15.000 presos en Uruguay
Cárceles, microtráfico y vulnerabilidad
PRECIDIOS Y PRECIDARIOS
César García Acosta
Ante la Comisión Especial del Seguimiento de la Situación Carcelaria, el 3 de agosto, se presentó el Comisionado Parlamentario para las Cárceles. La idea de Juan Miguel Petit es promover cambios normativos para reducir la pena del microtráfico de droga, concientizando a los legisladores de la importancia de entender la vulnerabilidad social de las mujeres que entran drogas a las cárceles. Esto se suma a la unificación de varios proyectos para regular el delito en grado de tentativa, cuando no llega a consumarse, para reducir la pena mínima de 4 años inexcarcelables, pudiendo, incluso sustituirse la cárcel por otras medidas alternativas. Estas aspiraciones de Petit ya se están coordinando con el ministerio de Desarrollo Social para revisar el momento inmediato a la liberación de una persona. Con el rumbo puesto en la libertad, el sistema busca rever sus costos y carencias operativas, generando sanciones que contemplen otras realidades que no sean sólo la cárcel. Actualmente el cambio propuesto por Petit, si bien parte de asumir como un hecho la misma premisa del gobierno de enfocarse a la persecución penal del microtráfico de drogas, igualmente no resigna entrar en las causas de la caída del artículo 36 del Decreto-Ley 14.924 (ley de estupefacientes) que planteaba penas de 4 a 15 años de prisión cuando el delito se comete en las cárceles. Con esta línea filosófica, Petit quiere incidir al menos en el debate político de presidios y presidiarios, analizando cuidadosamente también el otorgamiento de la prisión domiciliaria, la que “es un hecho que tiene que ser estudiado caso a caso por el juez”. En primer lugar, la persona privada de libertad debe “postularse” a la prisión domiciliaria; luego, “el fiscal lo tiene que sopesar”; y finalmente “el juez, como tercero neutral, decidirá”, explicó. “No puede ser un mecanismo de oficio”, sentenció.
Juan Miguel Petit es abogado, fue relator del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, director del INAME (Instituto de Menor de fines por los años 90), y periodista. Quien lo conoce sabe de “su batllismo desde adentro y desde afuera del Partido Colorado”, así como de su “humanismo clásico”. Actualmente en su cargo de comisionado -votado por todos los partidos políticos en el Parlamento- es uno de los pocos vínculos, sino el único, que tienen los presos con el sistema formal de convivencia pacífica de la sociedad uruguaya. Su tarea no es sencilla; no se trata de denunciar, sino de exponer, explicar y hacerse entender; debe conquistar los espacios socialmente aceptados entre la realidad y el nicho más crítico del sistema social de cualquier país.
La siguiente es parte de su intervención parlamentaria:
SEÑOR JUAN MIGUEL PETIT.- Estamos en pleno desarrollo de la rendición de cuentas y hay muchas discusiones sobre proyectos en proceso, por lo que voy a tratar de ser bien concreto y, en todo caso, quedo abierto a contestar las preguntas de ustedes sobre situaciones puntuales.
Con respecto a la rendición de cuentas, nosotros tenemos un estudio presupuestal, que estamos actualizando con las presentaciones que tengo acá, sobre todo del Ministerio del Interior, de ASSE y del Ministerio de Desarrollo Social, que fue ayer y la estuve mirando.
Es difícil valorar el presupuesto del Instituto Nacional de Rehabilitación porque, como es un organismo que depende directamente del Ministerio del Interior, hay una cantidad de partidas que figuran en el ministerio y luego le son trasladadas; entonces, no figuran como rubros propios. Esto es algo que ya ha pasado en otros años.
De todas maneras, en términos generales y reiterando un poco lo de los años pasados, sigo creyendo que –y aun pudiendo haberse mejorado los mecanismos de compra o de producción de algunos insumos–, dado el aumento de la población es necesario una mayor dotación presupuestal para el sistema penitenciario, que sigue sin crecer. Esto, por otro lado, tiene como contracara algo que creo que es positivo. Considero que existen muchas señales de movimiento en distintas áreas que son alentadoras, pero en la medida en que seguimos teniendo un crecimiento de la población muy importante, muchas veces esas buenas acciones terminan siendo contrarrestadas por la falta de recursos para la infraestructura, ni que hablar, pero sobre todo para los gastos de funcionamiento. Hay que resaltar la importancia de tener un organismo que pueda ser autónomo y tener una rectoría con mayor potencia. Ese aspecto institucional seguramente no es materia de esta rendición de cuentas y ya no lo va a ser de esta legislatura, pero creo que es un tema que hay que pensar en el mediano plazo.
