Pablo Caffarelli
Hay debates que Uruguay suele iniciar cuando el problema ya dejó de ser una advertencia para convertirse en una realidad difícil de revertir. La seguridad puede ser uno de ellos. Mientras la experiencia de Nayib Bukele en El Salvador vuelve a instalarse en la discusión regional, la pregunta que deberíamos hacernos no es si Uruguay puede copiar ese modelo, sino cuánto estamos dispuestos a hacer para evitar que el crimen organizado gane el terreno que todavía estamos a tiempo de defender.
Los números salvadoreños son contundentes. Según cifras oficiales, el país cerró 2024 con una tasa de 1,9 homicidios cada 100.000 habitantes y 2025 con 1,3. Una transformación extraordinaria si se considera que en 2015 la tasa superaba los 100 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero el resultado tiene una contracara que no debemos dejar de analizar: las detenciones masivas, las denuncias de abusos y los cuestionamientos a las garantías judiciales. Reconocer la caída de la violencia no obliga a aceptar sin reparos todos los métodos utilizados para conseguirla.
En Uruguay, la discusión comienza a tomar forma entre quienes descartan de plano una estrategia semejante por razones ideológicas y quienes ven en ella una referencia para endurecer la respuesta estatal. Incluso, informaciones parciales sobre una eventual liberación de detenidos en El Salvador provocaron reacciones políticas antes de que se conocieran sus precisiones y alcances. El episodio debería servirnos para algo más que alimentar la confrontación, la seguridad exige información completa, rigor y menos reflejos partidarios.
Conviene, además, mirar nuestros propios datos. El Ministerio del Interior registró 369 homicidios en 2025, frente a 382 en 2024, una reducción del 3,4%. También descendieron las denuncias por rapiñas. No sería serio presentar estas cifras como prueba de un crecimiento generalizado de todos los delitos. Sin embargo, tampoco permiten desentendernos de un problema que hoy ya es estructural. La violencia letal se mantiene en niveles preocupantes y el avance del narcotráfico plantea desafíos que exceden la respuesta policial cotidiana.
¿Debemos esperar a que las organizaciones criminales consoliden un poder capaz de condicionar barrios, comunidades e instituciones para recién entonces discutir medidas excepcionales? ¿O es posible anticiparse, fortaleciendo la investigación, el control de fronteras y de los puertos y aeropuertos, y aplicando sanciones más severas a quienes integran estructuras criminales de alta peligrosidad, siempre dentro de la ley?
Una política firme requiere, además, cárceles diseñadas para impedir que los líderes del delito sigan dirigiendo sus negocios desde el encierro. Eso supone inversión, clasificación adecuada de los reclusos, personal capacitado y programas de educación y trabajo remunerado. El objetivo debería ser doble: reducir la capacidad operativa de las organizaciones y ofrecer herramientas reales de reinserción, con reglas claras y sin convertir las prisiones en escuelas del delito. El trabajo puede contribuir al sostenimiento personal y familiar, con mecanismos transparentes y respetuosos de los derechos laborales y personales.
Nada de esto es sencillo ni barato. Tampoco lo es reconstruir la seguridad cuando el Estado ha perdido terreno. La firmeza no debe confundirse con arbitrariedad, del mismo modo que el respeto a los derechos no puede utilizarse como excusa para la inacción.
Uruguay no necesita convertirse en El Salvador. Necesita estudiar sus resultados, comprender sus costos y construir una respuesta propia, eficaz y sostenible. Porque un país serio no espera a que una crisis alcance dimensiones irreversibles para comenzar a planificar. La vieja aspiración de ser una nación avanzada no se sostiene únicamente con instituciones respetables: exige la capacidad de anticipar los problemas, tomar decisiones difíciles y ejecutarlas.
La pregunta, en definitiva, es cuánto nos costará seguir postergando las decisiones que el futuro podría volver impostergables.
