Ricardo Acosta
Pedro Sánchez lleva años presentándose como uno de los grandes referentes de la izquierda europea. Habla de justicia social, de defender a los más débiles y de luchar contra la corrupción. Pero hoy, con elecciones anticipadas a la vista, el presidente español tiene demasiados problemas como para seguir mirando hacia otro lado.
Y no son solamente los problemas de su Gobierno. También están las investigaciones que afectan a su esposa, a su hermano, a antiguos colaboradores y a dirigentes de su propio partido. Cada caso tiene su historia y deberá resolverse donde corresponde, en la Justicia. Pero una cosa es respetar la presunción de inocencia y otra muy distinta es pretender que todo esto no tiene consecuencias políticas.
Sánchez llegó al poder prometiendo regenerar la política española. Ahora es él quien tiene que dar explicaciones. Y no alcanza con decir que todo es una campaña de sus adversarios. Puede haber intereses políticos detrás de algunas denuncias, como ocurre en muchos países, pero eso no borra los hechos que se investigan ni las responsabilidades que puedan existir.
El caso de José Luis Ábalos, su antiguo ministro y hombre de confianza, es especialmente grave. Los procedimientos judiciales relacionados con él y con Koldo García pusieron bajo la lupa contratos públicos y presuntas comisiones ilegales. Estamos hablando de compras realizadas durante la pandemia, cuando miles de personas sufrían las consecuencias de una crisis sanitaria y el Estado gastaba enormes cantidades de dinero. Que una trama de este tipo alcance a personas que ocuparon puestos tan importantes en el Gobierno debería ser motivo de explicaciones mucho más profundas que un simple deslinde de responsabilidades.
Después está Begoña Gómez, la esposa del presidente, que ha afrontado actuaciones judiciales por presuntas irregularidades relacionadas con su actividad profesional. También está el caso de David Sánchez, hermano del mandatario, por su contratación en la administración pública. Son situaciones diferentes y deben describirse con precisión, sin condenar a nadie antes de tiempo. Pero tampoco hay motivos para fingir que estos asuntos no afectan a la imagen del Gobierno.
Sánchez no está condenado por estos casos. Eso debe quedar claro. Pero el problema político va mucho más allá de su responsabilidad penal personal. Un presidente debe responder por su gestión, por las personas que coloca en puestos de confianza y por lo que sucede dentro de su partido. Si cada vez que aparece un escándalo la respuesta es que el presidente no tiene nada que ver, entonces cabe preguntarse para qué sirve la responsabilidad política.
Y mientras todo esto ocurre, España tiene problemas que no se resuelven con discursos.
La vivienda es uno de los más graves. Para muchos jóvenes, independizarse se ha convertido en una misión casi imposible. Los alquileres se llevan una parte enorme de los ingresos y comprar una casa parece cada vez más lejano para muchas familias. El Gobierno anuncia medidas, propone regulaciones y promete soluciones, pero el problema sigue ahí. Y cuando la oposición cuestiona los resultados, no alcanza con acusarla de defender a los poderosos. La gente necesita una vivienda, no una pelea permanente entre partidos.
Sánchez convocó elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre, en medio de las dificultades políticas de su Gobierno. La decisión abre una nueva etapa de enfrentamiento y campaña electoral en España. Pero los españoles también tienen derecho a preguntarse cómo se ha llegado hasta aquí, qué hizo el Gobierno con el poder que recibió y por qué tantos asuntos relacionados con su entorno terminan bajo la lupa judicial.
Hay algo que me llama la atención de todo esto. Sánchez habla como si estuviera llamado a defender una causa histórica, como si las críticas contra él fueran necesariamente ataques contra el progreso. Pero ningún dirigente está por encima de las preguntas. Ni siquiera aquellos que dicen representar las mejores causas.
España tuvo otra historia socialista. Felipe González gobernó durante una etapa fundamental de la transformación del país, después de la dictadura franquista. Su gestión también tuvo sombras y escándalos graves, como los casos Filesa y Roldán. No se trata de idealizar aquellos años ni de decir que antes todo era mejor. Se trata de recordar que el socialismo español no empezó con Sánchez y que la historia de un partido no puede servir de excusa para lo que hacen sus dirigentes actuales.
El problema de Sánchez es que convirtió la lucha contra la corrupción en una de sus banderas políticas. Y ahora debe afrontar una crisis que golpea a su propio partido y a su entorno. Cuando uno exige explicaciones a los demás, tiene que estar dispuesto a darlas cuando le toca. De lo contrario, el discurso termina siendo solamente eso: un discurso.
Y acá es donde el asunto también nos toca de cerca.
