INISA: cae una historia de convenios con el SERPAJ
Una delegación del Inisa se presentó ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado, integrada por su presidenta, licenciada Rosanna de Olivera Méndez; las directoras Rosario Pérez y Andrea Venosa; el director de la División Jurídico-Notarial, doctor Daniel Ron; el director general de Medidas Socioeducativas, profesor Juan Castillo; la directora del Departamento Contencioso, doctora Silvia Saad; los asesores, doctora Lucía Curbelo, contador Sebastián Maidán, doctor Juan Corbacho, señor Carlos Correa, doctor Bernardo Escardó, licenciada Ana Gabriela Cristiani; la asistente, señora Alexandra Viera; y la técnica en Comunicación, señora Silvia Ramírez, comparecieron ante el Parlamento para pronunciarse sobre la denuncia del Serpaj /Servicio de Paz y Justicia), quien desde 1986 es la organizadora de Educación para la Paz y los Derechos Humanos, sobre el cese del programa.
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SEÑORA DE OLIVERA.- Para nosotros es muy importante tener este espacio para dar las explicaciones, en este caso, de la desafectación de la organización de la sociedad civil Serpaj.
Me parece significativo empezar por contarles cómo funciona todo el ámbito educacional dentro del Inisa, donde tenemos dos grandes patas: por un lado, la educación formal, y por otro, la educación no formal.
En lo que tiene que ver con la educación formal, tenemos educación primaria con una maestra en cada centro. Hoy solo hay cinco adolescentes que ingresaron al sistema sin tener terminada la educación primaria, por lo que estas maestras se encargan de que terminen el primer nivel de educación. Además, realizan tareas de apoyo a los adolescentes, tanto para ayudarlos en el liceo como en caso de que tengan dificultades de aprendizaje. Es de destacar que estas maestras hacen un trabajo muy profesional.
En cuanto a la educación media, hemos tenido grandes logros en esta Administración. Tenemos un liceo que funciona dentro del Inisa, en la escuelita; así le llamamos pero es un edificio que está en la Colonia Berro –quienes la hayan visitado lo conocen– y allí se imparten clases de educación secundaria, dependiendo del nivel que tenga cada adolescente. Es una educación especial en contexto de encierro, aunque hay casos en que por decisión judicial el adolescente ingresa y puede ir al liceo fuera del instituto porque tiene el aval de la justicia. Siempre tenemos que garantizar la educación de todos los adolescentes que están privados de libertad.
Este año conseguimos realizar un acuerdo muy importante con secundaria porque siempre tenemos la dificultad de la interinstitucionalidad. Trabajamos en red con todos los organismos del Estado y a veces necesitamos estar coordinados y en permanente contacto con esas instituciones para aceitar estos procesos, que a veces no son tan simples. Para poner un ejemplo, cuando se hizo la caminería de la Colonia Berro, que llevó su tiempo, los docentes de Educación Secundaria decían que no podían ingresar ya que era dificultoso porque estábamos en obra. Son pequeñas cosas que hay que tener en cuenta y aceitar para poder avanzar y que de verdad, como institución, demos la garantía al adolescente de que le llegue la educación que le corresponde. Ese es el objetivo que tiene el Inisa.
En esta Administración también logramos tener una oficina con un referente de Educación Secundaria dentro del Inisa. Eso se concretó ahora, a pesar de que nos ha llevado mucho tiempo y reuniones, pero estamos muy conformes con ese logro; haber alcanzado este objetivo es una gran ayuda para que todo sea mucho más fluido, por decirlo de alguna manera, y cualquier inconveniente que surja este referente va a estar coordinando con Educación Secundaria. Ese es, reitero, un gran logro.
Otro tema por resaltar en lo que respecta a la educación formal, es que se incorpora la UTU. En estos tres años y poco de gestión pudimos ingresar la UTU al Inisa. Asumimos en abril de 2020 y el 23 de junio ya estábamos firmando el primer acuerdo marco entre la Dirección General de Educación Técnico Profesional y el Inisa. Tengo en mi poder el convenio que establece que la UTU es responsable desde el Estado de la educación técnica y profesional de nivel medio y terciario. Su cometido es ofrecer una educación científico-técnica, tecnológica y profesional de calidad y en concordancia con los lineamientos estratégicos nacionales. Desde esta perspectiva la UTU desarrolla políticas educativas diferenciadas e innovadoras con propuestas formativas que atienden todas las dimensiones del ser humano, posibilitando a jóvenes y adultos la participación democrática como ser social y su inserción real en la producción, las artes y los servicios con el conocimiento no solo como valor agregado sino también como elemento.
