Ing. Gonzalo Durañona
Hay gobiernos que pasan a la historia por sus reformas, otros por sus realizaciones y algunos por su extraordinaria capacidad para explicar por qué nada de lo prometido termina ocurriendo. El gobierno de Yamandú Orsi parece empeñado en conquistar un lugar destacado en esta última categoría. A poco más de un año y medio de asumir, apenas el 24% de los uruguayos aprueba su gestión, mientras el 57% la desaprueba, según la última encuesta de Cifra. Una verdadera hazaña para quienes llegaron prometiendo honestidad, esperanza y un país mejor. Evidentemente, los uruguayos todavía no hemos aprendido a apreciar las maravillas del progresismo gobernante.
La primera gran promesa fue la de un gobierno honesto y transparente, presentada bajo la acostumbrada superioridad moral frenteamplista. Sin embargo, Cecilia Cairo debió renunciar al Ministerio de Vivienda tras conocerse irregularidades tributarias e inmobiliarias; Alejandra Koch dejó la vicepresidencia de la Administración Nacional de Puertos después de participar en una votación que favoreció el ascenso de su esposo; y Eduardo Viera abandonó la presidencia de Colonización por cuestionamientos sobre incompatibilidades. A ellos se sumaron los representantes gubernamentales en la Caja de Profesionales, quienes terminaron renunciando tras la aprobación de partidas mensuales de $131.520 para cargos que debían ser honorarios. Apenas diecinueve meses de gobierno y ya existe material suficiente para un seminario sobre ética pública. Naturalmente, dictado por el Frente Amplio.
Ni siquiera el presidente permaneció ajeno a las controversias. La adquisición de una camioneta Hyundai por US$54.000, aproximadamente US$25.000 por debajo de su precio comercial, abrió interrogantes sobre las condiciones de compra y las sucesivas explicaciones presidenciales. A este episodio se agregó el caso de Álvaro Danza en ASSE: mientras la asesoría jurídica de la Jutep advertía incompatibilidades en el desempeño simultáneo de actividades públicas y privadas, la mayoría del organismo resolvió que no existían. Danza abandonó sus empleos privados, pero conservó el cargo público. La ética frenteamplista exhibe así una propiedad verdaderamente fascinante: su extraordinaria flexibilidad cuando corresponde aplicarla a los propios.
Si los escándalos ya habían puesto en entredicho la pretendida superioridad moral del Frente Amplio, la política tributaria terminó por desnudar su más absoluto cinismo político: la palabra empeñada no sobrevivió siquiera al primer presupuesto. Durante la campaña de 2024, Orsi aseguró que no aumentaría los impuestos y que la recaudación debía crecer mediante el desarrollo económico. Una vez en el gobierno, el Presupuesto incorporó el IVA del 22% al régimen de compras en el exterior, amplió el alcance del IRPF sobre rentas y ganancias de capital del exterior e introdujo un impuesto mínimo complementario para grandes multinacionales. El gobierno no sube impuestos: realiza adecuaciones tributarias. No incrementa la presión fiscal: moderniza el sistema. Una sofisticación lingüística admirable, si no fuera porque las facturas las seguimos pagando los ciudadanos.
A esta creatividad fiscal se sumó la decisión de reducir las devoluciones del FONASA. Mediante una modificación del cálculo del Costo Promedio Equivalente, entre 60.000 y 70.000 uruguayos dejarán de percibirlas en 2027, mientras otros recibirán importes menores. El propio Ministerio de Economía estima una reducción de entre 70 y 80 millones de dólares anuales en las devoluciones. Una verdadera genialidad: sin modificar las tasas de aportación, el Estado consigue reducir sensiblemente el dinero que devuelve a los contribuyentes. Primero prometieron no aumentar los impuestos; después encontraron la manera de recaudar más y devolver menos. La palabra electoral parece tener una fecha de vencimiento bastante precisa: el día de las elecciones.
La misma memoria selectiva caracteriza aquellas vehementes denuncias formuladas desde la oposición. Durante el gobierno de coalición, el Frente Amplio cuestionaba permanentemente el Precio de Paridad de Importación de los combustibles, acusando al gobierno de perjudicar a los consumidores. Una vez en el poder, conservaron el PPI como referencia. Pero la verdadera proeza discursiva llegó de la mano del secretario de Presidencia, Alejandro «Pacha» Sánchez, quien llegó a sostener que Uruguay tenía los combustibles más baratos de la región. En octubre de 2026, la nafta cuesta aproximadamente US$2,25 por litro en Uruguay, frente a US$1,46 en Argentina y US$1,26 en Brasil: 54% más cara que la argentina y 79% más que la brasileña. Sánchez parece haber descubierto una región desconocida por la cartografía moderna. Quizás el próximo paso sea convencernos de que cuanto más pagamos, más estamos ahorrando.
