Docentes denuncian
fragmentación y privatización
de la formación en educación
El 13 de setiembre de 2023 concurrió a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes, el Sindicato de docentes en formación de la educación representados por los profesores Gabriela Martínez y Liber Romero. El epicentro del debate fue lo que definieron como el “proceso de fragmentación y privatización de la formación en educación”.
SEÑOR ROMERO (Líber).- Queremos plantear un conjunto de temas vinculados a la formación en educación; algunos de ellos están dentro del presupuesto y otros, sin estar incluidos, los toca. Nosotros venimos denunciando desde hace tiempo que hay un proceso de fragmentación y privatización de la formación en educación y algunos de esos elementos los vemos presentes en el presupuesto. Ustedes habrán notado que el Consejo de Formación en Educación pide un enorme monto, $ 723.000.000 de los cuales setecientos dos están vinculados a servicios personales. Ahora, cuando uno mira en concreto qué implican estos rubros, verá que ahí se financia a sesenta mentores, no se sabe el monto de su financiación. Estos sesenta mentores tienen que ver con articuladores, gestores de la transformación en educación pero, al mismo tiempo, aparece la financiación de cursos que, como vamos a demostrar después, muchos se dan hoy por hoy en el ámbito privado y no en el público. Esto nos preocupa porque tiene que ver con la transferencia de rubros públicos al ámbito privado. Uno de los elementos fundamentales que tiene como eje la transformación educativa es la centralidad del estudiante, pero cuando uno mira el presupuesto de formación en educación lo que nota es una disminución -lo dice el propio documento- de un 9 % de inversión por estudiante. Tengamos en cuenta que acá atendemos a población de todo el país. En particular, como ustedes sabrán, hay una disminución de las becas que atienden a los sectores más vulnerables de la población, de nuestros estudiantes. Tenemos una educación terciaria que abarca a todos los departamentos y en los centros regionales de profesores hay becas de alimentación, transporte y residencia, lo que se ha visto afectado durante todo el último año. Por ejemplo, ha sido pública la afectación del transporte entre nuestros estudiantes. En el caso del Cerpsur -al cual pertenezco- hoy por hoy muchos estudiantes se están trasladando con boletos que les da la Administración, pero hay zonas de Canelones a las que no llegan los ómnibus o es muy difícil llegar a tiempo a clase. Y hay otro elemento que está vinculado a ese enorme monto que tiene que ver con pago de salarios de docentes. ¿Qué está sucediendo? Hay un intento de modificación en la forma en la que elegimos horas por parte de la Administración. Se inventan -decimos que se inventa porque no está en el estatuto docente; en realidad, no es reglamentario pero lo quieren imponer- las unidades de desempeño horario; después nos gustaría acercar a las señoras y señores legisladores un estudio que hemos realizado en ese sentido. En esas unidades de desempeño horario se pierden horas de docencia indirecta de los docentes de formación en educación. ¿Qué implican estas horas de docencia indirecta? Son las horas que nosotros dedicamos a la investigación y extensión. Tenemos un conjunto de profesionales especializados que se están formando continuamente. En este caso, estamos presentes dos docentes que estamos haciendo doctorados -la formación permanente es parte de nuestra profesión- y al reducir la cantidad de horas de docencia indirecta destinada a la investigación y a la extensión, estamos reduciendo la calidad de la formación profesional de los futuros docentes que van a dar clase en el aula. Sumado a eso, hay una intención por parte de la Administración de generar un docente «atrapa todo». ¿Por qué decimos esto? Porque el docente podría -especialmente esto habilitaría a los docentes efectivos en una primera instancia- elegir un conjunto de horas dentro de su departamento. ¿Qué implica esto? Yo soy efectivo en Historia Contemporánea, soy especialista en lo que es el siglo XX, pero este cambio de reglamento me permitiría elegir Historia del Arte, Historia Americana, Historia Nacional, aspectos de la historia en los cuales no soy especialista. En definitiva, si yo tomase esas horas implicaría una baja de la calidad de la profesionalidad que recibirían mis estudiantes en cuanto a la especialización que yo tengo. Todos esos elementos no están en