Presupuesto y seguridad

Cuando el tiempo se pierde y el crimen avanza

Tabaré Viera

El Senado estudia el Presupuesto Nacional en un contexto donde la inseguridad ya no es una preocupación más: es la gran amenaza al Estado democrático. Mientras el narcotráfico gana territorio, el crimen organizado se infiltra en los barrios y amenaza a las instituciones, el gobierno llega a esta instancia sin un rumbo claro, sin un plan de seguridad y sin la convicción política de que este debe ser el tema prioritario de la agenda nacional.

El Ministerio del Interior ha perdido el año. Convocó a un “ámbito de diálogo” para elaborar un plan de seguridad que, según sus propias palabras, estará operativo recién en 2026. Es decir, renunció a gobernar en materia de seguridad durante todo este período. No hay estrategia, no hay conducción, y el tiempo que se pierde lo gana el crimen.

En la comisión del Senado, la comparecencia del ministro del Interior, Dr. Carlos Negro y de la fiscal de Corte, Dra. Mónica Ferrero, dejó al descubierto una contradicción tan notoria como inquietante. El ministro se mostró displicente, confiado hasta la sobreactuación un poco soberbia, transmitiendo una seguridad que no se condice con la realidad del delito, las carencias de su cartera ni la violencia cotidiana que viven los uruguayos. En contraste, la fiscal Ferrero realizó un llamado dramático, casi entre lágrimas, pidiendo apoyo ante la precariedad extrema del Ministerio Público. Explicó con su equipo las carencias, por ejemplo que existen una decena de  fiscalías con un solo turno, que el 95 % del presupuesto es rubro 0, sueldos y que la institución sobrevive utilizando los fondos de vacantes que no puede por tanto llenar.

Recordó, además, que con la reforma del Código del Proceso Penal los fiscales asumieron las tareas de investigación y dirección del proceso que antes realizaban los jueces de instrucción, pero sin recibir los recursos materiales ni humanos que quedaron en el Poder Judicial. La Fiscalía, que debe enfrentarse al crimen más organizado de la historia del país, lo hace con estructuras agotadas y personal exhausto. Esa diferencia de tono entre el ministro y la fiscal es, en sí misma, un síntoma: el poder político niega lo que los operadores de justicia padecen cada día.

El reciente atentado contra la casa de la fiscal Ferrero fue una señal gravísima. No fue un episodio aislado, sino un mensaje mafioso dirigido al sistema judicial y, por extensión, a la República. Lo que se está poniendo en juego no es solo la seguridad pública, sino la autoridad del Estado y la independencia de sus instituciones.

El presupuesto en discusión refleja, lamentablemente, esa falta de rumbo. Las asignaciones al Ministerio del Interior son insuficientes y están desalineadas con la magnitud del problema. El propio ministro reconoce que no tiene los medios humanos ni tecnológicos para enfrentar a redes criminales que operan con recursos, inteligencia y logística de alcance internacional. Sin embargo, el presupuesto apenas contempla incrementos marginales y posterga inversiones clave.

Hemos planteado en la comisión la necesidad de incorporar al menos 2.000 nuevos efectivos policiales, para recuperar presencia en el territorio y reconstruir la autoridad del Estado en zonas donde hoy impera el miedo. Pero no se trata solo de cantidad: hace falta dotar a la Policía de tecnología moderna, inteligencia criminal, sistemas de análisis de datos y control territorial. Al delito del siglo XXI no se lo enfrenta con estructuras del siglo pasado.

La otra gran deuda es el sistema carcelario. Las cárceles uruguayas están en situación crítica: hacinamiento, violencia, consumo de drogas y mínima o nula rehabilitación. Son hoy el principal semillero del crimen organizado. Por eso hemos propuesto la creación de una Administración Descentralizada del Sistema Carcelario, con presupuesto y gestión propia, bajo control pero con autonomía técnica, para profesionalizar la rehabilitación y romper el círculo vicioso entre prisión y reincidencia.

El fenómeno que vivimos no es solo policial. Es político, social e institucional. Basta mirar la región: en Río de Janeiro o en Rosario, el narcotráfico ya no disputa el territorio, sino la política. Compra voluntades, infiltra la justicia, corrompe a la policía y amenaza a quienes se le enfrentan. Pensar que Uruguay está inmune es una peligrosa ingenuidad. Los signos están ahí: armas pesadas, ajustes de cuentas, lavado de dinero, corrupción local y ataques directos a funcionarios judiciales.

Por eso el presupuesto no puede ser una planilla neutra. Debe ser una declaración de prioridades. O el Estado se fortalece, o el crimen ocupará su lugar. No hay tercera opción.

No se trata solo de asignar más dinero, sino de usarlo con inteligencia, transparencia y visión estratégica. La seguridad no puede esperar al 2026. La República necesita hoy una conducción firme, una política criminal moderna y un Estado que no tema ejercer su autoridad.

El tiempo se acaba. Cada día que el gobierno demora en actuar, un territorio más se pierde, una familia más sufre, una institución más se erosiona. No hay excusas: el país demanda seguridad, justicia y orden. Y ese compromiso debe comenzar ahora, en este Presupuesto. Porque donde el Estado duda, el crimen avanza.