El objeto del presente acuerdo complementario consiste en desarrollar e implementar propuestas educativas enmarcadas en los planes y programas de la UTU, en el nivel de educación media básica y superior para la población atendida por el Inisa, teniendo como principios fundamentales el derecho a la educación, la protección de las trayectorias y la continuidad educativas de los adolescentes y jóvenes que se encuentran cumpliendo una medida judicial en el instituto. Los cursos se darán por los planes de estudio vigentes, con adecuación a las edades específicas de los estudiantes y el desarrollo de estrategias hacia aquellos jóvenes que ingresan al Inisa una vez iniciada la propuesta educativa. Este es un gran logro, el tener la UTU dentro del instituto.
A esto agregamos que deben realizarse las coordinaciones con el Programa de Inserción Social y Comunitaria, o sea, cuando el joven egresa. Entonces, se inicia una capacitación dentro del Inisa para que cuando salga pueda continuarla en su barrio, en su departamento. Eso nos parece que también es algo de suma importancia.
Acá se dice que es para la continuidad educativa, cuando los jóvenes egresen o pasen a una medida no privativa de libertad. Esta también puede ser una opción porque ahora hay muchas medidas mixtas. Entonces, ingresan unos meses con privación y otros con una medida alternativa a la privación. O sea que si ingresó a la UTU puede continuar cuando esté nuevamente, repito, en su barrio, en su casa.
Esto para nosotros es un gran logro porque todos sabemos el respaldo que tiene la UTU a la hora de conseguir un trabajo. Además, se trata de tecnicaturas. A veces son más cortas y estos jóvenes necesitan salir rápidamente al mercado laboral.
Este fue el primer convenio.
El segundo fue el 19 de febrero de 2021, cuando se firmó el acuerdo complementario del acuerdo marco.
El 23 de mayo de 2022 se firma un convenio específico –uno por año fuimos firmando, a pesar de la pandemia, en tiempos muy difíciles y desafiantes– de acreditación de saberes. Esto también quiero resaltarlo: se trata de veintisiete saberes en la modalidad grupal, en once centros del Inisa. Esta modalidad tiene un costo pero, sin embargo, negociamos con el director general de la UTU, Juan Pereyra, quien siempre estuvo bien dispuesto y nos dijo que la acreditación de saberes se cobra pero que en ese caso iban a hacer una excepción. Por tanto, logramos que la UTU no nos cobrara la acreditación de saberes. ¿Por qué es bueno esto? Porque tenemos un montón de talleristas, propios y otros de las organizaciones sociales, pero a la hora del diploma, que diga «Gastronomía», con el loguito del Inisa, no es lo mismo que tenga el logo de la UTU. Claramente hay un diferencial.
No sé si saben en qué consiste la acreditación de saberes. La UTU va al centro y el joven demuestra sus habilidades adquiridas en los talleres con nuestros talleristas, o sea, con funcionarios del Inisa. Nosotros no somos una entidad educativa por lo que no podíamos expedir un diploma, pero sí la UTU. Así que con este convenio me parece que nos complementamos mucho y abe una puerta a los jóvenes para que puedan irse hasta a hacer un brushing. Se comprueba que la chica o el joven hacen un brushing, entonces se diploma y detrás figuran específicamente cuáles son las tareas y las habilidades que esa persona adquiere. Esto lo valoramos muchísimo.
El objeto del presente acuerdo complementario consiste en desarrollar e implementar la acreditación de saberes en adolescentes y jóvenes que se encuentran cumpliendo una medida judicial en el Inisa, teniendo como principio fundamental el derecho a la educación. En este cuadro se observan –perdón si no lo ven todos– todos los centros, los talleres, las horas y la cantidad de grupos en cada centro. Todo esto quedó plasmado en el convenio.
El objetivo de todo lo que hemos expresado es que los señores senadores tengan un panorama integral de lo que es la educación en el Inisa.
El otro tema cuestionado es el de los costos, pero están muy claros. Hemos hecho un llamado y ya están ingresando 5 talleristas más, que van a cubrir los que se estaban impartiendo desde el Serpaj, con 20 horas semanales cada uno, una carga horaria total de 100 horas semanales, que en promedio son 432 horas mensuales y un costo promedio para la institución de $ 236.115 mensuales. En lo que refiere a salarios, el Serpaj cobra por adolescente. Nosotros tenemos que desglosar lo que se paga de salarios del resto. Con el Serpaj, en lo que refiere a salarios, el costo mensual promedio anual en 2022 era de $ 401.933, con una carga de 56 horas. O sea que lo estamos llevando a la mitad y duplicando las horas a un promedio de 242 horas semanales. Así que podemos concluir que el costo del Serpaj es tres veces más que el actual, con la incorporación de 5 talleristas.
