La paradoja cubana

Guzmán A. Ifrán

Durante décadas, el régimen cubano sostuvo que la planificación centralizada era no solamente superior al capitalismo, sino también la única vía posible para garantizar la justicia social. Sin embargo, la realidad posee una costumbre incómoda para los dogmas: termina imponiéndose. Y eso es exactamente lo que acaba de ocurrir en Cuba.

En los últimos días, la dictadura encabezada por Miguel Díaz-Canel anunció y comenzó a instrumentar el paquete de reformas económicas más profundo desde el triunfo de la Revolución de 1959. La magnitud de los cambios es difícil de exagerar. Se habilita una mayor participación del sector privado en áreas antes reservadas al Estado, se amplían las facultades de las pequeñas y medianas empresas, se otorga autonomía económica a municipios y empresas estatales, se flexibilizan las reglas para la inversión extranjera, se permite una participación mucho más activa de los cubanos residentes en el exterior, se crean mecanismos financieros más modernos, se abren espacios para la banca privada, se habilitan desarrollos inmobiliarios privados y se avanza hacia una transformación sustancial de numerosas empresas estatales.

La sola enumeración de estas medidas constituye una admisión implícita de algo que durante décadas fue considerado una herejía política: el modelo económico cubano fracasó.

Y fracasó porque ninguna sociedad puede desarrollarse de manera sostenible cuando la iniciativa individual es sofocada, cuando la propiedad privada es limitada, cuando la innovación depende de autorizaciones burocráticas y cuando el Estado pretende decidir desde un escritorio qué producir, cuánto producir y a qué precio venderlo.

La historia económica de Cuba es, en buena medida, la historia de una sucesión de intentos por corregir las consecuencias de decisiones equivocadas. Primero fue el subsidio soviético. Luego llegó el denominado Período Especial tras la caída de la Unión Soviética. Más tarde aparecieron aperturas parciales al turismo, a determinadas actividades privadas y a la inversión extranjera. Cada vez que la realidad económica amenazó con provocar un colapso, el régimen aflojó parcialmente las riendas para luego volver a tensarlas. Lo que ocurre ahora parece ser bastante más profundo porque la crisis actual también lo es. La escasez de combustible, los apagones, la caída del turismo, la emigración masiva y el deterioro de los servicios públicos han colocado al sistema frente a una situación extremadamente delicada.

Desde una perspectiva económica, muchas de las reformas anunciadas son correctas. Más mercado suele generar más producción. Más competencia suele generar más eficiencia. Más inversión suele generar más empleo. Más libertad económica suele generar más prosperidad. Negar eso sería desconocer no solamente la teoría económica sino también la evidencia acumulada por decenas de países durante las últimas décadas.

Sin embargo, es precisamente allí donde aparece la gran paradoja cubana.

Porque el objetivo final de un pueblo no debería ser solamente vivir mejor. También debería ser vivir libre.

Y la experiencia internacional demuestra que ambas cosas no siempre avanzan juntas.

China constituye el ejemplo más evidente. A partir de las reformas impulsadas por Deng Xiaoping, el gigante asiático incorporó enormes dosis de mercado a una estructura política que siguió siendo esencialmente autoritaria. El resultado fue extraordinario en términos de crecimiento económico y reducción de la pobreza. Pero también permitió consolidar uno de los sistemas de control político más sofisticados del planeta.

La pregunta que hoy debería formularse cualquier observador de buena fe es si Cuba está recorriendo un camino similar.

Porque existe una diferencia sustancial entre liberalizar una economía y democratizar una sociedad. La primera puede realizarse gradualmente y bajo supervisión estatal. La segunda implica distribuir poder, aceptar la pluralidad política, tolerar la crítica, respetar la libertad de expresión y permitir que los ciudadanos elijan libremente a sus gobernantes.

Nada de eso figura en los anuncios realizados por La Habana.

Por el contrario, las propias autoridades han sido enfáticas al señalar que estas reformas buscan preservar el sistema político vigente y garantizar la continuidad del proyecto revolucionario. Es decir, la apertura económica aparece concebida no como una transición hacia la democracia, sino como un mecanismo de supervivencia del régimen.

Y allí radica el verdadero dilema.

Si las reformas fracasan, el sufrimiento económico del pueblo cubano continuará agravándose. Pero si tienen éxito exclusivamente en el plano económico, podrían terminar fortaleciendo la estabilidad de un sistema que sigue negando libertades fundamentales.

Por eso la discusión sobre Cuba no debería limitarse a celebrar o cuestionar medidas económicas concretas. El debate de fondo es mucho más profundo. Se trata de determinar si la prosperidad material será utilizada como puente hacia una sociedad más abierta o como instrumento para consolidar indefinidamente un régimen de partido único.

El pueblo cubano merece desarrollo económico. Merece salarios dignos. Merece inversión, crecimiento y oportunidades. Merece supermercados llenos, energía disponible y perspectivas de futuro para sus jóvenes. Pero merece también algo igualmente esencial: el derecho a pensar distinto, a expresarse libremente, a organizarse políticamente y a elegir democráticamente su destino.

La prosperidad sin libertad puede aliviar necesidades. La libertad sin prosperidad puede resultar insuficiente. La verdadera meta debería ser alcanzar ambas.

Esa es, precisamente, la gran asignatura pendiente de Cuba.