Claudio Rama
Luego de demoler realizaciones del gobierno anterior, en octubre de 2025 el CFE promovió la reducción de 260 grupos y 12.000 horas. Son 219 jornadas-centro afectadas y alrededor de 401.996 días-estudiante comprometidos por la parálisis del proceso de enseñanza-aprendizaje durante meses: ese es el balance, a la fecha, del conflicto creado por las autoridades del CFE.
A pocas semanas de finalizar los cursos de 2026, esa pérdida monumental no puede recuperarse dentro del calendario ordinario.
Cuando en abril de 2025 asumieron Walter Fernández, Laura Donya y Martina Bailón como nuevas autoridades políticas del Consejo de Formación en Educación (CFE), nadie imaginaba la demolición de las políticas anteriores, la sucesión de conflictos con estudiantes, docentes, sindicatos y gremios, ni la enorme pérdida de tiempo educativo que marcaría su gestión.
Las ocupaciones y suspensiones documentadas en el Instituto de Profesores Artigas (IPA) y los seis Centros Regionales de Profesores (CeRP), sin incluir los IFD, permiten estimar, con apoyo de la IA, un mínimo de 219 jornadas-centro afectadas desde su asunción, concentradas mayoritariamente en 2026.
Al multiplicar cada jornada afectada por la matrícula del centro correspondiente, se alcanzan 401.996 días-estudiante afectados.
El IPA concentra unas 294.000 jornadas-estudiante, frente a unas 108.000 del conjunto de los seis CeRP, debido a su mayor matrícula, de 4.743 estudiantes.
Luego de demoler realizaciones del gobierno anterior, en octubre de 2025 el CFE promovió la reducción de 260 grupos y 12.000 horas, sobre todo en el interior para el 2026, lo que provocó una inmediata respuesta estudiantil y docente. El IPA se ocupó desde el 14 de octubre hasta mediados de noviembre; el CeRP del Este, desde el 3 de noviembre, durante 17 días; el CeRP del Centro acumuló 11 días de huelga y ocupación; y el CeRP del Norte llegó a 28 días de ocupación.
Tras el acuerdo que fijó la reducción en 100 grupos y que el CFE tampoco cumplió, surgió otro conflicto en 2026: el CeRP del Norte, en Rivera, permaneció ocupado durante 22 días.
La reducción de cursos y la imposición de un régimen semipresencial obligatorio generaban costos para los estudiantes, que perdían el acceso a la alimentación y disponían de menos cupos para cursar optativas. Un tercer conflicto se produjo en julio de 2026, cuando se conoció la aprobación de un mecanismo de entrega de títulos a docentes no titulados en ejercicio.
El CeRP del Este se ocupó el 27 de julio y el del Suroeste, el 30 de julio; al 15 de septiembre, ya acumulaban 50 días sin clases.
Estos conflictos sucesivos por la reducción de grupos, cambios de modalidad y entrega de títulos de cartón, fueron la base de largas ocupaciones y también generaron tensiones con cientos de estudiantes que querían estudiar y docentes que pretendían trabajar y que no podían ejercitar su derecho a estudiar y trabajar.
Los datos públicos permiten construir un Índice Mensual de Afectación de la Presencialidad Estudiantil (IMAPE), que pondera los días afectados y la matrícula de cada centro, e identificar alrededor de 130.000 jornadas-estudiante afectadas.