Con OSE, el contraste entre oposición y gobierno adquiere dimensiones igualmente grotescas. Durante la sequía de 2023, el Frente Amplio reclamaba rebajas tarifarias y denunciaba la calidad del agua. Ya en el poder, dispuso para enero de 2026 un aumento del 8,5%, incluyendo un componente adicional del 3,7% destinado a corregir los desequilibrios financieros de la empresa. Para completar el panorama, durante el verano se detectaron concentraciones de trihalometanos superiores a los límites normativos. El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, debe responder ahora por una realidad bastante menos complaciente que sus antiguos discursos ambientalistas. Parece que el agua cambia de calidad política según quién gobierne. Lástima que los uruguayos debamos pagarla y consumirla independientemente del partido que administre OSE.
La seguridad constituye otra de las grandes promesas enfrentadas a resultados que el gobierno difícilmente pueda exhibir con orgullo. Orsi anunció más de 2.000 incorporaciones policiales, nuevas tecnologías y un ambicioso plan nacional, pero durante el primer semestre de 2026 se registraron 195 homicidios, frente a 183 en igual período del año anterior. A ese deterioro se suma el desgaste político del ministro del Interior, Carlos Negro, cuya gestión recogía apenas un 21% de aprobación y un 64% de desaprobación en la encuesta de Cifra difundida en julio, la peor evaluación entre los ministros relevados. Un balance poco alentador para una administración que llegó prometiendo recuperar la seguridad de los ciudadanos.
Frente a este escenario, el Ministerio del Interior destaca la disminución de las denuncias por hurtos y rapiñas, como si una reducción de los registros demostrara necesariamente una disminución de los delitos. El propio INE estableció que, durante 2025, apenas el 38,1% de los robos relevados en su encuesta de victimización terminó en una denuncia formal. ¿Cuántos ciudadanos han dejado de denunciar por considerarlo una pérdida de tiempo? ¿Cuántos perdieron la esperanza de obtener resultados? Resulta bastante más sencillo exhibir gráficas descendentes que recuperar la confianza de una población cansada de vivir entre rejas. El problema de la inseguridad no desaparece cuando desaparece la denuncia.
En materia social, la maquinaria del relato alcanza su máxima sofisticación. Presidencia anunció una reducción del 33% de la indigencia y Fernando Pereira no tardó en sumarse a las celebraciones. Las estimaciones puntuales del INE pasaron del 1,8% al 1,2%, pero la comunicación presidencial omitió los márgenes de error y cualquier análisis de significación estadística, elementos indispensables para evaluar la solidez de semejante proclamación. La pobreza estimada supuestamente descendió, del 17,7% al 14,8% – si nos olvidamos de los márgenes de error -, aunque miles de uruguayos continúan enfrentando enormes dificultades económicas. Una vez más, las autoridades convirtieron los resultados de una encuesta en una victoria comunicacional, sin proporcionar toda la información necesaria para valorar su alcance. Al parecer, la incertidumbre científica deja de ser relevante cuando amenaza con arruinar una celebración oficialista.
El contraste resulta particularmente incómodo frente a la situación de calle, una de las manifestaciones más dramáticas de nuestra crisis social. La cantidad de personas atendidas en dispositivos de alojamiento pasó de 11.261 en 2024 a 13.597 en 2025. La senadora Blanca Rodríguez aportó, entretanto, una singular metodología de observación social: aseguró que desde su ventana ya no veía a las personas que antes dormían cerca de su casa. Un procedimiento práctico, aunque de dudosa utilidad para conocer la realidad nacional. Quizás el próximo informe social deba elaborarse recorriendo las ventanas de los legisladores oficialistas.
Las dificultades de la economía productiva ofrecen otro contraste con el optimismo gubernamental. CLA SIENZ anunció el cierre de sus operaciones industriales en enero de 2026, mientras cientos de extrabajadores de Yazaki continuaban sufriendo las consecuencias de un cierre anterior. A ello se suman miles de comercios que desaparecen, costos operativos elevados y empresas que luchan por conservar su viabilidad. Producir, contratar e invertir en Uruguay continúa siendo una carrera de obstáculos burocráticos y tributarios, mientras el Frente Amplio persiste en identificar el progreso con la expansión del aparato estatal. Una concepción que confunde protección social con dependencia, regulación con desarrollo y recaudación con prosperidad.
En este escenario apareció, oportunamente, el anuncio de una inversión de US$5.700 millones por parte de la española Solaria. La mayor inversión de nuestra historia, proclamó el gobierno. El pequeño detalle es que lo firmado constituye un acuerdo para desarrollar un proyecto cuya ejecución está prevista en etapas: no son US$5.700 millones ya desembolsados, ni instalaciones funcionando, ni empleos efectivamente creados. Se anuncian centros de datos de hasta 500 megavatios, un régimen de zona franca, un eventual contrato energético con UTE de hasta cuarenta años y miles de puestos de trabajo futuros. ¿Cuáles son las garantías financieras y las obligaciones estatales? ¿Qué riesgos asumirá UTE? ¿Cuánto empleo nacional se generará realmente? Preguntas que merecen respuestas antes de convertir un anuncio empresarial en una conquista histórica. En el Uruguay del relato, aparentemente alcanza con firmar un acuerdo para inaugurar una inversión.
