Negociaciones y responsabilidad fiscal en clave territorial
Guzmán A. Ifrán
En las últimas semanas, se ha intensificado un complejo proceso de negociación entre el Gobierno Nacional y los gobiernos departamentales. En dicho proceso, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) actúa como representante institucional del Gobierno Nacional, mientras que el Congreso de Intendentes es la institucionalidad encargada de representar al conjunto de los gobiernos departamentales. Este proceso no sólo es institucionalmente relevante, sino que pone en juego dimensiones estratégicas del modelo de desarrollo territorial del país y su financiación futura.
Por un lado, la OPP ha manifestado la necesidad de una reasignación inteligente de los recursos, en un contexto de restricciones fiscales crecientes. Este planteo es comprensible: administrar implica, entre otras cosas, priorizar y distribuir recursos limitados frente a necesidades infinitas. Sin embargo, cuando esa administración se realiza en clave nacional, debe tener la sensibilidad suficiente para reconocer que las políticas territoriales —y los recursos que las financian— no son un gasto, sino una inversión.
Los gobiernos departamentales, a través del Congreso de Intendentes, han puesto sobre la mesa una defensa férrea del mantenimiento (y en algunos casos aumento) de los fondos destinados a convenios y transferencias. La lógica detrás de esta postura no es sólo una cuestión de supervivencia institucional o de defensa de competencias. Es también una comprensión cabal del papel que juega la inversión pública descentralizada en la generación de riqueza, empleo, infraestructura local y cohesión territorial.
El resultado de este proceso de negociación tendrá impactos tangibles en el entramado del país real. La calidad de la red vial secundaria, el mantenimiento de espacios públicos, los servicios que los gobiernos locales prestan cotidianamente, e incluso el nivel de coordinación entre niveles de gobierno, dependen —en buena medida— del volumen y la estabilidad de los fondos que hoy están en discusión.
En definitiva, si bien es atendible que administrar implique distribuir recursos escasos frente a demandas múltiples, es también imprescindible que el Estado reconozca el enorme multiplicador de riqueza que tienen las inversiones departamentales. Son ellas las que, en el territorio, generan desarrollo económico, empleo, mejora de condiciones de vida y fortalecimiento del entramado social.
Por ello, sostener e incluso aumentar los fondos transferidos a los gobiernos departamentales no debe ser visto como una concesión, sino como una estrategia de desarrollo con sentido de país.
Los recursos que están ahora en discusión son aquellos estipulados en el artículo 214 de la Constitución de la República, cuya distribución se hace por alícuotas asignadas a los departamentos destinatarios de dichas transferencias, con base en criterios como la población, la superficie territorial, las necesidades básicas insatisfechas y el crecimiento económico. Estas negociaciones deberían estar formalmente culminadas antes del 31 de agosto, fecha límite que tiene el Poder Ejecutivo para elevar al Parlamento Nacional el proyecto de ley de presupuesto nacional para el quinquenio de esta administración, aunque el objetivo es encontrar un acuerdo en este sentido previo al 31 de julio, por lo que también, lógicamente, hago votos de que ello ocurra en pos de seguir manteniendo el histórico vínculo de entendimiento y cooperación institucional entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales.
En este contexto, considero indispensable que el debate comience a incorporar una dimensión hasta ahora omitida: no sólo deben discutirse la fuente, la cantidad y la distribución de los recursos, sino también su uso e impacto. Es imperioso avanzar hacia un modelo de gestión pública subnacional que incorpore indicadores de desempeño (KPIs) que valoren la eficiencia en el uso de los recursos, los resultados obtenidos y la calidad de la ejecución. Debe premiarse, en términos pecuniarios, a aquellas intendencias que demuestren racionalidad en la utilización de los fondos, planificación estratégica a mediano y largo plazo, impacto comprobable en el desarrollo económico y humano de los territorios, y evaluaciones post-ejecución que permitan valorar de forma objetiva la pertinencia, eficacia y capilaridad de las políticas implementadas. Estas dimensiones deben incorporarse a la discusión pública y política de forma urgente, ya que hablar únicamente de montos sin atender a su aplicación concreta es una omisión que debemos corregir si aspiramos a una administración pública verdaderamente moderna, eficiente y orientada al desarrollo.
