Ricardo Acosta
Hay algo que llama la atención en la política exterior del Frente Amplio y que merece ser señalado. No porque Uruguay no deba hablar con Estados Unidos. Todo lo contrario. Un gobierno tiene que dialogar con todos, incluso con aquellos gobiernos cuyas decisiones cuestiona. El problema aparece cuando el discurso político de una fuerza que durante años fue muy crítica de Washington empieza a encontrarse con una realidad bastante diferente cuando esa misma fuerza llega al gobierno. En mayo de este año, el Frente Amplio volvió a cuestionar con dureza la política de Donald Trump hacia Cuba. Habló de injerencia, de hostigamiento y reclamó respeto por la soberanía y la autodeterminación de la isla. No era algo nuevo. La posición del Frente Amplio sobre Cuba y las políticas de Estados Unidos es conocida y forma parte de una larga tradición política de la izquierda uruguaya. Hasta ahí, todo claro.
Pero ahora hay una situación que obliga, por lo menos, a hacerse algunas preguntas. El gobierno de Yamandú Orsi lleva meses conversando con la administración de Donald Trump sobre la posibilidad de que Uruguay reciba personas deportadas desde Estados Unidos. El propio presidente reconoció esta semana que las conversaciones existen y que vienen desarrollándose desde hace meses. También aclaró que no hay un acuerdo cerrado. Entre las personas que podrían llegar a Uruguay aparecen ciudadanos cubanos.
Y ahí la cuestión deja de ser simplemente migratoria. No es nuestra intención entrar en el debate sobre si Uruguay debe o no recibirlos, ni discutir la situación particular de quienes puedan ser deportados. Ese es otro debate y merece su propio análisis. Lo que nos interesa es algo diferente: la coherencia de la política exterior del Frente Amplio. Porque resulta difícil no advertir el contraste.
Por un lado, una fuerza política que cuestiona duramente a Estados Unidos por su política hacia Cuba y que reivindica la soberanía y la autodeterminación como principios fundamentales. Por otro, un gobierno encabezado por esa misma fuerza que mantiene una negociación con la administración Trump sobre un asunto delicado y que puede tener consecuencias importantes para Uruguay. Negociar con Estados Unidos no está mal.
Sería absurdo sostener lo contrario. Uruguay es un país pequeño y necesita tener relaciones abiertas con las grandes potencias, gobierne quien gobierne en Washington. Además, una cosa es tener diferencias políticas con Trump y otra muy distinta es dejar de defender los intereses uruguayos. El problema, entonces, no está en que Orsi converse con Trump.
Está en explicar por qué aquello que durante años fue presentado como una cuestión de principios parece admitir otra lectura cuando el Frente Amplio pasa de la oposición al gobierno. Porque gobernar cambia las responsabilidades. Eso es evidente.
Desde el gobierno hay que negociar, encontrar caminos posibles y tomar decisiones que muchas veces no tienen la comodidad de las consignas partidarias. Y eso, en realidad, no debería sorprender a nadie. Lo que sí debería hacer pensar es que el pragmatismo que aparece ahora también podría haber formado parte del discurso de antes.
La política internacional nunca fue solamente una cuestión de buenos y malos. Y mucho menos cuando se trata de países con los que Uruguay tiene intereses comerciales, diplomáticos y estratégicos. Hay, además, un episodio que agrega ruido a toda esta historia. El canciller Mario Lubetkin había señalado que Uruguay no había recibido una propuesta concreta de Estados Unidos. Posteriormente trascendió que Washington había entregado en julio un documento a la Cancillería relacionado con la recepción de deportados.
El gobierno sostiene que las conversaciones continúan y que no existe todavía un acuerdo. No es un detalle menor. Si existe una propuesta, si existe un documento y si las conversaciones llevan meses, la ciudadanía tiene derecho a saber qué se está negociando, en qué condiciones y cuáles son los límites que Uruguay pretende establecer. No estamos reclamando que una negociación diplomática se haga a través de los titulares de los diarios. Hay cosas que necesariamente deben manejarse con reserva.
Pero una vez que el asunto toma estado público, el gobierno tiene la obligación de explicar el criterio que está utilizando. Y acá aparece la pregunta que incomoda.
¿Dónde termina la diferencia política con Estados Unidos y dónde empieza la necesidad de negociar con él? Porque si el gobierno entiende que una cosa es cuestionar determinadas decisiones de Trump y otra muy distinta es mantener relaciones diplomáticas normales con Washington, perfecto. Es una posición razonable.
Si además entiende que Uruguay debe aprovechar cualquier oportunidad para defender sus intereses, mejor todavía. Pero entonces habrá que revisar algunas de las certezas con las que el Frente Amplio habló durante años sobre Estados Unidos.
No se puede reclamar soberanía y autodeterminación como principios absolutos en un caso y mirar para otro lado cuando la negociación resulta políticamente conveniente. Tampoco se puede convertir cada decisión de Washington en una prueba de imperialismo cuando se está en la oposición y, una vez en el gobierno, descubrir que con ese mismo Washington también hay que sentarse a conversar. Eso no significa defender a Trump. Tampoco significa defender la política estadounidense hacia Cuba. Y mucho menos significa que Uruguay deba romper relaciones con nadie. Significa algo bastante más sencillo: pedir coherencia.
El Frente Amplio tiene todo el derecho del mundo a cambiar de posición, a revisar sus argumentos y a actuar de acuerdo con las responsabilidades que implica gobernar. Lo que no puede pretender es que nadie advierta cuando existe una distancia entre lo que decía antes y lo que hace ahora. Quizás esta sea una de esas situaciones en las que gobernar obliga a abandonar parte de la comodidad del discurso y enfrentarse a una realidad bastante más compleja. Si es así, sería saludable reconocerlo.
Porque los principios son importantes.
Pero justamente por eso tienen que valer también cuando la realidad obliga a sentarse del otro lado de la mesa. Y esa es la pregunta que queda planteada: ¿el FA ahora está de acuerdo con Trump? Probablemente no. Pero está negociando con él. Y después de tantos años de discursos tan firmes sobre la política de Estados Unidos, creemos que el gobierno tiene derecho a negociar, pero también tiene la obligación de explicar por qué ahora esa relación merece una mirada diferente.
