¿Sano juicio?
César GARCÍA ACOSTA
Para Julio Sanguinetti “los delitos de lesa humanidad nacen en 1989; es decir, que todos los delitos que se cometieron antes no son de lesa humanidad: son homicidios, lesiones, secuestros o como quiera llamárseles, pero no son delitos de lesa humanidad. En nuestra legislación esta tipificación existe recién después de 2006” (portda.com.uy). Para el abogado del Centro Militar Emilio Mikolic, “… esto es un hecho nuevo porque casi todos los procesamientos y condenas fueron realizados sobre la base de la declaración de testigos” (la diaria). Para el fiscal Especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, «una víctima declara como testigo, y si declara como testigo y miente, es pasible de falso testimonio”, agregando sobre los dichos de Lucía Topolansky que «es la opinión de una persona y nada más… No sé en qué se basó para decir eso; si tiene los elementos, que haga la denuncia», sentenció. Estos tres connotados ciudadanos y abogados, cada uno en su rol, no controvierten ni la desaparición forzada ni la tortura; es m{as, la conforman. La sombra de la duda queda echada como desde el principio de las cosas, allá por 1985, y tal como lo consigna la portada de Opinar de un mes de mayo de hace 39 años, que los desaparecidos siguen esperando por una Justicia que requiere del sinceramiento que no llegará bajo la sospecha de la amenaza de ser encarcelado aunque la condena recaiga sobre un hombre viejo que por su enfermedad de alzheimer se olvidó de mucho más que los sitios de la verdad. Si algo dejó en claro Topolansky es que este proyecto no alcanzó un sano juicio.
La crisis derivada de la violación de los derechos humanos durante la dictadura, ha tenido –y seguirá ese rumbo- más capítulos que traspasarán la barrera del “sano juicio”, para instalarse definitivamente en la locura de la persecución y del discurso sistemático que, desde siempre, ha implicado la consigna de “juicio y castigo para los culpables”.
El crimen, sea cual sea su magnitud, debe ser perseguido con las garantías del debido proceso, y en el marco de las legítimas defensas que implican a los involucrados, aunque, claro está, todo dentro de un sistema de garantías que por única excepción tendrán invariablemente al quebrantamiento del Estado de Derecho.
Si esto ocurre, como ciertamente aconteció en Uruguay desde antes de febrero de 1973, los hechos, coyunturas, acciones y hasta omisiones, no pueden sufrir idéntico juzgamiento como si hubiesen ocurrido en democracia.
Los hacedores del Gobierno de Facto fueron usurpadores del Estado, por lo que el Estado Republicano y Democrático como lo concebimos, por sí y ante sí no debería pagar las consecuencias de un desaguisado conceptual que nada tuvo que ver ni en esencia ni en forma, con la democracia que legítimamente consagra nuestra Constitución.
Partiendo de esta base es inviable legalmente el planteamiento tanto de la larga lengua de Lucía Topolansky, como la compasiva aceptación a sus dichos de José Mujica como fiel compañero de ruta.
Y resulta grave y cargado de un simbolismo contradictorio, que ahora se hable de que el Ejército Nacional no es una “patota”, o que sus acciones serán juzgadas por los hechos de un pasado de contradicciones con reglas que ni siquiera han sido escritas, como lo revela el propio fiscal Perciaballe.
Los presos de la cárcel de “Domingo Arena” es un hecho que se enfrentan unos contra otros; y aunque griten fuerte, o busquen interlocutores que lo hagan por ellos, ya pasados 51 años desde el comienzo de la sombra de la dictadura, ni ellos ni sus asesinados arreglarán este entuerto, si no aparecen los restos buscados, sean cuales hayan sido sus posiciones en los tiempos de la subversión, o de la lucha conspirativa en contra de los gobiernos democráticos de la época.
Con o sin el “cambio en paz” de 1985, el enfrentamiento conceptual y su juzgamiento flechado sigue en pie, y eso implica en definitiva asumir y entender hasta qué nivel de parcialidad puede suceder para lograr el objetivo de lesionar cualquier buena intención.
Fiscales que corren por cuenta propia; jueces que fallan con criterios adversos más allá de la independencia técnica de la que son poseedores, todos lejos de aclarar las cosas las oscurecen. Y todo se agrava ante un Frente Amplio abroquelado para enchastrar a quienes como parte de la historia, por haber sido protagonistas principalísimos del desparpajo institucional, son puestos en el paredón y acusados como la patota que jamás dejaron de ser.