Ya paso el aviso a los señores legisladores integrantes de esta comisión, para poder hablar de esto con tiempo, que en el entorno de este 10 de diciembre –como hacemos todos los años desde el 2015– vamos a hacer un espacio de innovación penitenciaria donde se busca la participación de todos los actores sociales, académicos y políticos para pensar en las políticas a partir de la próxima legislatura. Así lo hicimos en la anterior transición, con dos eventos. Uno de ellos se hizo en plena campaña electoral y otro, después de la campaña electoral, tratando, justamente, de generar sinergias, sintonías, acuerdos. Tengo la percepción –por lo que veo en comisiones y hablando con los integrantes de las distintas bancadas y con diferentes actores públicos y políticos que nos han convocado a participar de mesas redondas o de diálogos más acotados– de que este tema va a estar nuevamente presente –y es buena cosa que así sea– en las discusiones políticas que se avecinan con la campaña electoral. Ojalá que se apunte a reformas de fondo.
Creo que el presupuesto penitenciario tiene que subir; lo dijimos en la rendición de cuentas pasada. Le voy a hacer llegar después a la secretaría de la comisión los datos de aumento de personas privadas de libertad, que es una constante desde 1985 a la fecha. Creo que es un dato a tener en cuenta. Esa tendencia a largo plazo nos muestra que estamos teniendo una enorme dificultad para resolver problemas de carencias sociales y de inserción de personas vulnerables que cometen faltas, transgresiones o delitos por otra vía que no sea la de la prisión. Tenemos un 15 % de penas menores a seis meses. Son delitos leves, que además en la cárcel no van a tener tratamiento alguno, porque es una regla no escrita, casi un código carcelario, que una persona con pocos meses de cárcel no va a obtener un cupo laboral, ni en capacitación, ni educativo, porque los propios internos se los van a dejar para las personas que tienen penas más largas, con lo cual esa prisión carece de sentido. Por eso creo que la discusión sobre el sistema es muy importante.
Dentro del capítulo de buenas noticias, comento que anteayer estuve en la nueva dirección de seguimiento de libertad asistida. Creo que es muy interesante lo que se está empezando a hacer. Es un camino que comienza. Hay un nuevo local y una nueva voluntad de la dirección de esa oficina –que está a cargo de un técnico– de dar asistencia social y programática a aquellas personas que tienen una medida alternativa. Está claro que fortalecer las medidas alternativas es una manera de evitar la prisión, pero, claro, es un ritmo que va lento. Hay muy buenas ideas y se han tomado decisiones que considero muy interesantes y esperadas, pero creo que hay que tratar de seguir fortaleciendo y consolidando este camino. Los cambios todavía son frágiles, porque la institucionalidad que tenemos de un sistema penitenciario que depende del Ministerio del Interior, que es el ministerio de seguridad pública, lo oculta como prioridad nacional. Entonces, es muy difícil ejercer allí una rectoría fuerte.
En materia de novedades, creo que ustedes, a través de la prensa, han accedido a una presentación del Ministerio del Interior sobre la parte de detalles y operativa, que les corresponde más a ellos que a mí.
Sigue avanzando el proceso de una nueva cárcel de mujeres. Considero que fue positiva la decisión de no trasladar la Unidad 9 –la unidad de mujeres con hijos– en el barrio Colón– a la nueva cárcel, para que no quedara en medio de un gran complejo penitenciario, porque en ese caso estarían juntas la Unidad 6, la Unidad 1 y la nueva cárcel de mujeres.
Creo que quizás en poco menos de dos años va a quedar pronto un edificio con enormes potencialidades para el trabajo en estos temas. Ustedes conocen el edificio de la Unidad 5. Es un lugar absolutamente ideal para programas con medidas alternativas, tratamiento de adicciones y capacitación de funcionarios. Ojalá que el Ministerio del Interior o al que le corresponda le dé un uso vinculado a esta problemática, porque realmente se necesita un lugar de referencia para medidas alternativas, el trabajo con las personas liberadas, el trabajo con adicciones y la capacitación de los funcionarios que van a trabajar en esto. Va a ser una especie de gran Hospital de Clínicas vinculado a la privación de libertad y la prevención de todo tipo de transgresiones y exclusiones. Creo que ese es un punto para pensar y estar atentos a eso.
