Salvar la Caja, perder la confianza
Guzmán A. Ifrán
La reciente aprobación de la Ley de asistencia financiera a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios constituye un ejercicio legislativo que, aunque necesario para evitar la insolvencia inmediata de la institución, expone las tensiones entre la urgencia y la sostenibilidad estructural de un sistema previsional en declive.
La normativa aprobada dispone un incremento progresivo en los aportes de los profesionales activos, elevando el porcentaje de contribución del actual 16,5-18,5% hasta un 22,5% en un período escalonado entre 2026 y 2028. Asimismo, por primera vez, introduce un aporte a cargo de los pasivos, aplicando una escala que exime las pasividades hasta aproximadamente $39.500, grava con un 2% las comprendidas entre ese monto y $65.700, y con un 5% los montos superiores. Estas medidas se complementan con un rescate estatal significativo de más de $200 millones mensuales, con transferencias extraordinarias en los primeros años de vigencia de la ley, que buscarán sostener temporalmente la liquidez de la Caja en tanto se desarrollan eventuales soluciones estructurales.
A primera vista, se trata de una respuesta pragmática que preserva temporalmente el flujo de pagos y evita un colapso de consecuencias mayores en lo inmediato. Sin embargo, la esencia del problema permanece intacta. La relación entre pasivos y activos se degrada con cada año, la base de cotizantes se erosiona por transformaciones demográficas y cambios en las trayectorias laborales de las nuevas generaciones, y la sostenibilidad se apoya cada vez más en ajustes paramétricos y en la transferencia de recursos públicos que tensionan el principio de autonomía financiera del sistema.
No puede soslayarse que el Estado, que cuenta con dos representantes del Poder Ejecutivo en el Directorio de la Caja, omitió durante años utilizar su posición para priorizar este tema en la agenda de los distintos gobiernos, evitando anticipar y atender con el profesionalismo y apremio que la situación requería, una crisis que finalmente explotó con consecuencias inevitables sobre los afiliados y la credibilidad institucional.
La modificación de las reglas de juego a mitad de camino, afectando derechos adquiridos y cambiando condiciones para activos y pasivos, deteriora la confianza de afiliados y beneficiarios, generando un ciclo de deslegitimación que amenaza con convertirse en estructural. La Caja, en lugar de fortalecer la credibilidad y previsibilidad que debería caracterizar a un sistema previsional, termina proyectando una imagen de vulnerabilidad y discrecionalidad institucional.
Para superar el ciclo de parches, resultaría indispensable una reingeniería integral que contemple la eliminación del sistema de ficto en favor de un esquema de aportes sobre ingresos reales, amplíe la base de cotizantes con profesionales de modalidades laborales emergentes, ajuste de forma gradual la edad de retiro con incentivos a la continuidad laboral voluntaria, y defina un plan de sostenibilidad financiera que combine transparencia, previsibilidad y solvencia técnica.
El fortalecimiento de la Caja no puede limitarse a su subsistencia contable: requiere restaurar la confianza y la legitimidad entre quienes constituyen el sistema con sus aportes y depositan en él la expectativa de una vejez con dignidad y estabilidad. Salvar la Caja no puede significar, indefinidamente, perder la confianza de quienes la sostienen.
