El clásico problema de la violencia.

Ricardo Acosta

El clásico entre Peñarol y Nacional por el Torneo Intermedio terminó con triunfo aurinegro por penales tras un empate sin goles en 120 minutos. Un partido parejo, con tensión y poco brillo.

Pero lo que verdaderamente marcó esa tarde no fue el resultado, sino lo que ocurrió dentro del estadio. Un policía fue herido de gravedad por una bengala náutica lanzada desde la tribuna Colombes. El impacto le provocó una lesión intestinal grave y la extirpación de un testículo. El efectivo sigue internado. Ese fue el verdadero hecho detonante, y no un «incidente», sino un ataque deliberado dentro de un espectáculo público.

A pesar de la gravedad, el ministro del Interior calificó el operativo como “cumplido a la perfección”, minimizando lo sucedido al apuntar que la policía solo puede intervenir hasta la puerta del estadio y que la seguridad interna es responsabilidad exclusiva de los clubes y la AUF. Cuando dijo que “prácticamente no hubo violencia”, lo hizo mientras el herido seguía en CTI.

Ante esta postura, se convocó una reunión de tres horas entre el Ministerio, Peñarol, Nacional y la AUF. Y a esa instancia la siguió un comunicado con medidas que deberán implementarse de inmediato:

*Prohibición de banderas de gran porte en partidos de alto riesgo, e imposibilidad de abrir puertas si su uso impide identificar a quienes están en las tribunas.

*Control y revisión corporal de todas las personas que ingresen con funciones dentro del estadio: desde proveedores y vendedores hasta dirigentes o técnicos.

*Acceso total a todas las instalaciones del inmueble para que la policía pueda inspeccionarlas, incluyendo depósitos y zonas internas.

*Relevamiento exhaustivo de la infraestructura y del sistema de videovigilancia, obsoleto en muchos casos.

*Clásicos en estadios propios ( Campeón del Siglo, Gran Parque Central) se jugarán sin público visitante.

*Creación de dos comisiones permanentes entre el Ministerio, AUF y clubes, para asegurar seguimiento normativo y operativo de estas nuevas medidas.

Hay puntos de esta agenda con los que podría estar de acuerdo. Sin embargo, sigue preocupando que la regulación política del conflicto permita a la policía escudarse en un vacío legal, como que solo puede actuar hasta la puerta del estadio, mientras deja a seguridad privada a cargo del control interno. Un vigilante privado no está capacitado para detectar armas pirotécnicas prohibidas; esa tarea debería corresponder a la Guardia Republicana.

El desafío político va más allá del fútbol. No se trata de sancionar a un club por otra bengala. Se trata de impedir que un ataque grave sea diluido por la lógica del lucro y el relato. Porque lo que está en juego no es quién lanzó más, sino quién asumirá el costo real: el poder político con su obligación de proteger al ciudadano, o los clubes convertidos en organismos de recaudación, sin compromiso real con la seguridad.

Es momento de marcar un límite: si va a haber responsabilidad institucional, debe empezar por el Ministerio que minimiza, que delega sin control, que ahorra palabra y posterga la acción. Y debe continuar con la AUF y los clubes que hasta ahora ignoran que lo que ocurrió fue un intento de homicidio dentro de un espectáculo que sin controles efectivos ya no es deporte, sino peligro.

El uso de la palabra «perfección» para describir un operativo que terminó con un policía mutilado y otro lesionado no puede pasar como una simple torpeza verbal. Es una construcción política premeditada: relativizar lo ocurrido, diluir responsabilidades y evitar que el costo recaiga sobre el ministerio. Todo esto en medio de un contexto donde la propia Guardia Republicana exige explicaciones, cuestiona el accionar de sus jerarquías, y denuncia que no se suspendió el partido a pesar de la gravedad del ataque.

Mientras un policía pelea por su salud tras un ataque directo con una bengala, los actores institucionales parecen más ocupados en discutir formalismos que en exigir justicia. Se observa una disputa por evitar el golpe político, por conservar imagen, por redirigir responsabilidades. Y en el medio de todo eso, el policía herido queda olvidado.

Esa discusión, casi infantil, desnuda el verdadero drama: la deshumanización del hecho. Acá no están discutiendo cómo evitar otra tragedia. Están viendo quién saca ventaja. Quién gana en el escritorio lo que no pudo en la cancha. Quién sale menos golpeado en la opinión pública.

El Estado tampoco da ejemplo. No solo no se suspendió el partido, sino que el ministro del Interior fue incapaz de reconocer la dimensión del fracaso. El operativo fue «perfecto», dijo. Perfecto, con un arma de fuego dentro de un estadio. Perfecto, con más de una docena de bengalas encendidas. Perfecto, con un funcionario estatal mutilado. Banderas de ambos equipos en las tribunas contrarias. Caras tapadas delinquiendo.

Casi todos estamos de acuerdo.

La gestión fue mala. Y peor aún fue la respuesta política. Porque cuando se naturaliza que un espectáculo masivo tenga ataques de esta magnitud sin consecuencias claras, lo que está fallando no es el operativo: es la ética del poder.

Mientras tanto, nos preguntamos cosas tan básicas como por qué había policías en la tribuna América con periodistas deportivos, pero no en la tribuna de donde salió el proyectil. Y si esto hubiese sido en otro ámbito ,una fiesta privada, un recital… ¿O es que en el fútbol vale todo?

Lo que estamos viendo no es solo violencia.

Es una cadena de complicidades, cobardías y silencios. No es una bengala lo que atraviesa la ingle de un policía: es el desprecio de un sistema que ya no distingue entre espectáculo, negocio y crimen.