Guzmán A. Ifrán
La discusión abierta por las observaciones de la Cámara de Industrias del Uruguay al proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida merece bastante más que una respuesta automática a favor o en contra. La gremial industrial ha pedido eliminar o desglosar el artículo 140, que procura facilitar la participación de segundos importadores de productos ya registrados. Sus advertencias son atendibles. Uruguay tiene costos de producción elevados, una escala pequeña y exigencias que no siempre encuentran equivalentes en los mercados desde los cuales llegan las importaciones. Exponer a quienes producen, invierten y generan empleo en el país a una competencia artificialmente asimétrica puede terminar debilitando capacidades productivas que después resultan muy difíciles de recuperar.
También deben considerarse los riesgos concretos señalados por los industriales. La eventual aparición de importadores de oportunidad, capaces de colocar excedentes regionales o partidas adquiridas a valores extraordinariamente bajos, puede producir distorsiones.
Del mismo modo, es razonable preguntarse quién invertirá en introducir, registrar y desarrollar una marca si, poco tiempo después, un tercero puede aprovechar parte de ese esfuerzo sin asumir costos equivalentes.
La trazabilidad, la calidad, las responsabilidades sanitarias y las garantías para el consumidor no son detalles. Una buena política de competencia debe contemplarlos y la reglamentación tendrá que ser especialmente rigurosa.
Pero escuchar esos argumentos no obliga a aceptar que toda modificación del statu quo sea inconveniente.
Existe una resistencia natural a los procesos desregulatorios. Empresas y sectores que durante años organizaron sus negocios bajo determinadas reglas pueden procurar preservarlas porque les ofrecen previsibilidad y, en algunos casos, posiciones comerciales favorables.
Eso es comprensible, pero el interés particular de cualquier sector —por legítimo que sea— no puede confundirse automáticamente con el interés general. Si una regulación limita innecesariamente la entrada de competidores, restringe las opciones disponibles o contribuye a sostener precios más elevados, corresponde revisarla.
Uruguay es un mercado pequeño y caro. Para una familia, la competitividad no es una abstracción económica. Se expresa en cuánto rinde el salario cuando llega al supermercado, a la farmacia o al comercio.
Más competencia puede ampliar las posibilidades de elección y ejercer presión sobre los precios, aumentando la capacidad real de consumo. El consumidor también forma parte de la ecuación productiva y no debería quedar relegado cada vez que una apertura amenaza equilibrios comerciales preexistentes. Defender la competencia no significa desconocer a la industria nacional, así como defender a la industria nacional no debería significar inmunizarla frente a toda competencia.
El desafío, por tanto, no consiste en elegir entre fábricas o consumidores. Consiste en construir reglas que protejan aquello que realmente merece protección.
Hay que impedir prácticas desleales, exigir idénticos estándares de calidad y seguridad, asegurar trazabilidad y responsabilidades claras y, simultáneamente, atacar los costos estructurales que restan competitividad a quienes producen en Uruguay.
Pero una vez garantizado un terreno razonablemente equilibrado, la competencia debe poder funcionar. El Estado no debería garantizar mercados cautivos ni rentabilidades; debería garantizar reglas justas.
Cuidar la industria nacional es cuidar inversión, conocimiento y puestos de trabajo. Cuidar al consumidor es defender el poder adquisitivo de esos mismos trabajadores y de sus familias.
Una política moderna de competitividad debe hacer ambas cosas.
Ni apertura ingenua que sacrifique producción genuina frente a distorsiones externas, ni proteccionismo defensivo que traslade al consumidor el costo de conservar privilegios o ineficiencias. Uruguay necesita empresas capaces de competir y ciudadanos capaces de elegir. Encontrar ese equilibrio es, precisamente, la reforma que vale la pena hacer.
En mi opinión, el camino a seguir debería inspirarse en aquella concepción que Karl Schiller formuló y llevó a la política económica alemana, procurando combinar la libertad y la competencia propias del mercado con una intervención pública limitada a aquello que verdaderamente la requiere. Parafraseando su célebre máxima, Uruguay necesita tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Ese debería ser también el espíritu de una verdadera Ley de Competitividad, capaz de abrir mercados y estimular la competencia sin renunciar a reglas que garanticen equilibrio, calidad y condiciones justas para quienes producen, invierten y consumen.
