Pablo Caffarelli
El mercado automotor uruguayo atraviesa una transformación inédita. El dinamismo de las ventas de vehículos eléctricos -que en los últimos meses alcanzaron más del cincuenta por ciento de las matriculaciones de cero kilómetro- demuestra una receptividad extraordinaria por parte de la sociedad hacia la tecnología limpia. Sin embargo, este impulso amenaza con frenarse debido a una visión fiscal de corto plazo que busca anticipar la quita de los estímulos tributarios.
El anuncio de la aplicación escalonada del IMESI a partir de enero de 2027 y las discusiones en el Congreso de Intendentes para elevar la Patente de Rodados a las unidades eléctricas responden a una lógica de equiparación prematura. Se argumenta la necesidad de compensar las pérdidas de recaudación derivadas de la menor venta de combustibles fósiles. Se pretende tratar a una tecnología estratégica y emergente como si fuera un mercado plenamente maduro, retirando los apoyos precisamente cuando el cambio de matriz adopta su dinámica más resolutiva.
Este enfoque pierde de vista la posición geopolítica y económica de la República. Uruguay no produce petróleo (está en su búsqueda pero sigue sin encontrarlo); la totalidad del crudo procesado para mover el transporte tradicional debe ser importada con una erogación masiva de divisas. En contrapartida, el país ha logrado una proeza reconocida internacionalmente: una matriz de generación eléctrica casi cien por ciento sustentable y renovable. Cada vehículo a combustión que se reemplaza por uno eléctrico transforma una dependencia del petróleo extranjero en consumo de energía soberana, generada por nuestro viento, nuestro sol y nuestra agua.
Antes de concentrar los esfuerzos en incrementar la carga sobre los contribuyentes, el Estado debe proyectar la movilidad eléctrica como una oportunidad de negocios extraordinaria. Uruguay cuenta con las garantías jurídicas y la infraestructura técnica necesarias para transformarse en el eje de la movilidad limpia en el continente. Ello requiere promover la instalación de plantas de ensamblaje en régimen de zona franca, atraer a los grandes fabricantes para constituir en el territorio un centro de distribución regional de vehículos y repuestos, y liderar la normativa ambiental y de infraestructura de carga en la región.
Por otra parte, en mérito a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la ONU instó a los países desarrollados a dejar de fabricar coches de combustión a partir de 2035 y a países en desarrollo en 2040. Lograr esto a corto plazo dejaría a Uruguay como primero en la lista con los beneficios que ello conlleva (Atracción de inversión extranjera, reducción de costos futuros, crecimiento e inclusión laboral, acceso a fondos de financiamiento internacional, acceso a capital y menor costo de financiamiento, eficiencia operativa y ahorro de costos, ventajas competitivas, entre otras).
Retirar las promociones fiscales en este momento equivale a frenar la inercia de un cambio estructural positivo. Mantener los incentivos tributarios por un período más prolongado no constituye un gasto ineficiente, sino una inversión con retorno directo en la balanza comercial, la calidad ambiental y la soberanía energética. Esos incentivos, acompañados de una estrategia nacional de captación de inversiones en el rubro, la expansión de la industria, la generación de empleos y el liderazgo regional, nos significarán muchos más ingresos que cobrar un poco más de impuestos y patentes.
