Hacinamiento y rehabilitación de reclusos

Marcelo Gioscia Según lo informado por el Comisionado Parlamentario de Cárceles, nuestro país se ubica en el lugar número doce -a nivel mundial- con mayor población privada de libertad por cada cien mil habitantes, y ese no es un dato menor. Y lo que resulta por demás preocupante es que, el porcentaje de reclusos que efectivamente lograrán ser rehabilitados socialmente, luego de recuperar su libertad es mínimo, ya que sólo un diez por ciento de ellos tendrán oportunidades de integración social. Si bien sabemos que la problemática que ofrece el sistema carcelario: de “extrema dificultad” no es de ahora, sino que se arrastra desde hace mucho tiempo, bueno es saber que se proponen cambios tanto para el INR (Instituto Nacional de Rehabilitación) dotándolo de mayores recursos, más personal y mejores remuneraciones, transformándolo en un ente de naturaleza descentralizada, para fortalecer su gestión, impulsando “acuerdos interinstitucionales y políticos” para mejorarlo. En ese sentido, la propuesta de crear una Comisión de Seguimiento Asistencial de las Políticas Sociales Penitenciarias, que informe a la Asamblea General sobre los temas relativos a la salud, educación, cultura, asistencia y apoyo en todos los aspectos al sistema carcelario, debiera tenerse en cuenta, para encarar de una buena vez la solución de esta infame realidad que existe en nuestro Estado de Derecho. Es cierto que la herencia recibida por el actual gobierno, luego de quince años de gobiernos que se auto proclamaban “defensores de los derechos humanos” ha sido verdaderamente calamitosa, pero es tiempo de demostrar la diferente forma de encarar la problemática y encauzar las vías que deben recorrerse. Ya sea para mejorar lo que se advierte y reconoce como un sistema colapsado –desbordado demográficamente- y comprometido, como para resolver el problema de la limitación de los recursos de que se dispone, así como encarar la solución del “mal diseño institucional” que se padece. Hoy la realidad que se constata en el  informe de marras, suma al hacinamiento, la ausencia de tratamiento para las adicciones, la falta de operadores, como de programas de educación y capacitación suficientes…si a esto le agregamos la falta de presupuesto, la situación se vuelve por demás caótica. Las personas privadas de libertad no tienen derecho a una capacitación, salud, seguridad y comunicación y el treinta y cuatro por ciento de ellas -según el mismo informe- son objeto de tratos crueles e inhumanos o degradantes. La superpoblación carcelaria, sumada a la falta de personal, provoca por un lado el agotamiento de los operadores y por otro, la ausencia de un “régimen de patio” que pueda cumplirse regularmente, por eso gran parte de los privados de libertad, pasan sus jornadas en un encierro total, lo que facilita situaciones de violencia. Se impone llevar adelante el Plan de Dignidad Carcelaria, pero el mismo resulta insuficiente si no se tienen en cuenta las puntualizaciones y sugerencias del informe que nos ocupa, para lograr las necesarias correcciones que se reclaman. Ardua tarea es la que se tiene por delante frente a esta delicada situación que padece nuestro país