Crónica de mi separación del IPES
La educación bajo el gobierno de los gremios
Claudio Rama
El gobierno de Orsi, y de sus operadores políticos, han decidido entregar a los gremios docentes y a los sindicatos de funcionarios no docentes, el poder de la gestión del Consejo de Formación Docente (CFE). En este contexto he sido separado arbitrariamente por pedido gremializado del cargo de director del IPES obtenido por concurso público. Esta decisión política en la conformación del gobierno y en el marco de la lucha por alcanzar sus objetivos políticos en el sector educativo, se constituye en el centro de una batalla por la hegemonía de una masa de cerca de 30 mil estudiantes y de miles de docentes y funcionarios.
Pero más aún, es parte de la batalla cultural que la izquierda lleva adelante y que ha puesto como centro el poder por encima del mérito y la política por encima de la legalidad. Esta estrategia en este período se centra en posicionar como eje de su lucha política la legitimación por la creación de una Universidad de la Educación con miras a consolidar su poder en el largo plazo y a poder conformar un control definitivo sobre este aparato de la formación docente pública en el país.
La actual dinámica normativa nacional, establecida en la Ley de Urgente Consideración (LUC) y aún de antes, dispone que los miembros del Consejo de Formación Docente sean 5 de los cuales tres de sus miembros sean nombrados por el Poder Ejecutivo a través del CODICEN, uno representante de los aparatos sindicales docentes y otro de los aparatos estudiantiles. Dicho marco otorga una dependencia de la gestión claramente a la ciudadanía a través de las elecciones que le permite al gobierno establecer los objetivos y orientaciones acorde a los deseos de los ciudadanos. Por ello, el objetivo estratégico tanto del Frente Amplio como de los gremios docentes y sindicatos, se ha focalizado en la creación de una Universidad autónoma y cogestionada con miras a lograr el manejo definitivo y separado en el largo de plazo de este ámbito de formación. A partir de poder alcanzar este objetivo poder tener la orientación ideológica y hegemonía y el instrumento de lucha ideológica para marcar los programas educativos de las futuras generaciones. En este marco, han iniciado desde el inicio de su gestión de serie de acciones políticas y de disciplina administrativa centradas en esas estrategias de lógica corporativa, confrontación con cualquier diversidad y colocación de los recursos del Estado claramente en función de sus objetivos políticos. Desde el inicio todas sus resoluciones se copian al Sindicato y la Asamblea Técnico Docente que comparten claramente el cogobierno. Se disponen eventos, nombramientos y desplazamientos, recursos y acciones para debatir y validar la Universidad de la Educación y se realiza un disciplinamiento a los opositores y a los propios directores de los Institutos y Centros Educativos a estos objetivos, que no son parte del marco normativo.
En el contexto del Instituto de Perfeccionamiento y de Estudios Superior (IPES) que tuve el honor de ser seleccionado y de dirigir por concurso abierto y público en base a oposición y méritos por tres años, y del cual se separaron arbitrariamente y sin ninguna investigación en base a una mera denuncia de supuesto acoso laboral de exigir mucho trabajo a la Secretaria Administrativa, y miembro de la ATD y que además faltó 84 días, ello muestra algunas aristas aún más interesantes en la batalla cultural educativa en el Uruguay. Ante cualquier acción de reclamo de un sindicalista, la presunción de inocencia y falsedad desaparece, al ser un gobierno de los sindicatos y de la ATD.
En este camino también han rechazado y desmantelado todos los avances del gobierno anterior y entre ello han establecido la supeditación de la posible realización de posgrados a aquellos realizados con la UDELAR, y a condicionar la realización de posgrados propios a la existencia de la Universidad de la Educación como un relato para incrementar el posicionamiento de los docentes. Ello a pesar de que la Ordenanza nueva que propusimos y fue aprobada en el CFE y la ANEP y publicada en el Diario Oficial, claramente facultó el dictado de posgrados. El antiguo representante sindical, muy recientemente graduado y actualmente presidente Fernández, me respondió que hay muchas bibliotecas y que no firmaría ningún posgrado ante esa duda. Ello, les llevó incluso a violar derechos adquiridos de 70 estudiantes, al cortan un posgrado propio en curso. Incluso anular los convenios con instituciones privadas de Uruguay, para trasladar recursos para financiar a la UDELAR. Esta conchupancia de intereses con la UDELAR es parte de la estrategia que llevo a incluso a disponer la entrega de títulos truchos, no aprobados por el CDC, de un Posgrado de Especialista en Enseñanza de la Sociología. Incluso ni a cargo de la Facultad de Ciencias Sociales sino de la corrupta Facultad de Humanidades y Educación. Estas son las primeras perlas del gobierno sindical de la educación
