Decisión soberana
Marcelo Gioscia
El próximo domingo 27 de Marzo, nuestro país vivirá una jornada cívica que, prevista en la Constitución Nacional, no hará más que reafirmar otro peldaño del fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas, luego del oscuro período de la dictadura cívico militar, que superamos. Los que integramos el Cuerpo Electoral, tendremos no sólo el deber, sino además la oportunidad de pronunciarnos en el Referéndum (que tiene por fin derogar o mantener 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración) sólo optando por una u otra de las papeletas habilitadas por la Corte Electoral a tales efectos, o por ninguna de ellas, con todas las garantías que tiene nuestro sistema republicano y democrático, para el ejercicio del voto en cada uno de los rincones de nuestro territorio. Se trata en suma, de un deber cívico pronunciarnos, mucho más allá de los partidos políticos objeto de nuestra pertenencia o simpatía. Será un acto de responsabilidad ciudadana el poder pronunciarnos. Nuevamente el porcentaje de indecisos -que no es menor- será el que definirá uno u otro resultado. Dentro de ese grupo de ciudadanos, aparecen quienes no muestran su afinidad partidaria y los que manifiestan claramente que no les interesa para nada la militancia política. Este conjunto de connacionales si se quiere, “silenciosos”, son aquellos que definirán el triunfo de una u otra opción, en esta suerte de “ejercicio de campaña electoral anticipada”, en la que nos hemos visto inmersos, donde han quedado al descubierto dos concepciones del país que queremos. Pues nadie podrá decir que, el contenido de esta Ley no haya sido anunciado, mucho antes de que la Coalición Republicana lograra imponerse en las urnas, frenando la posibilidad de un cuarto período de gobierno al Frente Amplio. Mucho menos, a nadie podrá serle ajeno que, el tema seguridad fue -entre otros, no menos importantes- el que precipitó la necesidad de un cambio de rumbo. Y la ciudadanía ya cansada, dijo: basta. Y vaya si esta Ley -cuyos artículos en esa materia sus detractores pretenden derogar- ha logrado un cambio positivo en materia de seguridad y de respeto a la autoridad pública de la policía, como hacía tres lustros que no se veía. Derogar estas normas, significaría un claro retroceso. Debe prevalecer el sentido común y éste indica a nuestro leal entender, no dar marcha atrás. Este Gobierno ha dado muestras de buena administración y de respeto por nuestros derechos y libertades. En tiempos de pandemia, ha apostado por la libertad responsable (cuando sus opositores le reclamaban el encierro obligatorio como aplicaron nuestros vecinos) los resultados en materia económica -transcurridos dos años de este período y pese al necesario aumento del gasto social- son alentadores, ¿por qué razón entonces es que debiera trancarse este impulso? Se han utilizado todo tipo de falacias para lograr la derogación de estos artículos, ahora tampoco les sirve que, sea el propio Presidente de la República quien explicite las bonanzas de esta Ley en rueda de prensa. ¿Temen acaso que este legítimo derecho, arroje más luz y permita definir su voto a quienes aún no se han decidido? Sin dudas, seremos parte de una decisión histórica.
