciones.
Ojalá me equivoque y les vaya bien. No lo creo, parase de cuento.
Que escenario; caótica realidad de las Fuerzas Armadas, estos vehículos no estaban operativos.
Si fuéramos atacados por algún enemigo deberíamos salir con bandera blanca y pedir una tregua para acondicionarlos.
Todos estamos vigilados, no protegidos. El flagelo del crimen organizado vinculado al narcotráfico. Para combatirlo se instalan en la zona metropolitana arcos de identificación de vehículos, personas y telefonía que transportan.
Un control de movilidad invasivo de la intimidad de las personas, su libertad de vínculos y desplazamiento.
Sin una orden judicial están al alcance de la autoridad administrativa comunicaciones y cruces telefónicos de las personas.
Si se prioriza el tema droga debe priorizarse el control de nuestras fronteras tan vulnerables pero fáciles de controlar. Todas las rutas se comunican con Montevideo.
En seguridad llegar tarde puede ser causa de pérdida de vidas.
Lo dicen las autoridades actuales y así vamos, como lo ocurrido en múltiples ajusticiamientos ejemplarizados con lo ocurrido en las canteras del Parque Rodo.
Con una mirada más amplia que la seguridad pública está en el banquillo de los acusados la seguridad jurídica. Sentencias cuestionadas por falta de garantías. Inequidades del debido proceso en materia penal.
¿Dónde están las fallas, en actuación de fiscales, jueces, defensores o en la legislación que rigen los juicios?
Nuestro partido promovió una serie de exposiciones y debates sobre la Justicia con participación de políticos, periodistas, profesionales y personas con conocimiento de procesos y resoluciones judiciales cargadas de contenido ideológico; con consideraciones probatorias desbalanceadas
En la organización se destaca la figura del exfiscal Penal Senador Dr Gustavo Zubía y su sector político.
Este 28 de julio pasado participaron el Escribano Dr. Guillermo Domenech, el Abogado Constitucionalista Dr. Eduardo Lust políticos y exlegisladores, el periodista y Diputado Gerardo Sotelo y el Senador Dr. Pedro Bordaberry.
Domenech reitero conceptos expresados en el Diario la Mañana en donde habla de venganza e inacción política sobre el pasado reciente.
Puso énfasis en la situación de los presos políticos de domingo Arena.
Sotelo hizo referencia las inequidades que ha traído la ley de género y el Código de Proceso Penal, ejemplifico con el caso de la relación consensuada denunciada como “la violación del Cordón” que gracias a la intervención periodística no alcanzo la gravedad punitiva solicitada por la fiscal del caso. Se desenredo una madeja de mentiras.
También dijo de la falta de profesionales para una aplicación medianamente aceptable del CPP.
El Senador Pedro Bordaberry dijo que el Código del Proceso Penal debe ser derogado.
Que cuando fue elaborado advirtió que no se contaba con los recursos necesarios para llevarlo a la práctica, propuso que su aplicación fuera gradual, por zonas.
Faltaron Jueces, Fiscales y Abogados y optaron por los juicios abreviados por acuerdo, regateando. En la actualidad el 99% de los juicios son por acuerdo. Una extorsiva amenaza fiscal y un pedido de rebaja. Y mucha mediatización.
Fiscales y abogados salen a la prensa a sensibilizar.
Eso hace a los fiscales más vulnerables y aumenta las posibilidades de riesgo ante rencores y amenazas. Están pidiendo por seguridad.
Bordaberry dirigiéndose en especial a un grupo de militares retirados y familiares de militares.
Les dice que no hay igualdad jurídica, que los excluyen de beneficios establecidos en el Estatuto de Roma. Que también están excluidos de la suspensión condicional del proceso.
Comenta algunas sentencias de risa como la prohibición de acercase a un cajero a que había intentado robar.
Que va a presentar en la rendición de cuentas un aditivo para que presos mayores de 70 aaños.
Hace alusión a dichos de referentes políticos de los partidos, Sanguinetti, Jorge Batlle, Seregni, Ferreira Aldunate, Lacalle Herrera que apoyaron la ley de caducidad por cese de la pretensión punitiva del Estado.
También a los expresidentes Vázquez, Mujica y Lacalle Pou. Quisieron solucionarlo y dicen no haber podido.
Por último, el Dr Lust analizo en detalle las Constituciones y leyes de nuestro país que fueron modificadas o se intentó modificar y en forma particular a la ley de caducidad
En una verdadera clase de derecho Constitucional dice que el camino es que la coalición logre mayorías en 2029 y por ley de punto final a este ominoso tema de revancha y venganza ideológica.
Fuera de su exposición y sobre la alarmante situación de inseguridad Bordaberry propone que se considere delito la sola pertenencia a organizaciones criminales.
Yo digo que hay que hilar muy fino para no contrariar principios esenciales del derecho como ser la no obligatoriedad de denunciar. Con excepciones.
Ley 16893 art 166 exención de declarar en causa criminal por razones de parentesco (ahí están enumeradas) o por ejercicio profesional de la defensa.
Muchas organizaciones criminales tienen abogados permanentes, forman parte de ellas, pero hay que tirar por tierra el “secreto profesional” y probar su participación en actividades criminales.
Insisto en otro público. Siendo causales de inseguridad el tráfico y la comercialización de drogas prohibidas; y la ocupación promiscua de espacios por consumidores y personas con problemas de salud mental debe procederse a la identificación y detención de estas personas, registrar e incautar droga, documentar y judicializar sus situaciones.
Quien compra droga en una boca comete delito de receptación y si no concreto la venta y concurrió al lugar está encubriendo y facilitando la actividad que allí se desarrolla.
En el caso de quienes tengan problemas de salud mental sean drogadictos o no “internación compulsiva”. A los consumidores hay que intentar desprogramarlos. Necesitan ayuda siquiátrica o sicológica. Internación compulsiva. Cuesta dinero, pero tiene un gran retorno.
Debe primar el interés general sobre el particular. Son personas transgresoras que generan alarma pública e inseguridad.
Si es necesario legislar, que se haga y veremos quienes están a favor de la comunidad o de este grupo marginal. El cambio seria radical y se acalla a mucha gente demandante. Sin compradores no hay vendedores de droga.
