Drogas, delitos y delincuentes

El 3 de noviembre concurrió al Parlamento el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, doctor Juan Miguel Petit, para referirse al «Tratamiento integral y rehabilitación de las personas con uso problemático de drogas imputados por delitos».  El siguiente es un compendio de su presentación ante el Poder Legislativo.

SEÑOR PETIT (Juan Miguel).- Voy a comentar algunos aspectos de este texto en el que están trabajando. Primero que nada, corresponde señalar la pertinencia del proyecto. Me parece que ese es el espíritu que presenta su proponente, el legislador Sodano. Yo lo he visto también en otras comisiones y tiene una particular sensibilidad e inquietud por los temas vinculados a la privación de libertad y la vulnerabilidad social, cosa que es muy bien recibida por todos quienes estamos en estos temas. Muchas veces lo he visto ir personalmente, con gran sigilo y reserva, a hacer gestiones en distintas unidades penitenciarias cuando hay problemas de agua, de alimentación, de tensiones. Ha estado trabajando, haciendo gestiones y comprometido con el tema sin siquiera hacer referencia pública. Sé que el tema de las adicciones es una de sus preocupaciones, y valoro muchísimo que se presente a discusión en el Parlamento. Sin duda, es uno de los temas del siglo XXI que nos va a seguir acompañando a todos quienes estemos preocupados por la integración social, la construcción de ciudadanía, la prevención, la superación de la violencia y, ni qué hablar, a aquellos que estén trabajando en la promoción de medidas de ejecución penal más sanas, más integradoras y más democráticas, ya sea en la vía de la privación de libertad en cárcel, así como también a través de las medidas alternativas. Voy a hacer algunos comentarios que tienen que ver con la forma en que me parece se podría, precisamente, rescatar el muy loable espíritu democrático e integrador que tiene el proyecto, pero a su vez no realizar una nueva institucionalidad que sería compleja para la institucionalidad ya existente. En primer lugar, me parece que como contexto, Uruguay ya tiene una institucionalidad en materia de tratamiento de las adicciones. Tenemos al Ministerio de Salud Pública, que debe realizar la rectoría en el tratamiento de las adicciones, una normativa, con un área de salud mental y un área que ejecuta sus políticas, que es la Administración de Servicios de Salud del Estado, que es el principal prestador de salud en el sistema penitenciario. Por una anomalía institucional todavía está dentro del Sistema Penitenciario, que es el tema que nos ocupa hoy; me refiero a este espacio, no a la sociedad en general. También, dentro del Sistema Penitenciario, está la prestación de Sanidad Policial. Asimismo, existe la Junta Nacional de Drogas, que es un organismo que en lo específico de las adicciones y el consumo problemático de sustancias tiene un rol fundamental de orientación, de liderazgo, de recopilación de información, de investigación y orientación a todos los organismos públicos. También lleva adelante acciones concretas de tratamiento y de asistencia por la vía ambulatoria. Nosotros visitamos los servicios de la Junta Nacional de Drogas por el dispositivo Ciudadela en diversos departamentos y también los centros de internación en los departamentos en que ya existen. En ese sentido, veo que la creación de una nueva institucionalidad no debe ahogar la institucionalidad existente. Me preocupa que se cree una nueva institucionalidad que generaría una duplicación o triplicación de actividades para solucionar el problema existente. Sin duda, el proyecto apunta a un problema existente y, reitero, es muy meritoria y valiosa la preocupación del legislador proponente. Tenemos un problema serio con la muy poca cobertura en el tratamiento de las adicciones dentro del sistema penitenciario. Se podrá decir que también es poca en la sociedad general; es correcto, y eso aplica a una cantidad de temas en los cuales las carencias del sistema penitenciario son de la misma naturaleza que en la sociedad en general, pero agravadas por la privación de libertad y por los poquísimos recursos que el país ha ido destinando. Salvo algunos momentos muy reseñables, la inversión y la dotación de recursos al sistema penitenciario ha sido muy por debajo de lo que Uruguay podría dar; por lo tanto, los problemas que existen afuera, también existen dentro del sistema con mayor gravedad. Me parece positiva la creación de un Consejo Nacional Asesor en Adicciones para el tema del Sistema Penitenciario. Creo que ese Consejo puede cumplir la función, precisamente, de monitoreo, observación, asesoramiento especializado en lo particular que tiene la privación de libertad. Puede asesorar a los organismos existentes, pero no creo que sea bueno que ese organismo sea el encargado de implementar los servicios, de implementar políticas. No me parece que sea real pensar que se vaya a crear -ni en este gobierno, ni en futuros gobiernos de cualquier orientación- una nueva organización con nuevos técnicos, psiquiatras, terapeutas asistentes sociales, etcétera, destinados exclusivamente a las personas privadas de libertad o con medidas alternativas. Más aún: desde nuestra perspectiva -la que tenemos nosotros y la que tiene mi oficina, pero que como todas las perspectivas en esto y en la construcción de políticas sociales puede ser opinable- siempre nos pareció