Quiero contar cómo fue la historia de lo que se está definiendo ahora porque en algún momento se cuestionó que fuera un tema político, pero no es así de ninguna manera. El 9 de junio de 2020 fue avalado por la presidenta del Inisa y la directora Betty Policard, del Frente Amplio. En ese momento estábamos solas porque todavía no se había incorporado Andrea Venosa y tampoco la referente nacionalista. Entonces, conforme a lo resuelto en el expediente n.º 1831 del 9 de julio del 2020, obrante a fojas 8 y avalado por la presidenta del Inisa, Rosanna de Olivera, y por Betty Policard, se decía: «Con la voluntad de estas autoridades de proceder a la rescisión del convenio que el instituto mantiene con la asociación civil Servicio Paz y Justicia, pase al Departamento de Convenios a los efectos de remitir telegrama colacionado a esa organización, otorgando la vista de precepto, así como dar cumplimiento respectivo, vinculando al cierre administrativo correspondiente».
Luego eso tuvo varias idas y vueltas, asume Sandra Etcheverry, el expediente vuelve al directorio y se resuelve por unanimidad, lo siguiente: «Habiéndose manifestado la voluntad de estas autoridades de proceder a la rescisión del convenio que el instituto mantiene con la asociación civil Servicio Paz y Justicia, pase al Departamento de Convenios a efectos de enviar telegrama colacionado a dicha organización, señalando que la misma operará una vez transcurridos diez días hábiles a partir de la recepción de la misiva». Por lo tanto, se tomó esa decisión en varias oportunidades, hubo idas y vueltas, los informes de jurídica fueron contradictorios y por eso se demoró, pero en la tercera oportunidad ya se había incorporado Rosario Pérez. No era un tema nuevo sino que ya se venía manejando desde el comienzo de la Administración y se pudo concretar. Como ustedes saben, a veces las instituciones públicas tienen sus burocracias y lentitud; hay que ser muy precavido y tomar las decisiones necesarias para llegar a los objetivos que se pretenden desde el directorio. Esto debe hacerse de manera correcta y sin pasar por encima de nada ni de nadie y, obviamente, ajustados siempre a derecho. Entonces, cuando los informes empezaron a contradecirse decidimos esperar el momento oportuno y, por suerte, se dio en esta ocasión.
También quiero decir que la estrategia de esta Administración es ampliar las ofertas educativas, como dije al principio, sin costo, si es posible. Aquí tenemos otras actividades educativas como cursos que dieron Mapfre, Unión Capital, el Inefop y otras empresas que colaboran gracias a su responsabilidad social. Nosotros siempre apostamos a la interinstitucionalidad y al apoyo de empresas privadas, voluntarios u organizaciones de la sociedad civil que quieran trabajar con nosotros. Si es sin costo, mejor, pero lo que más nos importa son los principios, conceptos y valores que esas organizaciones fomenten.
Por lo tanto, hay que mencionar la cantidad de organizaciones nuevas que se sumaron sin costo, lo relativo al costo del convenio con la asociación civil Servicio Paz y Justicia y el ingreso de los talleristas. Luego hay otros episodios que en realidad no están en ningún lado pero que me interesa señalar. Por ejemplo, está el caso de un chico alcoholizado y con vómitos que vino de un taller de la asociación civil Servicio Paz y Justicia. Aquí tengo el expediente por si lo quieren ver. Llegó sintiéndose muy mal y nosotros pensamos que había consumido alcohol en el centro. Se hizo una investigación y el Departamento Jurídico determinó que el joven vino alcoholizado de los talleres del Serpaj.
Como les decía recién, ellos van a otras organizaciones, como por ejemplo a la Fundación Telefónica o al Ceconeu, y nunca nos había pasado algo parecido. Aparentemente tomó alcohol en gel en el baño; habían notado que el chico había ido muchas veces al baño pero nos quedan dudas en cuanto al control. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de las organizaciones con las que trabajamos porque no puede suceder que mandemos a un adolescente y venga alcoholizado. Incluso cuando le hicimos la prueba de alcoholemia –varias horas después, porque el chico no quería hacerlo y se resistía– y el examen de sangre, pudimos constatar que había venido alcoholizado. Esas no son las instituciones que mejor se ajustan a la misión que se persigue.
