40.000 razones para no demorar más

Fátima Barrutta

En 2020, el Grupo Interagencial de Género de Naciones Unidas (GIG), el Centro de Estudios Jurídicos de Uruguay (CEJU) y la Fiscalía General de la Nación presentaron dos guías sobre “estereotipos de género y estándares internacionales sobre derechos de las mujeres”, una dirigida al Poder Judicial y otra específica para los fiscales, en un evento propiciado por la vicepresidente de la República Beatriz Argimón.

En esa oportunidad, ella advirtió que “la violencia de género es un flagelo internacional”, y defendió la importancia del Día Internacional de la Mujer como plataforma para combatirla.

Al decir de la vicepresidente: “mientras exista la violencia de género a nivel mundial, mientras la trata sea una forma de esclavitud del siglo XXI, mientras en el mundo todavía haya sociedades donde las niñas son obligadas a casarse, mientras haya diferencias salariales ‒como en Uruguay‒, mientras la cara de la pobreza siga siendo la de niñas y mujeres, y puedo seguir enumerando, evidentemente vamos a tener que seguir conmemorándolo”.

Días pasados el país dio un nuevo paso en la profundización de esta temática, al presentarse la publicación “Investigación y litigio de femicidios: guía de actuación para fiscales”, en el que nuestra Fiscalía adapta a la realidad y contexto jurídico uruguayo, un modelo de protocolo elaborado por la Oficina Regional para América Latina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y ONU Mujeres. 

Hay una realidad que debe llamarnos no solo a la reflexión, sino a la acción inmediata: la cifra de 40.000 denuncias de violencia de género, año tras año, no baja.

Medidas asertivas que se han tomado en este gobierno, como la compra por parte de la ministra de Economía y Finanzas de miles de tobilleras, para cubrir los faltantes que existían al momento de asumir el gobierno, y la reciente apertura de juzgados especializados en el interior, no oculta que la grave problemática sociocultural que nos aqueja dista mucho de resolverse o al menos atenuarse significativamente.

Lo que personalmente me preocupa es el tiempo excesivo que nos tomamos en el sistema político para concretar avances; salir del diagnóstico y atacar de lleno la búsqueda de soluciones.

Al respecto me caben las generales de la ley: en breves períodos de esta legislatura en que asumí una banca de diputada, dado que había sido elegida como suplente, me preocupé de presentar proyectos de ley que fueran al centro de los problemas y ayudaran a su solución.

Tal fue el caso del proyecto que previene la llamada “violencia digital”: definida como toda acción dolosa, realizada a través de medios digitales o redes sociales, destinada a exponer, distribuir, exhibir, difundir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar o compartir “imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, aprobación o autorización”.

Nuestro proyecto consiste en incorporar este artículo a la ley número 19.580, denominada “Violencia hacia las Mujeres Basada en Género”.

Fue realizado en febrero de 2021 y destinado a la Comisión Especial de Equidad y Género de la Cámara de Representantes el día 3 de marzo de ese año.

Hoy, un año entero después, aún sigue a estudio de esa Comisión.

Y lo mismo puede decirse de otros dos proyectos que presenté por la misma época: el que modifica y previene la Violencia Obstétrica y el que establece condiciones de paridad en la representación femenina en listas políticas y cargos públicos.

Ambos ingresaron en ese tiempo y siguen a consideración de la comisión.

Obviamente no me corresponde cuestionar los tiempos que toman para estudiarlos y enriquecerlos, pero me parece importante poner el foco en que estos problemas (sobre todo los que atañen a la violencia basada en género), no pueden ni deben diferirse, en la medida que representan reales urgencias ciudadanas.

El nuestro es un país que se ha caracterizado por la calidad y cantidad de sus diagnósticos, pero que solo los ha llevado a la práctica al impulso de liderazgos políticos, como en sus épocas caracterizaron a tres generaciones de la familia Batlle.

Hay un tiempo para planificar pero debe haber otro para hacer.

Las 40.000 denuncias anuales por violencia basada en género son un grito que no debería adormilarnos.

Porque para eso estamos quienes entregamos nuestra vida a la actividad política: para hacer que las cosas pasen, en beneficio de la sociedad.