El real debate presupuestal universitario
Claudio Rama
Más recursos a la educación presencial para pocos o una oportunidad para que miles puedan estudiar a distancia. En el contexto de la postpandemia, se presentaron en el Parlamento tres proyectos de Ley que avanzan y profundizan en el impulso a la educación a distancia. En un caso modificando y ampliando el artículo 36 de la LGE acorde a una mayor conciencia y reconocimiento finalmente de las potencialidades de esta modalidad para democratizar la educación. En tal sentido el Diputado colorado Felipe Schipani, propuso agregar a dicho artículo, en la redacción de la LUC, que “la educación universitaria pública en atención a las características de cada una de las carreras, deberá ofrecer dentro de sus opciones educativas estas modalidades”.
Por otra parte, el diputado Jamil Murad de Cabildo Abierto, presentó un proyecto por el cual se establece que el Ministerio de Educación y Cultura debe promover la enseñanza en modalidad a distancia, y que las clases y cursos dictados en modalidad a distancia, avalados por las respectivas instituciones educativas, se considerarán equivalentes a sus homólogos en modalidad presencial, para lo cual se dispone la derogación de toda disposición que se oponga a ello. Finalmente se presentó un Proyecto para la creación de la Universidad Virtual del Uruguay por parte del Diputado Schipani con apoyo tanto de toda la bancada colorada como del propio Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, presidido en su momento por Julio Maria Sanguinetti. Todas eran propuestas que apoyaban la virtualidad como factor de “democratización” de la educación superior y para superar la ausencia de diversidad educativa.
Todos los proyectos reconocieron que las tecnologías digitales permitieron en la pandemia, que la educación siguiera funcionando, y que, pese al enorme esfuerzo de regionalización previo, la educación universitaria es centralista, y para muchos la única oportunidad para estudiar es trasladarse a la capital. Ante ello plantea que la tecnología es una forma de derribar las barreras de desigualdad en el acceso a la educación terciaria y dispone que la educación terciaria pública, en atención a las características de cada una de las carreras, deberá ofrecer dentro de sus opciones educativas las modalidades de enseñanza a distancia.
Los proyectos en cuestión se gestan desde la demanda de estudiantes, sobre todo del interior del país, que han planteado repetidas veces que se mantengan las clases bajo las modalidades virtuales generadas durante la pandemia y la emergencia sanitaria. Consideran que la educación a distancia es tanto un derecho adquirido como también una necesidad para permitir la continuidad de sus estudios. Durante la pandemia, la gran mayoría de los cursos pasaron a ofertarse en forma virtual, pero luego las instituciones terciarias, y entre ellas la UDELAR han vuelto a las actividades presenciales. La reinstalación de un modelo exclusivo presencial replantea la problemática de las desigualdades de acceso y la baja cobertura en el interior, en el contexto de la posibilidad de resolverlo a través de la educación a distancia. Así, muchos grupos de estudiantes y de personas del interior han reclamado que se ofrezcan carreras virtuales, creando una amplia discusión sobre el derecho al acceso de estudiantes y la necesidad de que las instituciones, especialmente públicas pero también privadas, tengan una oferta a distancia. Son miles de estudiantes del interior y de Montevideo que reclaman el derecho a tener clases virtuales. Son personas que no pueden viajar a diario a las clases presenciales, o montevideanos que trabajan, tienen personas a cargo o están privados de movilidad o libertad, y que exigen la virtualidad para seguir estudiando. Esta población puede ser incluso de decenas de miles de estudiantes que han abandonado los estudios superiores, sino nos atenemos a la alta tasa de deserción histórica de este nivel educativo.
Ninguno de los proyectos finalmente terminó aprobado en el período legislativo anterior y se deberá insistir en este período legislativo de impulsar abrir este camino de enormes oportunidades para las personas. No tiene sentido seguir gastando y pidiendo enormes recursos para un modelo presencial, de escalas pequeñas y que alimenta bajas tasas de egreso y altísimos costos por egresado. Hay que abrir el camino a otras opciones. Solo con un mínimo porcentaje de lo que se pide se podría alcanzar realmente a tener una cobertura de 50 mil estudiantes universitarios más o más en 5 años. No es sólo tema de plata y eficiencia, es también del derecho a la educación que incluye el derecho a la “libertad de elección” y donde la educación a distancia constituye un derecho humano, e incluso en un nivel superior a la educación presencial, en tanto ésta impone limitaciones de acceso de tiempo y de lugar y que por ende restringen esos derechos. Pero si es de números, no hay duda que la educación virtual es más eficiente.
