Una compra poco justa

para un homenaje muy caro

Tabaré Viera

Por estos días, el Instituto Nacional de Colonización volvió a ser noticia. Pero no por haber adjudicado tierras a pequeños productores, ni por haber promovido el arraigo rural, ni por haber impulsado un nuevo modelo de desarrollo territorial. Esta vez, el INC fue protagonista por la compra de la estancia “María Dolores”, un campo de más de 4.400 hectáreas en Florida, por un valor cercano a los 33 millones de dólares. ¿Es legal? Podría ser, pero tengo alguna duda. ¿Es prudente, conveniente o justo? No.

La legalidad de la operación se ampara, entre otros elementos, en la Ley N° 11.029, que creó el INC en 1948, y su artículo 35, modificado por la Ley N° 19.577. Esta normativa establece que el Instituto tiene derecho preferencial para adquirir campos de más de 500 hectáreas índice CONEAT 100, siempre que iguale el precio y las condiciones ofrecidas por un privado. Es decir, el INC puede —y debe— intervenir en estas operaciones si considera que la tierra puede cumplir su función social y productiva, a favor de los pequeños colonos.

No obstante, el artículo 28 de la Ley N.º 11.029, que rige al INC desde 1948, es claro: antes de adquirir tierras, se debe realizar un estudio técnico-económico que evalúe ubicación, calidad del suelo, acceso a agua, vías de comunicación y condiciones agropecuarias. El objetivo es asegurar que las tierras sean aptas para la colonización y que su valor económico esté debidamente fundamentado.

¿Dónde está ese informe? ¿Se justificó formalmente pagar más de 7.000 dólares por hectárea en tierras que no son plenamente aptas ni necesarias para la instalación inmediata de colonos? Si el INC cumplió con este requisito, debería hacerlo público para garantizar transparencia. Si no lo cumplió, la irregularidad es grave.

Pero la clave no está solo en la legalidad, sino en la conveniencia. El criterio no puede ser el de gastar millones simplemente porque se puede. El deber de una administración pública responsable es gastar bien, y eso no ocurrió en esta oportunidad.

Estamos hablando de un campo adquirido por un extranjero por 11 millones de dólares, y que el Estado compra ahora por 33. Casi triplica su valor en pocos años. La hectárea se pagó a más de 7.500 dólares, cuando el promedio en Florida para suelos de índice 124 (como en este caso) está en el entorno de los 4.200 dólares según datos recientes del Ministerio de Ganadería. Más aún: unas 1.000 hectáreas del predio son inundables y, por lo tanto, no son útiles para una colonización intensiva. Además, el casco de estancia incluye construcciones de lujo, piscina y parque, que difícilmente puedan ser adaptadas al modelo de fraccionamiento previsto para colonos familiares.

En resumen: el INC invirtió una fortuna en un campo con condiciones poco adecuadas para el fin que se supone debe perseguir. ¿Por qué?

Porque, según explicó el propio secretario de Presidencia, Alejandro Pacha Sánchez, esta fue una forma de rendir homenaje al expresidente José Mujica, recientemente fallecido. Así lo dijo: “Una forma de honrar su legado”.

Pero el homenaje a Mujica, si ese era el objetivo, podría haberse hecho de otro modo. Con el mismo presupuesto, podrían haberse adquirido varias fracciones productivas en otras zonas del país, beneficiando a decenas de familias rurales. Eso sí sería un legado acorde al discurso que el expresidente cultivó. No una operación apurada, costosa y poco eficiente desde el punto de vista social y económico.

Los gobiernos se definen tanto por lo que hacen como por cómo lo hacen. Y este comienzo, con más de cien días de gestión, no ha sido auspicioso. No hubo anuncios trascendentes, ni rumbo claro en políticas claves como la seguridad, la educación o el empleo. Pero sí hemos tenido una ministra caída por su conducta tributaria, una jerarca del Puerto con antecedentes preocupantes, y ahora esta compra millonaria justificada como “homenaje”.

Este tipo de decisiones remiten inevitablemente a otros capítulos que el país recuerda con dolor: la regasificadora de Gas Sayago y sus pilotes sumergidos, los 800 millones de dólares que hubo que inyectar a ANCAP, la quiebra de PLUNA, el fiasco de Alas U, los subsidios fallidos a ENVIDRIO, el puerto de aguas profundas que nunca fue, o el tren de los Pueblos Libres que apenas circuló.

En todos estos casos hubo un hilo común: una voluntad política disfrazada de justicia social que terminó en despilfarro de recursos públicos. La compra de María Dolores parece ir en esa misma dirección. No se hizo en función del interés general, sino del impulso simbólico y político. No se pensó en los colonos, se pensó en el mito.

Y los homenajes, por legítimos que sean, no pueden pagarse con los recursos de todos. Sobre todo cuando hay tantas urgencias: miles de uruguayos sin acceso digno a la tierra, la salud mental en crisis, la educación esperando una reforma profunda, viviendas precarias, y un país que necesita crecer con equidad.

La función del Instituto de Colonización no es custodiar el relato histórico de ningún dirigente, por importante que haya sido. Su misión es promover el desarrollo rural justo, equitativo, productivo. Ojalá lo recuerden quienes hoy lo administran. Porque el dinero público no es eterno. Y la paciencia de la gente, tampoco.