No es solo un problema de comunicación

Tabaré Viera

Un dirigente que se reivindica representante de los más humildes, compra, a pocos días de asumir la presidencia, una camioneta de lujo de unos 80.000 dólares, mientras buena parte de la gente atraviesa horas de dificultad económica. Ese es el punto de partida, y conviene no perderlo de vista entre tanta explicación.

Los hechos los conocemos gracias al trabajo periodístico de Patricia Madrid, no por iniciativa de los órganos de control. A partir de la declaración jurada del presidente Yamandú Orsi, donde la ya famosa camioneta Hyundai Santa Fe figura por su valor de mercado, cercano a los 79.000 dólares, surgió que la factura, del 21 de febrero de 2025, fue por 54.000. Una diferencia de unos 25.000 dólares que desde el entorno presidencial llamaron “descuento”. Parte del pago se habría hecho, además, entregando un vehículo donado para la campaña del Frente Amplio que, rifado y sin salir sorteado, terminó en el patrimonio privado del presidente para financiar su auto nuevo.

Aquí está el verdadero fondo, y no en un supuesto “error de comunicación”. Algunos analistas —Gerardo Caetano entre ellos— reducen el episodio a fallas de comunicación y de gestión, e incluso se reprocha a la oposición querer voltear al presidente. Es un desvío. La oposición no le compró la camioneta a nadie. El problema lo creó solo Orsi: con la compra, y luego con explicaciones en capítulos, erráticas e insuficientes, que no terminan de cerrar porque no hay con qué cerrarlas.

Un presidente, digámoslo con todas las letras, no puede ni debe comprar un automóvil, una casa, ni un short de baño ni un colchón para su patrimonio personal con dineros públicos, pero tampoco de origen partidario. Que un auto donado a una campaña termine financiando un bien privado y de lujo no es de recibo. ¿Constituye delito? No lo sé; será la Justicia, si corresponde, quien lo diga. Lo que sí afirmo es que no es ético.

Tampoco es ético que un presidente electo acepte una rebaja inédita de 25.000 dólares sobre 80.000. Esa cifra excede largamente la ganancia razonable de cualquier importador: no se la vendieron al costo, tuvieron que poner dinero. Más que un descuento, parece un regalo. Y los regalos vinculados a la función pública son precisamente lo que la Ley de Ética Pública procura impedir. El argumento de que la compra evitaba a la P

presidencia adquirir un vehículo seguro tampoco se sostiene: igual hubo que dotar de vehículos el traslado presidencial, y se ha informado que el primer mandatario alterna su rodado particular con los oficiales.

Quedan, además, preguntas sin respuesta. ¿De dónde salieron los 15.000 dólares restantes? En la conferencia del presidente no se leía con claridad de qué cuenta provino ese dinero transferido. Y falta el pronunciamiento de la JUTEP, organismo cuyos integrantes oficialistas han quedado seriamente desprestigiados, al punto de configurar tal vez la primera Junta abiertamente partidizada de nuestra historia reciente. Difícilmente un fallo así nazca con la credibilidad necesaria.

Conviene ser claro en el plano político. Nadie, absolutamente nadie, ha pedido que caiga Orsi ni ha hablado de juicio político. La oposición ha actuado con responsabilidad, y la prensa hizo lo que debía: investigar y denunciar. Por eso resulta inadmisible correr el eje del debate hacia el financiamiento de las campañas, tema importante pero distinto, para no hablar de lo central: la conducta de un funcionario, agravada por tratarse del presidente de la República, que compró una camioneta de lujo aceptando un regalo de 25.000 dólares y pagándola, en parte, con un vehículo donado a un partido político.

El asunto, entonces, sigue plenamente vigente. Faltan explicaciones, falta el dictamen de la JUTEP y falta, sobre todo, que quien ejerce la más alta magistratura comprenda que la transparencia no se cumple por capítulos. Está en juego algo más que un vehículo: la confianza de los ciudadanos en quienes dicen representarlos.

Hay algo más de fondo que este episodio deja en evidencia: gobernar bien es hacerlo desde la organización y con los recursos que la República pone a disposición para ello. Para eso existe una residencia presidencial, Suárez y Reyes, con todas las comodidades, no solo para vivir, sino para trabajar, reunirse y recibir a otros mandatarios con dignidad y seguridad. Lo mismo vale para los automóviles oficiales: están para eso, conducidos por choferes profesionales, en vehículos del Estado y no particulares.

En los últimos años se instaló una suerte de moda populista: mandatarios que no aceptaron vivir en la Residencia de Suárez. Empezó con el Frente Amplio, con Tabare Vázquez  y luego con José Pepe Mujica. La consecuencia no es gratuita: cuando el presidente vive en su chacra o en un balneario, es el Estado el que debe salir a construir casillas, baños e instalaciones para la custodia, y a sumar comodidades y seguridad en una casa que es propiedad privada. Lo mismo ocurre con los vehículos. Y así, un presidente que quiere trasladarse en su auto propio para seguir la moda, para parecer popular, termina metido en este lío.

En un país republicano todos pueden llegar a la Presidencia, y todos tendrán el mismo lugar digno para vivir mientras la representan, y vehículos seguros para trasladarse si no tienen auto propio. ¡Basta! Es hora de que los gobernantes dejen de buscar popularidad por vivir en su chacra o en su casa del balneario, y se dediquen a ser populares por su gestión, resolviendo los temas que de verdad le importan a la gente. Cuánto nos habríamos ahorrado si el presidente Orsi hubiera actuado así.