El Frente Amplio y buena parte de la izquierda uruguaya han mantenido vínculos políticos con dirigentes que hoy representan algunos de los peores ejemplos de deterioro democrático en América Latina. Durante años hubo cercanía con Hugo Chávez y Nicolás Maduro, mientras Venezuela avanzaba hacia una crisis institucional y humanitaria enorme. También hubo afinidad con Daniel Ortega en Nicaragua, donde el Gobierno terminó persiguiendo a sus adversarios y cerrando espacios democráticos. Y existieron relaciones políticas estrechas con los Kirchner en Argentina y con Lula en Brasil, aunque cada uno de esos casos tiene una historia judicial y política diferente.
Y tampoco podemos dejar afuera a Cuba. Décadas de un régimen de partido único, restricciones a las libertades políticas, presos por motivos políticos y una población que sufre las consecuencias de una crisis económica profunda. Sin embargo, para una parte de la izquierda latinoamericana, Cuba sigue siendo una referencia y una revolución que merece ser defendida, incluso cuando las libertades que se reclaman para otros países no existen de la misma manera dentro de la isla.
El Frente Amplio tiene una historia de cercanía política con Cuba y distintas sensibilidades dentro de su propia coalición. Eso no significa que todos sus integrantes piensen igual, pero sí obliga a preguntarse por qué cuesta tanto condenar sin vueltas los atropellos a las libertades cuando los comete un gobierno ideológicamente cercano. La democracia no puede ser una exigencia para los adversarios y un asunto secundario para los amigos.
No se trata de decir que todos son iguales ni de afirmar que todos cometieron los mismos delitos. Se trata de algo mucho más sencillo: ¿por qué tantas veces la afinidad ideológica parece pesar más que la defensa de la democracia y la transparencia?
Maduro no se convirtió en un gobernante autoritario de un día para otro. Las señales estaban ahí. Lo mismo puede decirse del deterioro democrático en Nicaragua y de las restricciones a las libertades en Cuba. Sin embargo, durante demasiado tiempo hubo sectores de la izquierda regional que encontraron explicaciones, minimizaron las críticas o prefirieron mirar hacia otro lado. Cuando se trata de gobiernos amigos, la vara parece cambiar.
En Uruguay también tenemos asuntos que no deberían quedar guardados en un cajón. El caso Pluna, las decisiones que llevaron a su cierre y las responsabilidades políticas del gobierno de José Mujica siguen formando parte de una discusión necesaria. Lo mismo ocurre con la gestión de ANCAP y las pérdidas que terminaron generando un fuerte debate político. No todo cuestionamiento significa que haya existido un delito, pero tampoco todo puede darse por cerrado porque el gobierno de turno pertenezca al Frente Amplio.
Por eso me parece importante observar la relación entre Pedro Sánchez y Yamandú Orsi. Ambos comparten una afinidad política que se ha expresado públicamente, con reuniones y participación en iniciativas internacionales del progresismo. Esa relación es legítima entre gobiernos, pero también merece preguntas. ¿Qué visión de la política comparten? ¿Qué importancia les dan a la transparencia y a la responsabilidad de sus propios dirigentes? ¿Se exige lo mismo a un aliado que a un adversario?
Orsi no es Sánchez, y el Frente Amplio no es el PSOE. Pero cuando se reivindican espacios políticos comunes y se presenta a determinados dirigentes como referentes, también hay que estar dispuestos a discutir lo que esos referentes hacen y los problemas que enfrentan.
España es mucho más que Pedro Sánchez. Es un país con una historia enorme, con instituciones democráticas y con millones de ciudadanos que no tienen por qué cargar con los errores de sus gobernantes. Tengo, además, un vínculo familiar con esa tierra, y cuesta ver cómo la política puede terminar convertida en una pelea permanente mientras los problemas cotidianos siguen esperando respuestas.
Los españoles tendrán la oportunidad de pronunciarse en las urnas el próximo 29 de noviembre. No estarán juzgando penalmente a Sánchez, porque esa tarea corresponde a la Justicia. Estarán decidiendo si confían en su gestión, en sus explicaciones y en el rumbo que propone para el país.
Lo que está en discusión no es solamente el futuro de un presidente. Es algo que vale para España, para Uruguay y para cualquier democracia: ningún partido puede reclamar para sí el monopolio de la honestidad. Ninguna ideología convierte a sus dirigentes en personas intocables. Y ningún gobierno debería creer que alcanza con señalar los errores de sus adversarios para evitar que los ciudadanos miren los propios.
Pedro Sánchez tendrá que responder por su gestión y por la crisis política que atraviesa su entorno. El Frente Amplio, por su parte, tendrá que explicar qué criterios utiliza cuando elige a sus aliados y qué tan dispuesto está a exigirles lo mismo que exige a los demás.
Porque la honestidad no debería depender del partido al que uno pertenece. Y cuando la política se olvida de eso, los que terminan pagando la cuenta son siempre los ciudadanos.