el criterio rector tratar de que los servicios generales sean quienes se vuelquen en las cárceles y que las personas, ya sea liberadas o con medidas alternativas, puedan acceder a los servicios generales de las políticas sociales. Esto es, ¿queremos un refugio solamente para los liberados o queremos que los liberados se integren como personas que han recuperado su libertad a los refugios que tiene el Mides? Se puede decir: «Bueno, pero la persona que sale liberada tiene una problemática específica, diferente de la persona que está libre, que pierde su casa y que busca un refugio». Eso se puede corregir teniendo acciones como, por ejemplo, que en los refugios generales haya una capacitación, una preparación, un acompañamiento o una observación de aquellas personas que llegan con un déficit particular, porque salen de años de cárcel en donde han tenido el impacto que significa la privación de libertad; lo mismo se puede decir con los servicios de salud, de educación y con todos los servicios sociales. Entonces, creo que el desafío es lograr la institucionalidad que ahora no está funcionando. Personalmente, envié una nota a ASSE solicitando cuál es su plan de abordaje sobre el consumo problemático de sustancias dentro del sistema penitenciario y, a la fecha, no he obtenido respuesta. Me da la sensación de que, por lo menos, ese plan -si existe- es muy débil o no se está ejecutando. Se trata de que los organismos que tienen la competencia de brindar una atención integral de salud, y que forman parte del Sistema Nacional Integrado de Salud, cumplan lo que están haciendo. Lamentablemente, es una práctica bastante común que tenemos todos los que nos preocupamos por estos temas y acá hay varios que han estado -yo también estuve- del lado de la implementación, del lado ejecutivo de las políticas. Cuando vemos que nuestros organismos no funcionan, muchas veces, la tentación es la del bypass, es decir, de crear un organismo ortopédico, de alguna manera, que va a sustituir aquello que no está funcionando del todo. Es así que muchas veces creamos organismos que se superponen y estamos aumentando la inoperancia o la ineficiencia sobre los ya existentes. Creo que es importante no matar este espíritu, esta preocupación por el tema del consumo problemático dentro del sistema penitenciario. Por lo tanto, crear un consejo asesor que reúna a todos los actores involucrados y que, de alguna manera, empuje, catalice y promueva el tema de las respuestas dentro del sistema penitenciario y para quienes tengan medidas alternativas me parece oportuno; me parece una buena cosa. Creo que sería una buena idea que si la cargamos de las otras cosas que se establecen en los artículos siguientes -como son la competencia misma de dar la política, de implementar los programas, ya sea en la cárcel como fuera de la cárcel-, le estamos colocando una mochila -como se dice ahora- que va a anular ese buen espíritu. En definitiva, me parece positiva la creación del consejo, pero los demás artículos que le otorgan una cantidad de competencias, no van por el camino de una sana administración ni de fortalecer la institucionalidad que el país ya tiene. Ese consejo sí puede impulsar esa institucionalidad si no tiene una competencia de llevar adelante las políticas y controlar tratamientos, amén de que hay algunas cosas que me parece que en el proyecto no son adecuadas como, por ejemplo, ir por el camino de la obligatoriedad de los tratamientos. Hay muchas cosas que no sabemos todavía del consumo problemático, pero hay algo que sí está claro: el tratamiento obligatorio no surte efecto. Lamentablemente, como contracara de eso, los organismos y los programas se entregan cuando el tratamiento no surge de forma automática. Además, olvidamos que hay un deber también de lograr la voluntariedad de la persona. O sea que no alcanza que la persona rechace un tratamiento para decir: «Ah, bueno, como es obligatorio si no funciona, no hacemos nada». Eso se aplica a muchas otras áreas de las políticas sociales en las fronteras, que es el tema que nos convoca hoy. Toda disciplina humana, todo conocimiento humano tiene su frontera de conocimiento y, lamentablemente, también hay problemas muy críticos en todas las disciplinas para las cuales llegamos a las fronteras de las herramientas disponibles. Esto nos coloca a todos quienes nos posicionamos en la perspectiva de derechos humanos que, básicamente, es decir: «Nos preocupa el dolor humano y nos duele el deterioro de las personas, sea cual sea su peripecia anterior y sea cual sea su contexto». No nos importa de donde viene esa persona, si cometió un delito grave, si es una persona que tuvo una peripecia vital accidentada, si cometió varios errores en su vida, sino que nos preocupa y nos conmueve el dolor humano y el deterioro de las personas. Por lo tanto, creemos que el Estado tiene un rol para cumplir y para incentivar medidas al respecto. Entonces, a veces esa desesperación nos lleva a pensar en mecanismos obligatorios -esto aplica también a otros temas, por ejemplo, las personas en situación de calle, etcétera-, a lo mismo que pasa en esas situaciones. El hecho de que lo compulsivo solamente tiene sentido cuando hay un riesgo inminente de vida es a lo que nos lleva la desesperación, porque nos preocupa -no es por una cuestión estética- el deterioro humano. En ciertas ocasiones, pensamos que lo compulsivo puede ser la