el reglamento; esto es una invención del actual gobierno, de la actual administración que tiene un fin político. ¿Cuál es el fin político? Nosotros tuvimos el inicio del plan 2023 en marzo -ustedes eso ya lo conocen-, pero recién tuvo sus programas aprobados un mes después. Es decir, un mes después recién se tuvo el programa y el pasaje de evaluación de los estudiantes. Un docente que tomó esos cursos en marzo -en realidad, los tomó antes- no supo durante un mes cuál era el contenido específico que tenía que dar. Esto generó, sin duda, enorme incertidumbre entre los docentes. Al mismo tiempo, el plan 2023 fusionó materias, asignaturas, carreras, como sociología y derecho, algo que desde el punto de vista epistémico no se puede explicar. Son dos carreras que existían independientemente; cuando estuvieron fusionadas, fue en la dictadura, y ahora se vuelven a fusionar. Cuando uno mira los programas aprobados nota claramente una baja de la calidad de su diagramación, de su bibliografía -que es atrasada- y, al mismo tiempo, cuando mira las ocho mil páginas -porque son ocho mil páginas de programas-, advierte cómo se repiten conceptos de una materia a otra. Por ejemplo, hay un recorte y pegue de los objetivos de la educación mirada desde el punto de vista competencial. Siendo las competencias un elemento fundamental para la actual transformación educativa, cuando uno mira esos elementos en cada una de las asignaturas, advierte que no hay una adecuación por asignatura. Simplemente, se habla de una educación competencial, pero no se analizó, no se profundizó sobre cada una de las asignaturas. En ese sentido, nosotros creemos que esta transformación, que tiene que ver con el punto de vista laboral, lo que busca es un objetivo político y es que en el 2024 no haya carencia de horas, pero no se están viendo las consecuencias -si se están viendo no se las está valorando como debe ser- sobre la formación de nuestros estudiantes. Al mismo tiempo -es bueno que también los legisladores lo sepan-, en este proceso del 2023 tenemos un conjunto de docentes efectivos que no pudieron tomar horas efectivas porque sus materias no existen. Esto ha generado problemas no solamente a estos docentes que no pueden ejercer su profesión en las materias en las que son efectivos, sino también a los estudiantes que no pueden rendir examen con docentes especializados. Pongamos un ejemplo sencillo que quizás ustedes conozcan: hay materias de primer año, que ahora se eliminaron, que recién van a aparecer en tercero. Si yo estoy cursando segundo o tercer año del plan anterior y debo la materia, si tengo que dar examen, no tengo docentes que me lo tomen, porque los docentes no tomaron horas. Esto claramente pasa en primer año de la formación de maestros y maestras, porque muchas de las asignaturas pasaron a tercer año. Esto va a continuar así, generando problemas concretos. Otro aspecto que queremos tratar -Gabriela se va a referir a ello-, tiene que ver con la transferencia de los recursos públicos a los privados. SEÑORA MARTÍNEZ (Gabriela).- Quiero agregar a lo que planteó Líber la preocupación por la pérdida de la condición pedagógica de la formación docente en el Uruguay, que parece una paradoja porque el Ministerio de Educación y Cultura establece una acreditación de la formación docente que da el título o acredita al licenciado en pedagogía. ¿Por qué planteamos esto? Porque el nuevo plan de formación docente barre con la asignatura de pedagogía; es decir, no existe, la mutaron, le dieron otra denominación. Sin embargo, se otorga a los docentes una acreditación como licenciado en pedagogía. Esta reforma que se está implantando, por lo que planteaba Líber -entre otras cosas, por la disminución de las becas- también deja a los estudiantes en una situación de indefensión y de vulnerabilidad. Por ejemplo, este nuevo plan de estudios acrecienta la cantidad de horas para estar cursando en el turno y cuando no se pudieron elegir esas horas -las horas del primer semestre, las asignaturas del primer semestre- se dieron a elegir el segundo semestre, para que los estudiantes tuvieran todo el segundo semestre, más asignaturas del primer semestre. Por la vía de los hechos, esas asignaturas que correspondían al primer semestre se pueden dar de forma virtual. Quiere decir que un estudiante que escogió cursar de manera presencial se ve obligado a cursar una asignatura -o más- del semestre anterior en formato virtual, lo que acrecienta la cantidad