Daniel Manduré
Nuestro país tiene una larga tradición jurídica e institucional de legislar, reglamentar, crear normativas y procedimientos. Pero la ley no transforma la realidad por el solo hecho de ser aprobada. Necesita de autoridades dispuestas a hacerlas cumplir. De organismos capacitados para fiscalizar. Contar con los recursos económicos y humanos para realizar esos controles y para aplicar sanciones cuando el incumplimiento lo amerite. De lo contrario la norma corre el riesgo de convertirse en una declaración de buenas intenciones.
En muchos casos esto no sucede.
Existe normativa para prácticamente todo, algunas veces superpuestas, contradictorias y en algunos casos extremadamente burocráticas.
Abundan las normas y escasean los controles. Pasamos de ser un país de las leyes del papel al de la impunidad en los hechos. Lo que se denomina las leyes de letra muerta (Tema este que merece ser desarrollado en otra oportunidad).
Pero por si esto fuera poco y para el colmo de males creamos organismos de control como la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) que contradice los principios que dieron su origen. Fue creada para promover la transparencia, prevenir posibles hechos de corrupción y vigilar la conducta ética de quienes se dedican a la función pública.
Desde su consolidación institucional ha estado en el centro de la polémica y las intensas disputas. Con toda razón.
La JUTEP no fue creada como un elemento que decore el organigrama del Estado ni para cumplir con una formalidad institucional. Su existencia responde a una necesitad republicana esencial: que el ejercicio del poder este sometido a controles creíbles, imparciales y efectivos.
Hoy eso no sucede.
¿Qué pasa cuando una institución concebida para generar confianza comienza a despertar dudas muy fundadas relacionadas a su independencia, transparencia y ecuanimidad de criterios?
Cuando esto sucede la credibilidad y confianza de la JUTEP se va derrumbando poco a poco. Todos los días un nuevo caso lo deja en evidencia. La disparidad en los tiempos de actuación, sin procedimientos cristalinos ni criterios jurídicos consistentes o evidencias mínimamente verificables.
Cuando el país crea un organismo de control lo hace porque considera que el poder necesita límites. Para fortalecer todos los mecanismos de transparencia en el ejercicio de la función pública. Sin importar quien gobierne.
No se puede actuar por reflejo de acuerdo con la presión de las redes sociales, menos aún responder a las directivas de un partido político o terminar convertido en un instrumento para atacar al adversario de turno. Tampoco para demorar el tratamiento o archivar asuntos incomodos para el gobierno.
Hoy inexplicablemente los casos de la compra de la camioneta del presidente Orsi y del auto destinado a una rifa para financiar la campaña, siguen en algún cajón a la espera de alguna definición.
Otro caso evidente fue la vidriosa situación de Álvaro Danza, donde la mayoría del directorio hizo caso omiso al informe del departamento jurídico que detectaba irregularidades e incompatibilidades en su labor pública y privada, como quedó absolutamente confirmado.
Se llegó a modificar actas y eliminar las opiniones discordes con los informes aprobados por la mayoría.
El propio expresidente frenteamplista de la JUTEP Gil Iribarne, vinculado al MPP, criticó duramente en abril de este año la partidización del organismo. Diciendo que la JUTEP ha quedado en una situación de gran desprestigio. Criticó tanto su funcionamiento como su integración. Agregando que por esa politización ha perdido imparcialidad y seriedad. Y que el desgaste que viene sufriendo por las permanentes disputas han dejado a la institución al borde del abismo. Con respecto a la compra de la camioneta del presidente, reconoció que fue un error y que no debió aceptar ese “descuento”.
No nos podemos olvidar de la renuncia que le pidió el Partido Comunista en el 2021 al integrante de la JUTEP Jorge Castro, que pertenecía a su partido, por haber firmado un dictamen que cuestionaba la gestión del Frente Amplio con respecto a la construcción del Antel Arena
La JUTEP està totalmente politizada, ha sufrido un gran debilitamiento institucional. Está padeciendo una gran crisis estructural. No ofrece garantías técnicas de imparcialidad. Ya nadie confía.
Hoy tenemos una JUTEP que funciona bajo la lógica de los partidos políticos. En vez de tener un organismo que controle al poder tenemos al poder condicionando a la JUTEP.
No necesitamos menos controles, necesitamos mejores controles.
No necesitamos debilitar los órganos de transparencia sino asegurarnos que sean técnicamente solventes, profesionalmente independientes, políticamente imparciales y sin evidencia de conflicto de intereses de ningún tipo.
Los cambios no pueden esperar. Se debe realizar una reforma profunda del organismo
Se debe comenzar por modificar el sistema de designación.
Debería estar integrado por personalidades que sean garantía de neutralidad e independencia. Impermeables a las presiones partidarias.
Con protocolos claros para tramitar denuncias, priorizar actuaciones y justificar demoras.
Criterios objetivos para establecer prioridades. Sin distinción partidaria.
Con auditorias independientes sobre procedimientos y control de calidad de las resoluciones adoptadas.
Fijando plazos para el tratamiento de los expedientes.
Con personal suficiente y capacitado técnicamente.
Una JUTEP oportuna y eficaz. Transparente y responsable.
Hoy tenemos un organismo que custodia la transparencia pero que no es transparente. Un organismo que debe velar por el comportamiento ético de quien ejerce la función pública pero donde la ética brilla por su ausencia.
Engrosamos el Estado, creamos un organismo, con el costo que ello tiene para el contribuyente para que las decisiones las tomen en el comité de base.
Hoy tenemos una JUTEP totalmente alejada de los principios que dieron motivo a su existencia.
Una JUTEP en estas condiciones es mejor que no exista. O se modifica radicalmente o se elimina.