herramienta de salvataje. Ocurre también que como la voluntad de la persona ya está viciada o alterada, recomponer esa voluntad también es parte de la tarea. Muchas veces, las políticas sociales, los mecanismos, las personas o las previsiones que hacemos al respecto se entregan, ceden o se resignan demasiado rápido a esa no expresión de voluntad decidida a adherir a un tratamiento. Puede llevar meses o años lograr que una persona adhiera a un tratamiento, ya sea en su situación de calle, en régimen ambulatorio o aun estando en una familia. Esto también es parte del compromiso de derechos humanos. La voluntad de la persona hay que construirla. No se trata solamente de llenar un formulario sobre si quiere o no adherir a un tratamiento. Bueno, si adhiere, perfecto y si no, problema suyo; destrúyase. Los tratamientos no pueden ser obligatorios o forzados. Tampoco es correcto pensar en darles el plazo de extensión de la pena, porque el tratamiento es una cosa y la pena es otra. Probablemente, para la persona que esté en la categoría de lo que llamamos adicta -aquellas que tienen un consumo problemático de sustancias, que son parte de los consumidores; no todos tienen consumo problemático, digamos que la minoría de ellos lo tienen- muchas veces cortar con el consumo es la vía de poder salir de ese consumo que claramente la ha absorbido y no puede tener un consumo equilibrado o ponderado. Por lo tanto, para ellos sí se necesitan mecanismos muy fuertes donde la total abstención del consumo es la solución. Sabemos que hay allí una polémica en torno a reducción de daños versus abstencionismo. Nosotros creemos que hay una continuidad, que no son excluyentes y que, en algunos casos, es necesario además jugar la carta de la abstención para aquellos casos que tienen consumo problemático, porque es la vía de poder reconstruir la personalidad y el desarrollo humano en aquellas personas que han perdido ya la posibilidad de un consumo adecuado, y para quienes la información y la reducción de daños no es suficiente. Con esto lo que estoy señalando es que hay que ir a un proyecto de ley minimalista, mucho más acotado que el que presenta, con muy buena voluntad, el legislador, y con elementos valiosos. Creo que el proyecto debería ser de menor magnitud institucional y mucho más eficiente en sus resultados. Rescato muy particularmente los artículos 8º y 9º del proyecto. Creo que estos artículos son muy positivos para la posibilidad de tratamiento a personas que cometen delitos de pena corta o delitos que no son de extrema violencia o de violencia importante. No son delitos de sangre, no son delitos contra la vida, que tienen no más de dos años de pena y para los cuales hoy en día la legislación es muy restrictiva. Creo que estas normas abren la posibilidad de atención de su adicción. Insisto con respecto al rol que puede tener este Consejo, que podría ser algo así como una especie de actor especializado en todo lo atinente al tratamiento de las adicciones a personas que se encuentran bajo una sanción penal. Insisto en esto, porque se refiere a la cárcel y a las medidas alternativas. Cuando hablamos del sistema penitenciario siempre nos olvidamos de todas las personas que están con medidas alternativas y que es muy importante tenerlas presentes. Esas personas que están con medidas alternativas nos han dado una señal; de alguna manera, nos están diciendo que probablemente van en camino a cometer nuevas transgresiones, muchas de ellas vinculadas justamente al consumo y que requieren una atención. Por eso creo que las respuestas dentro de la cárcel y fuera de ésta tienen que ser dadas por los organismos que ya existen, para los cuales este Consejo sí puede jugar el rol de golpear las puertas de la Junta Nacional de Drogas, de ASSE y de rectoría de Salud Pública, recordando que el sistema penitenciario existe, que hay 18.000 personas con una medida alternativa y recordando también que es necesario desarrollar políticas para esta población. De esta forma se estaría dando visibilidad al tema con la potencia que puede tener un organismo que ya no es un mecanismo ombudsman como el Comisionado, una institución de derechos humanos o una organización no gubernamental, sino un organismo que forma múltiples instituciones, entre otras, algunas de las nombradas. Espero haber sido claro con estos comentarios, que pretenden quizás generar un cambio de perspectiva en el proyecto presentado, recoger el espíritu, tratando de no aumentar las institucionalidades y los organismos algo que, creo, sería contrario al fin buscado que me parece muy loable. Pienso que puede ser rescatado por la vía de un proyecto mucho más acotado, ajustado a las posibilidades institucionales y que tendría un impacto en el mejor funcionamiento de las instituciones. Se podrá decir: ¿es necesaria una ley para que las instituciones que ya existen funcionen bien? Bueno, sabemos que nuestro Estado muchas veces tiene dificultades en su funcionamiento y que en ocasiones se requiere de distintos mecanismos institucionales, políticos, sociales, para que funcione Quizás sea necesaria una ley para que la institucionalidad, que ya existe, se amplíe, se active, se enriquezca y dé una señal de que esa institucionalidad requiere recursos y capacidad técnica para desplegarse para una población con alta vulnerabilidad, lo que constituye, sin duda, uno de los problemas pendientes que tiene el país.