Después estamos haciendo otro planteo sobre un tema que hemos hablado muchas veces. Me refiero al problema suscitado por la excesiva penalidad del delito del ingreso de droga a la cárcel. Hay cuatro proyectos presentados en este momento: uno enviado por el Ejecutivo; uno presentado por la senadora Carmen Sanguinetti; uno de los diputados Zubía y Colman, y uno de un conjunto de senadores del Frente Amplio, entre ellos Charles Carrera, Caggiani y Sabini, que creo fue el vocero de la presentación.
¿Qué hicimos nosotros? En primer lugar, sentimos la urgencia de que ese tema se resuelva. Vemos que hay una coincidencia en las distintas bancadas en el sentido de que en ese punto hay algo que debe ser resuelto. Obviamente, es un tema que puede admitir valoraciones políticas que no están en nuestro mandato y sí en la esfera de la natural actividad y competencia de los distintos sectores políticos, pero hay una coincidencia en la preocupación de que allí existe una excesiva penalidad. Un mínimo de cuatro años es excesivo. Prácticamente es la misma pena real que puede tener, por ejemplo, una rapiña resuelta por un juicio abreviado, que va a tener uno en torno de cinco años. Inclusive, el homicidio simple arranca con un mínimo menor, de dos años. O sea que realmente es una cosa que merece ser atenuada.
Hemos hablado mucho con operadores de justicia. Hemos tenido reuniones con fiscales, con defensores, con jueces de ejecución y también con jueces de conocimiento, y en ellos existe también preocupación por resolver eso. Se ha ido muchas veces por la vía de interpretarlo como un acto preparatorio, que es con muy buena voluntad, pero con un asidero jurídico frágil, porque en el proceso delictivo, en el iter criminis, está el acto preparatorio, la tentativa y la consumación. Normalmente, el acto preparatorio no es penado, salvo en los casos muy específicos de atentado contra jefes de Estado, visitando un jefe de Estado extranjero y algún otro caso más. O sea, cuando la persona compra determinado material para provocar un daño, allí se pena, pero normalmente el acto preparatorio está fuera de la punición. Sí está penada la tentativa, cuando ya empieza el proceso que busca consumar el delito.
En el caso de drogas tenemos que la tentativa y el acto consumado tienen la misma pena. Esto ha sido parte de la política de drogas desde 1974, y es todo un tema que tiene que ver con la política criminal de drogas, pero ese es un debate mucho más grande. En definitiva, nosotros lo que hicimos fue tratar de tomar esa preocupación.
También hay preocupación por la particular vulnerabilidad de las personas que cometen algunos de esos delitos. Eso está presente en varios de los proyectos de ley. Me refiero a atender con penas particulares o medidas especiales a aquellas personas que claramente llegan al delito en un contexto de enorme vulnerabilidad. Creemos que hay mecanismos que se pueden aplicar para evitar que sea más grave el remedio que la enfermedad.
Sobre esa base –sin creernos que tenemos la solución mágica sino, simplemente, asumiendo que tenemos un rol de asesoría en el sistema para el Poder Legislativo en estos temas– y entendiendo que los cuatro proyectos tienen cosas sumamente coincidentes, interesantes y compartibles –hay algunos que tienen ciertos temas que van más allá de esto y que refieren al juicio abreviado o al tema general de la despenalización del consumo de drogas en la cárcel y otros aspectos del proceso–, tratamos de buscar una fórmula para concentrarnos en resolver que este delito no tenga esta pena y favorecer que la vulnerabilidad social sea tenida en cuenta a la hora de dictar sentencia.
Entonces, hemos elaborado un pequeño documento –que después voy a mandar a ustedes– con una propuesta para modificar el artículo 36 del Decreto Ley n.º 14294, que refleja parte de las propuestas que están hechas, y el artículo 304 del Código del Proceso Penal, a los efectos de lograr clarificar que la persona que ya está en proceso de condena pueda, también, acceder a las circunstancias que están definidas en el artículo 228. Hoy en día, en principio, ese artículo 228, en términos estrictos de lo que dice la letra, se aplicaría a la prisión preventiva, o sea a la persona que es formalizada y, en vez de ser enviada a la cárcel y atento a una serie de circunstancias, se le puede aplazar la prisión preventiva. En el caso del artículo 304 también está previsto el aplazamiento de la cárcel de esa persona por esta misma circunstancia. Subrayo la palabra «aplazamiento», o sea, la persona aplaza el ingreso a la cárcel, pero queda con eso pendiente y terminada su estadía en prisión domiciliaria, en una clínica o donde fuera, debería ir a la cárcel, lo cual no resuelve en absoluto el tema. Entonces, aquí lo que se plantea es, justamente, permitir que esas personas puedan sustituir la pena por las medidas que están previstas en el artículo 228.
