Recursos y prejuicios ideológicos
Marcelo Gioscia
Una vez más, la anunciada decisión del titular del Poder Ejecutivo de utilizar recursos del Ejercito Nacional para complementar las tareas y procedimientos de vigilancia y seguridad planificadas por el Ministerio del Interior, motivó la discusión interna en filas del propio gobierno.
El mismo Ministro de Estado que se manifestó contrario a la visita del Primer Mandatario, al portaaviones de los Estados Unidos, en el caso objeto de nuestra opinión, opinó que disponer de esos recursos militares (vehículos blindados que fueran donados por los Estados Unidos para ser utilizados en misiones de paz), para patrullar zonas de alta conflictividad de nuestra ciudad capital, “trasmite una mala imagen a la sociedad” y también advirtió sobre la “posible confusión de roles entre la Policía y las Fuerzas Armadas”.
Nuevamente sus declaraciones -aunque luego se haya llamado a silencio sobre el tema a nivel público- denotan sus prejuicios ideológicos y de paso contribuye a “marcar” su posición y la del Partido Comunista del que es referente.
Ello, por cierto, no contribuye al respeto de la autoridad del Sr. presidente de la República, quien sanamente entendió que debían utilizarse “todos los recursos disponibles” en apoyo a las políticas de seguridad en beneficio de la población, harta de tanta delincuencia.
En la pasada reunión de Gabinete, se avaló el uso de blindados, firmándose un convenio entre los Ministerios de Defensa Nacional e Interior, para habilitar a la Policía a valerse de los distintos vehículos de esta naturaleza que tiene a su disposición el Ejército Nacional. Más allá de la negociación que supondría una suerte de “autorización” de los Estados Unidos para hacer uso de los vehículos blindados que donó a nuestro país con un fin específico, y ahora se le pretende dar otro uso, debiera predominar en todo caso el correcto uso de todas las unidades y equipamientos que permitan reforzar la labor policial.
Obsérvese que, según ha trascendido, existen zonas de Montevideo donde las fuerzas del orden, ya no sólo las reciben con pedradas, sino con balazos y los efectivos arriesgan su vida en cada operativo, lo que resulta más que preocupante.
Resulta imprescindible -cada vez más- fortalecer la presencia de la autoridad estatal, ya que es inaceptable que grupos de delincuentes armados, tengan de rehén a la población trabajadora.
Esta población -nadie puede dudarlo- vive con miedo a quedar en medio de las balaceras que por dominar territorios y por “ajustes de cuentas”, se suceden a diario.
Es la misma población que sufre, además, el estigma de vivir en barrios eufemísticamente llamados: “de contexto crítico”, literalmente “tomados” por estos grupos y donde la ausencia de autoridad o su debilidad, no hace más que socavar el Estado de Derecho y la institucionalidad republicana.
Basta de prejuicios ideológicos, es hora de aplicar la Ley en favor de la defensa de valores fundamentales de todos los habitantes de este suelo y exigir de una vez por todas, el efectivo cumplimiento de las atribuciones que las normas jurídicas confieren a las autoridades públicas dentro del límite de sus competencias.