de horas, sin preverse el espacio locativo en los diferentes institutos, algo fundamental para que se desarrolle la actividad docente. Esta acreditación se da en el marco de la ley de urgente consideración, por el artículo 198, que plantea el procedimiento voluntario para el reconocimiento universitario, y se reglamenta en el Decreto Nº 358, del año 2020, y por la resolución del MEC Nº 355, al otro día del referéndum del año 2022. ¿En qué consiste este reconocimiento universitario? En principio son las instituciones las que se presentan a solicitar el reconocimiento universitario, pero nosotros actualmente estamos presenciando una modalidad donde cada docente se presenta individualmente y en diciembre pueden realizar una prueba, que les daría la condición o la acreditación de universitario. ¿Por qué rechazamos esta propuesta? Por varias razones. Una de ellas es que consideramos que la formación, desde el día uno, cuando el estudiante inicia su recorrido para ser docente, tiene que ser de carácter universitario, apoyada en las tres patas: enseñanza, investigación y extensión. Esto simplemente certifica una formación que no tuvo. Muchos cursos apuntan a lengua, matemática y computación. ¿Y dónde está la pedagogía? Sin embargo, se le acredita una condición de licenciado en pedagogía, contraviniendo toda la tradición pedagógica del Uruguay. ¿Quién evalúa a esos docentes para darles la acreditación de universitarios? El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEEd, que tiene otra finalidad a nivel legal y tiene que ver -ustedes más que nadie lo saben- con el relevamiento de las condiciones de la educación pública y la proyección de políticas educativas. Quiere decir que contraviene también la naturaleza legal del INEEd. El Ministerio de Educación y Cultura no es una institución educativa y no tiene dentro de sus cometidos otorgar títulos universitarios. Por tanto, tampoco sabemos qué condición tiene esto. A la convocatoria fueron llamadas tres de las cinco carreras que se desarrollan en el Consejo de Formación en Educación: maestro de primera infancia, magisterio inicial, profesorado de educación media, pero quedan afuera maestros y profesores del INET -de la educación técnica- y educación social. Por tanto, también parcializa; no sabemos las razones. La prueba que implementaría el INEEd va a ser diseñada por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. Por tanto, una institución extranjera estaría evaluando la formación docente del Uruguay, sin conocer los parámetros por los cuales se evalúa. Es decir, es una cuestión enlatada, estandarizada, que lejos está de la formación en educación y de la Universidad de la Educación que nosotros proponemos desde las ATD de formación docente y desde el sindicato. Además, se parte de un error en el diagnóstico: que los docentes con título, tanto del IPA, como de los Institutos Normales, de los IFD o de los CERP, no pueden hacer cursos de posgrado. Es un error de diagnóstico, pero aparte viene corriendo de atrás, porque no es lo que sucede actualmente. Por último, queremos mencionar los convenios de cooperación para la formación académica que celebró la ANEP con la ORT y la Universidad Católica del Uruguay. Estas entidades privadas se harían cargo del 50 % -en el caso de la ORT- y del 51 % -en el caso de la Universidad Católica- de las becas para docentes del CFE. Hay cincuenta cupos para la maestría en Formación de Formadores en la ORT y quince para la maestría en Currículum y Aprendizaje en la Universidad Católica. ¿Cómo financiaría el Codicén de la ANEP estas becas? A través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, es decir con endeudamiento externo. En tiempos en que la Universidad está pidiendo a gritos presupuesto, desde la ANEP nos damos el lujo de financiar a instituciones privadas y por la vía de los hechos -y del derecho, a través de este convenio- estamos financiando toda la estructura de la educación privada.
SEÑOR ROMERO (Líber).- Para que se tenga una idea, la Universidad Católica recibiría US$ 6.329 -al precio del dólar de hoy- por estudiante y la ORT US$ 6.812, y eso sería el 50 % de la beca. Simplemente para comparar: yo estoy haciendo un doctorado en Argentina y el cobro total fue de US$ 2.100; creo que esto sirve para comparar los precios que a veces paga el Estado, transfiriendo dineros de los públicos a los privados, cuando nosotros también tenemos una universidad pública que brinda doctorados y maestrías.