La versión departamental de esta política comunicacional tiene su escenario privilegiado en Montevideo. Mario Bergara anunció que el 91% de los vecinos consultados en zonas beneficiadas por el nuevo sistema de recolección percibía mejoras en la limpieza. Una cifra estupenda para una capital que continúa padeciendo contenedores desbordados, calles sucias, grafitis y vandalismo. Bastante menos entusiasta fue la evaluación de los montevideanos: Factum registró en agosto apenas un 29% de aprobación y un 44% de desaprobación de su gestión. Evidentemente, los resultados dependen mucho de dónde se pregunta y, sobre todo, de qué parte de Montevideo se decide mirar.
Mientras el intendente anuncia mejoras, la ciudad continúa ofreciendo un espectáculo de degradación urbana: faroles, luminarias, rejas, cableado, mobiliario público y monumentos expuestos al robo y la reventa por unos miserables vintenes; espacios públicos deteriorados, paredes vandalizadas y comercios protegidos detrás de rejas. Cada elemento arrancado representa patrimonio colectivo destruido y dinero de los contribuyentes destinado a reponerlo. Tras décadas de administraciones frenteamplistas, Montevideo parece resignada a una decadencia administrada, donde la suciedad se mide en toneladas retiradas, el vandalismo se relativiza y la inseguridad se disimula entre estadísticas.
Sin embargo, reducir el problema del Frente Amplio a esta sucesión de incumplimientos sería ignorar su dimensión más profunda: una concepción política que ha sustituido la vocación transformadora por la administración del poder y el desarrollo productivo por la expansión burocrática. Un socialismo estatista que continúa presentándose como progresista mientras reproduce estructuras ineficientes, desalienta la iniciativa privada y pretende reservarse el monopolio de la sensibilidad social. Un modelo en el que el ciudadano productivo termina convertido en financiador permanente de un aparato estatal cuya eficiencia rara vez se somete al mismo escrutinio que sus obligaciones tributarias.
Frente a este modelo, Uruguay necesita recuperar la ambición reformista que alguna vez lo convirtió en referencia de América Latina. Y esa tradición tiene nombre: batllismo. No el batllismo convertido en pieza de museo, sino uno moderno, dinámico, liberal, humanista y profundamente republicano. José Batlle y Ordóñez no impulsó sus reformas para consagrar la ineficiencia ni perpetuar la dependencia económica, sino para construir una sociedad de ciudadanos libres, educados y capaces de prosperar. Su grandeza consistió en combinar libertad con justicia social, iniciativa con protección y progreso material con dignidad humana.
El batllismo del siglo XXI debe recuperar esa vocación transformadora, colocando la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación en el centro del proyecto nacional. Impulsar industrias competitivas, atraer inversiones, fomentar el emprendimiento, modernizar la administración pública y recuperar la seguridad de nuestros barrios. Un proyecto que comprenda que la prosperidad se construye mediante talento, trabajo, libertad económica y reglas claras, y que la verdadera justicia social consiste en ofrecer oportunidades para que cada ciudadano pueda desarrollar plenamente sus capacidades.
Necesitamos un Estado fuerte y eficiente, no burocrático; solidario, pero no paternalista. Un Estado que proteja sin asfixiar, que regule sin paralizar y que rinda cuentas por cada peso administrado. La República necesita recuperar el valor de la palabra empeñada, la independencia de sus organismos de contralor y la responsabilidad de quienes ejercen el poder. Porque la superioridad moral no se proclama: se demuestra. Y la capacidad de gobernar no se acredita mediante discursos, sino mediante realizaciones.
El batllismo debe volver a gobernar. No para sustituir un relato por otro, sino para recuperar aquella voluntad reformista que hizo del Uruguay una nación de avanzada. Para demostrar que libertad económica y justicia social pueden avanzar juntas, que el Estado puede servir al ciudadano sin someterlo y que el progreso debe medirse en realizaciones, no en discursos.
Porque el verdadero problema del gobierno de Orsi no es que comunique demasiado, sino que pretende que la comunicación sustituya aquello que no consigue demostrar con hechos. Y mientras el Frente Amplio continúa perfeccionando su relato, Uruguay pierde un recurso mucho más valioso que cualquier presupuesto publicitario: el tiempo.
El Uruguay de José Batlle y Ordóñez no nació de un relato progresista. Nació de la voluntad política de transformar la realidad. Y esa es, precisamente, la diferencia entre proclamarse progresista y hacer posible el progreso.
