Gonzalo Durañona
No habremos de referirnos personalmente a nadie. No vaya a ser que alguna sensibilidad particularmente delicada confunda la crítica política con un discurso de odio y pretenda convertir la ironía ciudadana en delito. Hablaremos de responsabilidades, de humanidad y de una realidad que ninguna ventana, por privilegiada que sea, consigue ocultar.
Según cifras oficiales del MIDES, en Montevideo había 353 personas durmiendo a la intemperie en 2011. En 2023 eran 1.375, casi cuatro veces más. Ese último relevamiento contabilizó, además, 1.381 personas en refugios nocturnos. Son cifras estremecedoras, aun considerando las diferencias metodológicas entre relevamientos. Detrás de cada número hay un ser humano abandonado a una existencia que ninguna sociedad civilizada debería tolerar.
Pero el abandono tiene una segunda víctima: la ciudadanía. Cuando el Estado fracasa, traslada sus consecuencias a los vecinos, obligados a convivir con espacios públicos deteriorados, daños a la propiedad, inseguridad y escenas cotidianas de miseria. Y así consigue algo todavía más perverso: que el sufrimiento ajeno, de tanto repetirse, termine provocando irritación antes que compasión. El Estado abandona a unos y termina deshumanizando a otros.
No hablamos de esconder pobres ni de criminalizar la pobreza. Hablamos de rescatar personas. De comprender que detrás de la situación de calle conviven realidades diferentes: desempleo, rupturas familiares, adicciones, trastornos psiquiátricos y trayectorias de privación de libertad. Cada una exige respuestas específicas.
Existen experiencias regionales que avanzan en esa dirección, mediante evaluación individual, coordinación sanitaria, tratamiento de dependencias, alojamiento, capacitación y reinserción laboral. No necesitamos inventar soluciones ni importar ideologías: necesitamos voluntad política, gestión profesional y resultados verificables. La asistencia no puede limitarse a administrar la supervivencia. El éxito no consiste en contar cuántos duermen bajo techo esta noche, sino cuántos recuperan definitivamente su autonomía.
Mientras tanto, algunos representantes parecen más preocupados por disciplinar las críticas que por corregir aquello que las provoca. Conviene recordarles una lección de nuestra propia historia.
El 17 de noviembre de 1838, Fructuoso Rivera, nuestro primer presidente, figura largamente calumniada, proclamó la libertad de imprenta y estableció que los ataques contra su persona, sus secretarios o sus actos administrativos no generarían responsabilidad para sus autores. Él y sus secretarios renunciaron expresamente a utilizar los mecanismos legales de reparación mientras ejercieran el poder.
¡Qué extraordinario contraste! Hace casi 188 años, un caudillo militar, en tiempos de guerras civiles, renunciaba voluntariamente a perseguir a sus detractores. Hoy, en plena democracia, hay representantes que pretenden ampliar la penalización de expresiones que consideran odiosas, muy seguramente molestos por el escarnio y la burla del ciudadano comprensiblemente hastiado de la inoperancia y la autojustificación improcedente.
Rivera comprendía algo que algunos dirigentes contemporáneos parecen haber olvidado: la autoridad republicana no se fortalece silenciando críticas, sino tolerándolas, incluso cuando son injustas.
Desde la oposición debemos exigir soluciones urgentes, cifras transparentes y responsabilidades políticas. No podemos aceptar que nuestros hermanos continúen viviendo sobre cartones mientras el gobierno administra estadísticas y susceptibilidades.
Porque una República digna no necesita ciudadanos que guarden silencio ante la miseria. Necesita gobernantes que no permanezcan indiferentes ante ella.
