Editorial

La mentira repetida con verdades a medias

César García Acosta

Desde que asumió el gobierno el Frente Amplio, la UNASEV, en tres momentos distintos, promocionó o hizo propaganda, con un mismo anuncio: que algún momento habrá una licencia de conducir que se valorará por “puntos” para habilitar la conducción de vehículos en Uruguay. Sobre si los “puntos” del novel sistema alcanzarán para abatir los accidentes de tránsito, o no, la realidad dice que la mortalidad en el tráfico, en 2024, fue de 434 muertos. Es por eso que decimos que lejos de aclarar, la UNASEV, el gobierno, confunde con sus argumentaciones difusas de texto y contexto, de dato o relato. Sólo las obras viables y con la policía en la calle, se corregirán los excesos. Involucrar más a los fiscales por la ley de faltas, como pretende la UNASEV, sólo ensanchará una “grieta” en un país que ya tiene más de 15 presos en sus cárceles. Los fiscales usan las licencias de conducir con varios fines: para disponer tareas comunitarias, como trámite obligado para quien no la tiene, conduce y se accidenta, o para sancionar, suspendiéndola, al padre omiso que no cumple con el pago de una pensión alimenticia.

La información de la propia UNASEV evidencia que cada 50 accidentes de tránsito muere una persona, y que en 2024 hubo 27.300 accidentes unos 75 diarios, donde los motociclistas fallecidos registraron el 49%, habiendo acontecido un 39% entre las 20 y las 8 horas. Un dato relevante es que el alcohol, como factor desencadenante, en 18.222 espirometrías anuales, un 5,5% resultó positiva.

Definiendo temas puede concluirse que la siniestralidad pasa más por jóvenes que por adultos mayores, y los perjudicados damnificados son más hombres que por mujeres, y que los accidentes, geográficamente, suceden en ciudades o poblados un 52% y las rutas nacionales un 48%. De los accidentados fallecidos algo más de un 67% muere en el lugar d ellos hechos, y un 17,5% dentro de las 24 horas.

En este escenario Marcelo Metediera, presidente de la UNASEV, reflexionó que el Permiso por Puntos “es una herramienta que va a cambiar en términos culturales la forma de conducir porque la persona va a ser premiada o castigada en función de su conducta en el tránsito, algo que hoy no está pasando, porque el sistema no es de premios y castigos. Si bien hay una cuestión punitiva, no tiene otro estímulo más que ese y queda de alguna manera a la voluntad de las personas, su desempeño en el tránsito”. 

LEY DE FALTAS El Artículo 365 de la Ley 19.120 dispone una pena de 7 a 30 días de trabajo comunitario por participación en competencias vehiculares no autorizadas, conducción de vehículos motorizados sin la autorización correspondiente, como conducir ebrio, al doble de la velocidad permitida o sin casco protector.

“Lejos de nosotros está la intención de que la gente termine presa” subrayó Metediera, pero lo que sí se plantea desde la UNASEV es que exista una sanción para la persona que sea disruptiva, “porque cuando empiece a funcionar, es el cambio cultural en términos punitivos o de represión que podemos llegar a tener” aseguró, refiriéndose a la situación actual de la siniestralidad.

Agregó además que se incluyó la participación en picadas en la suspensión del permiso de conducir, porque “eso va a evitar quizás que estos temas lleguen con tanta cantidad a la justicia, porque lo van a poder instrumentar Caminera y las propias Intendencias, una herramienta que hasta hoy no se tenía”.

MARCO NORMATIVO Y ROL DE FISCALÍA A modo de advertencia propagandística la UNASEV advirtió que los “puntos” no son un tema de recaudación, aunque -contradictoriamente a sus afirmaciones- siempre serán u esquema asociado a una multa de tránsito. Para explicar l nuevo sistema la UNASEV hizo un conversatorio con los Fiscales a quienes reclama mayor participación a la hora de sancionar.

En este ámbito el Dr. Jorge Píriz, expuso sobre el marco normativo y competencias del Poder Judicial en materia de faltas, desarrollando el proceso que estableció la competencia para el Poder Judicial en los Juzgados de Paz Departamental, y en Montevideo, los Juzgados de Faltas desde el año 2003. En ese sentido, abundó en la dinámica que supone escenarios diferentes para la capital, donde se cuenta con una fuerte infraestructura y recursos humanos, mientras que “llevar a una persona al juzgado de la capital del departamento donde esté el Juzgado de Paz es muy complicado, por ahí quizás aplicar mayores recursos”, explicó brindando además algunas consideraciones de tipo procesal como la presentación de recursos o las apelaciones que dilatan los tiempos de resolución.

En un contexto en que el 90% de las faltas que llegan a los Juzgados de Falta o Paz Departamental tienen que ver con el tránsito (principalmente por la carencia del permiso de conducir, conducir con el permiso suspendido, y particularmente sobre las picadas), Píriz opinó que lo que se plantea a nivel técnico, es que “no es una falta que presente dificultades sino que presenta dificultades el tema de cómo reunir la prueba, cómo presentarlo a nivel del juzgado para que se pueda tener una sentencia condenatoria”.

La fiscal Tania Vidal, por su parte, aportó una mirada desde lo jurídico, para trasmitir cuál es el rol de la Fiscalía en la atribución de responsabilidades penales que se generan o que pueden eventualmente generarse a partir del fenómeno de la siniestralidad vial.

En ese marco, la Fiscal Letrada Departamental de 1er turno en Atlántida, desglosó los tres tipos distintos de responsabilidades que pueden surgir de un evento de tránsito: administrativo, civil o penal “que es la que nos convoca como fiscales, en la que vamos a intervenir”, señaló.

LO QUE UNASEV EVITA DECIR En realidad conjugando los números con la realidad, la UNASEV -de ayer y de hoy, es omisa en tres asuntos: uno, en la falta de vigencia y exceso de fotocámaras. Cada vez hay menos policías de tránsito y de la caminera como los únicos viables de imponer la ley y el orden en las calles; dos, accediendo a una infraestructura vial que evite muertos, dependiendo esto de hacer obras viales adecuadas, por ejemplo, en vez de rutas con cruces con rotondas, hacer cruces a desnivel, arreglando en las ciudades defectos de trazado como en la rambla de Punta Gorda donde un defecto de construcción lanza los vehículos de un carril a otro, o construyendo mejores espacios de cohabitación de motos, bicicletas y autos.

Que haya menos muertos depende de las acciones del Estado en materia de obras y de seguridad. Los “puntos” son apenas un incentivo a portarse bien. En un país donde todos saben que los inspectores y policías de tránsito brillan por su ausencia, lo único que está asegurado, es la muerte.

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