La ley de pres-impuesto nacional
Guzmán A. Ifrán
El nuevo Presupuesto Nacional no trae únicamente ajustes contables: trae un aumento significativo de la carga impositiva que golpeará a empresas, trabajadores y consumidores. Se lo presenta con eufemismos como “convergencia fiscal” o “alineación con estándares internacionales”, pero en la práctica lo que implica es que los uruguayos deberán pagar más. Este incremento impositivo cristaliza un flagrante incumplimiento de campaña del hoy Presidente Orsi, quién en el debate presidencial del 17 de noviembre de 2024, mirando fijo a la cámara y a los uruguayos a los ojos, espetó directa, textual y explícitamente: “no vamos a aumentar los impuestos”.
Ahora analicemos punto por punto y desagreguemos específicamente los incumplimientos de campaña del presidente.
1. Impuesto Mínimo Complementario Doméstico (Pilar 2/OCDE). Uruguay introduce un mínimo del 15% para los grandes grupos multinacionales. Lo que parece un alineamiento técnico en realidad es un impuesto nuevo que encarece la inversión y reduce la competitividad del país. A partir de ahora, cualquier beneficio fiscal legítimamente otorgado por Uruguay queda neutralizado: si la empresa paga menos aquí, se le cobra la diferencia. En otras palabras, Uruguay renuncia a su soberanía para fijar condiciones de atracción a la inversión y se somete a una regla impuesta por fuera.
2. Cambios en el IRPF para rentas del exterior. Se eliminan exoneraciones históricas y se gravan rentas e incrementos patrimoniales obtenidos fuera del país. Acciones, inmuebles, bonos y cualquier inversión en el exterior pasan a estar alcanzados. Este es un salto cualitativo en la presión fiscal: el Estado extiende su mano hasta la renta que un uruguayo obtiene fuera de fronteras. Se trata de una clara señal de desconfianza hacia los contribuyentes y un estímulo a la salida de capitales. En vez de incentivar el ahorro y la diversificación, se lo penaliza con un esquema que multiplica la doble imposición y castiga a quienes buscan proteger su patrimonio.
3. IVA a las compras en plataformas digitales, el llamado “impuesto Temu”. Lo que hoy es una válvula de acceso a bienes más baratos para miles de familias de clase media y baja, pasará a estar gravado con 22% de IVA, con un mínimo de 20 dólares por envío. Aunque se mantiene la franquicia aduanera hasta 800 dólares anuales, el costo real de cada compra subirá de forma inmediata. Se castiga al consumidor común en nombre de la equidad, cuando en realidad lo que se está haciendo es encarecer la vida cotidiana en un momento de salarios estancados y poder adquisitivo en retroceso.
Estos tres puntos son, en esencia, subas de impuestos disfrazadas de modernización tributaria. No corrigen inequidades, las trasladan. No promueven desarrollo, lo frenan. Y no construyen confianza, la erosionan. Uruguay se compromete a más carga fiscal en un contexto de bajo crecimiento y estancamiento de la inversión. El resultado previsible será menos dinamismo económico, más informalidad y una ciudadanía que siente, una vez más, que el Estado prefiere exprimir antes que administrar con eficiencia.
En contraste, el gobierno de la Coalición Republicana encabezado por Luis Lacalle Pou actuó de manera opuesta: redujo impuestos para aliviar a trabajadores y jubilados. En marzo de 2023, cerca del 14% de los contribuyentes de menores ingresos dejaron de pagar IRPF gracias al aumento del mínimo no imponible y mayores deducciones. También se elevó el umbral del IASS, pasando de 8 a 9 BPC, y se incrementó el crédito por arrendamiento. Es decir, se bajaron impuestos reales a los sectores medios y bajos, reforzando la idea de que el camino no es cargar más tributos sino dar aire a la ciudadanía.
Concluyentemente, el capítulo tributario del presupuesto actual es un error grave. Penaliza la inversión extranjera, grava el ahorro legítimo de los uruguayos y encarece el consumo popular. La alternativa está clara: en lugar de subir impuestos, se debe seguir la senda de reducción de cargas, como lo hizo la administración anterior, y acompañarla con un Estado más eficiente y menos gastador. Ese es el camino hacia un Uruguay con verdadera justicia fiscal, real promoción a las inversiones y, por sobre todo lo demás, efectivo alivio al bolsillo del uruguayo medio, honesto y trabajador.
