La guerra contra las drogas está perdida
Eduardo Irigoyen García
Hace unos días el Dr. Daniel Radío, ex secretario general de la Junta Nacional de Drogas dijo que si realmente creemos que el problema de las drogas es un problema de salud, ¿por qué seguimos destinando aproximadamente el 80% de los recursos a la represión y apenas un 20% a la prevención, el tratamiento y la rehabilitación?
LA RESPUESTA ES INCÓMODA Porque desde hace más de medio siglo seguimos librando una guerra equivocada.
Una guerra que no ganó nadie
Durante décadas se prometió que la llamada «guerra contra las drogas» reduciría el consumo, debilitaría a las organizaciones criminales y haría nuestras sociedades más seguras.
Nada de eso ocurrió.
Las drogas siguen disponibles prácticamente en cualquier ciudad del mundo. Los carteles continúan acumulando fortunas multimillonarias. América Latina registra algunos de los índices de homicidios más altos del planeta precisamente en las regiones donde el narcotráfico disputa territorios.
Después de cincuenta años de guerra, cuesta sostener que la estrategia haya sido un éxito.
Y esto ya no es solamente una opinión.
La Comisión Global sobre Políticas de Drogas, integrada por expresidentes como Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo, sostiene desde hace años que el paradigma prohibicionista fracasó. Organismos como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) e incluso publicaciones científicas como The Lancet coinciden en que el consumo problemático debe abordarse prioritariamente como un asunto de salud pública y no exclusivamente mediante el sistema penal.
No significa abandonar la lucha contra el narcotráfico.
Significa dejar de repetir una receta cuyos resultados conocemos de memoria.
EL GRAN NEGOCIO DEL NARCOTRÁFICO Radío resume el problema con una frase tan sencilla como contundente:
la prohibición es el principal activo económico del narcotráfico.
Cuando un producto mantiene una enorme demanda y su producción y comercialización son ilegales, los riesgos aumentan y, con ellos, las ganancias.
Es exactamente lo que ocurrió durante la Ley Seca en Estados Unidos.
La ilegalidad no eliminó el alcohol: creó a Al Capone.
Hoy sucede algo parecido. Mientras millones de personas continúan buscando determinadas sustancias, la prohibición garantiza un mercado extraordinariamente rentable para las organizaciones criminales.
El negocio no existe a pesar de la prohibición.
Existe, en buena medida, gracias a ella.
EL ERROR DE CONFUNDIR CONSUMO CON DELINCUENCIA Hay además un problema cultural profundamente arraigado.
Seguimos hablando del consumidor como si fuera necesariamente un delincuente.
La realidad es mucho más compleja.
Millones de personas consumen cannabis, cocaína, éxtasis u otras sustancias y jamás agreden a nadie.
Del mismo modo que millones de personas consumen alcohol sin transformarse en homicidas o violentos.
El consumo, por sí solo, no explica la violencia.
Las investigaciones en psiquiatría, psicología, neurociencias y salud pública muestran que el consumo problemático suele estar asociado a múltiples factores: trauma infantil, enfermedades mentales, exclusión social, abandono escolar, pobreza extrema, violencia familiar, desesperanza, trastornos afectivos o falta de proyectos de vida.
Reducir todo ese universo a la consigna de «meterlos presos» no solo simplifica el problema.
Impide comprenderlo.
MORALINA DISFRAZADA DE POLÍTICA PÚBLICA Quizás el mayor obstáculo sea otro: seguimos abordando las drogas desde una lógica moral.
Como si el consumidor fuera, antes que una persona, un pecador, como si bastara condenarlo para resolver el problema.
Ese enfoque pertenece más al terreno de la moral casi religiosa que al de la salud pública.
No intenta comprender por qué alguien consume.
No distingue entre uso ocasional, consumo riesgoso, abuso y dependencia.
No diferencia al adolescente que experimenta una vez del paciente psiquiátrico que intenta anestesiar un sufrimiento insoportable.
Simplemente condena.
Pero las políticas públicas no pueden construirse sobre la condena moral.
Deben construirse sobre evidencia.
¿Dónde están las campañas de prevención?
Resulta curioso observar el debate político.
Muchos dirigentes reclaman penas más duras.
Más cárceles. Más allanamientos. Más policías.
Sin embargo, casi nunca se los escucha exigir con la misma fuerza campañas nacionales de prevención basadas en evidencia científica.
¿Por qué sabemos tan poco sobre reducción de riesgos?
¿Por qué la educación sobre drogas sigue siendo tan pobre en liceos, UTU, clubes deportivos y barrios vulnerables?
¿Por qué seguimos creyendo que mostrar fotografías impactantes o repetir «la droga mata» alcanza para modificar conductas?
La investigación internacional lleva décadas mostrando que las campañas basadas exclusivamente en el miedo tienen una eficacia muy limitada e incluso pueden producir el efecto contrario.
Los programas que mejores resultados obtienen fortalecen habilidades socioemocionales, mejoran la convivencia escolar, apoyan a las familias, detectan precozmente los problemas de salud mental y trabajan dentro de la comunidad.
Eso exige mucho más esfuerzo que repetir consignas de mano dura.
LA CÁRCEL NO CURA Otro dato suele quedar fuera de la discusión.
La dependencia a sustancias es considerada por la medicina una enfermedad crónica y recurrente.
Como ocurre con la diabetes o la hipertensión, necesita seguimiento durante años.
No alcanza con internar veinte días.
Mucho menos con encarcelar.
La enorme mayoría de los consumidores problemáticos que pasan por prisión vuelve a consumir cuando recupera la libertad si nunca recibió tratamiento integral.
La cárcel puede inmovilizar temporalmente.
No cura una adicción.
URUGUAY MOSTRÓ OTRO CAMINO La regulación del cannabis no resolvió todos los problemas. Nadie serio sostiene semejante cosa.
Fue una salida con grandes imperfecciones, pero permitió demostrar que existe otra manera de intervenir.
Una parte importante del mercado dejó de depender del narcotráfico ya que los consumidores acceden a un producto controlado sanitariamente.
El Estado obtiene información, regula la calidad y limita el acceso.
No es una política perfecta, sino una política basada en la búsqueda de la reducción de daños.
Y eso representa un cambio de paradigma.
Represión sí. Dogmatismo no.
Todo esto no significa eliminar la represión.
Hay que perseguir con firmeza a quienes producen, trafican, lavan dinero, corrompen instituciones y utilizan menores para delinquir.
Pero creer que la represión, por sí sola, resolverá el problema equivale a negar medio siglo de evidencia internacional.
La verdadera discusión no es entre «duros» y «blandos».
Es entre políticas basadas en consignas y políticas basadas en evidencia.
Como señalan destacados políticos sensatos y desprovistos de todo dogmatismo, regular ciertos mercados y quitarles el negocio a las organizaciones criminales no implica rendirse.
Implica dejar de fortalecerlas involuntariamente.
Quizás haya llegado el momento de abandonar las guerras simbólicas.
Porque mientras seguimos librando una batalla que nunca ganamos, los narcos continúan haciendo exactamente lo que esperan de nosotros: mantener intacto el negocio que la prohibición ayudó a construir.
