La vergonzosa salida fácil

Guzmán A. Ifrán

Hay decisiones de gobierno que, más que resolver un problema, buscan administrar la responsabilidad por ese problema. Los recientes cambios dispuestos en la cúpula policial parecen encuadrarse precisamente en esa categoría.

Desde el oficialismo se presentan como una señal de reacción ante el deterioro de los indicadores de seguridad y la creciente preocupación ciudadana por la violencia que vuelve a instalarse en las calles del país. Sin embargo, la pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿cambiar algunos nombres dentro de la estructura policial modifica realmente las causas políticas que están detrás de la situación actual?

La seguridad pública es, por definición, una responsabilidad política. Las policías ejecutan, pero las orientaciones estratégicas, los mensajes institucionales, las prioridades y el respaldo político corresponden al gobierno. Por eso resulta difícil aceptar que, frente a una realidad que se ha agravado desde el cambio de administración, la principal respuesta consista en mover piezas dentro de la estructura operativa mientras quienes conducen políticamente el área permanecen indemnes frente a cualquier cuestionamiento.

Además, resulta injusto que las consecuencias de una crisis de seguridad terminen recayendo sobre hombres y mujeres que han dedicado décadas enteras al servicio policial. Más allá de las legítimas diferencias que puedan existir respecto de determinadas decisiones de gestión, muchos de los jerarcas desplazados poseen trayectorias profesionales extensas, reconocidas y construidas a partir de años de experiencia, sacrificio y vocación de servicio. Se trata de funcionarios que han desarrollado carreras completas dentro de la institución, enfrentando algunas de las etapas más complejas que ha vivido el país en materia de seguridad pública.

Nadie llega a posiciones de máxima responsabilidad dentro de la Policía Nacional por casualidad. Detrás de esos nombramientos existen años de preparación, conducción de equipos, gestión operativa y exposición permanente a escenarios de enorme complejidad. Son profesionales cuya capacidad técnica ha sido reconocida por gobiernos de distintos signos políticos y cuya dedicación al servicio público difícilmente pueda ser puesta en duda.

Da la impresión de que se intenta trasladar hacia algunos mandos policiales una responsabilidad que en realidad corresponde a quienes diseñan y conducen la política de seguridad. Sin señalar personas concretas ni atribuir intenciones individuales, el mensaje que recibe la ciudadanía es que el problema estaría en quienes ejecutan y no en quienes dirigen. Es una explicación cómoda, pero insuficiente.

Más aún cuando existe una percepción ampliamente extendida en distintos ámbitos vinculados a la seguridad de que la Policía Nacional no se siente respaldada por las actuales autoridades políticas. En una tarea tan delicada como el combate al delito, el respaldo institucional no es un elemento accesorio: constituye una condición esencial para que quienes deben actuar lo hagan con firmeza, convicción y confianza. Cuando ese respaldo se percibe como débil o ambiguo, inevitablemente se resiente la capacidad operativa del sistema.

La experiencia reciente del país demuestra precisamente lo contrario. Durante el gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou, la señal política hacia la Policía fue clara y consistente. Se podrá discrepar con decisiones específicas, como corresponde en democracia, pero difícilmente pueda discutirse que existió una voluntad explícita de fortalecer a la institución policial y respaldar su accionar dentro del marco de la ley. Esa diferencia de enfoque no es menor. Las instituciones también funcionan en función de las señales que reciben de quienes las conducen.

Por otra parte, estos acontecimientos vuelven a poner sobre la mesa una discusión más profunda. El Frente Amplio gobierna legítimamente porque así lo decidió la ciudadanía y ese mandato democrático merece absoluto respeto. Pero la legitimidad electoral no elimina la obligación de rendir cuentas por los resultados. Y cuando los resultados en materia de seguridad comienzan a deteriorarse, corresponde asumir las responsabilidades políticas correspondientes en lugar de buscar explicaciones exclusivamente administrativas u operativas.

La historia reciente tampoco ayuda al oficialismo. Durante los quince años anteriores de gobiernos frenteamplistas, Uruguay atravesó un período de fuerte expansión económica impulsado en buena medida por un contexto internacional excepcionalmente favorable. Sin embargo, aun en aquel escenario de prosperidad, la seguridad pública se consolidó como una de las principales preocupaciones ciudadanas. Los problemas estructurales ya estaban allí. Las dificultades para contener el avance del delito ya estaban allí. Y muchas de las discusiones que hoy vuelven a ocupar la agenda pública son, en realidad, viejos debates que nunca llegaron a resolverse.

Por eso los recientes cambios policiales generan más interrogantes que certezas. Porque si el problema es político, la solución también debe ser política. Y porque cuando una administración busca responsables hacia abajo antes de revisar sus propias decisiones, corre el riesgo de convertir a servidores públicos de trayectoria intachable, reconocida capacidad profesional y auténtica vocación de servicio en simples chivos expiatorios de errores que nacen mucho más arriba.