En Argentina la libertad no avanza, retrocede.

Daniel Manduré

El próximo 26 de octubre se llevarán a cabo las próximas elecciones legislativas en Argentina. Las que permitirán renovar en forma parcial y por los próximos dos años, las cámaras de senadores y diputados. Las mismas se desarrollarán en un clima de profunda tensión y agresiva confrontación. Lo que debería ser un momento de fiesta cívica, de reafirmar ese fuerte compromiso democrático y de alta participación ciudadana parece haberse transformado casi que en un calvario para buena parte de los argentinos. Donde los sondeos muestran un alto grado de desmotivación, apatía, desidia y sobre todo de descreimiento. Debe ser difícil poder estar en el lugar de un ciudadano argentino y tener que elegir entre las alternativas posibles. No me gustaría estar en ese lugar.

Decepción, desencanto y desconfianza domina a buena parte de la ciudadanía. La verdad, no es para menos. En un país donde la pelea y el insulto permanente al adversario dominan el horizonte desde hace mucho tiempo. Esa famosa grieta donde nadie contribuye a cerrar. Un país en el que la corrupción tanto en la esfera pública como privada sigue siendo un gran problema. Donde el desborde populista no conoce de izquierdas ni derechas. En el dialogo es imposible. Donde se toma a la tolerancia como un síntoma de debilidad cuando en realidad es todo lo contrario, porque sobre ella se construye la fortaleza de una república. Donde la intransigencia parece cortar el aire hasta hacerlo irrespirable.

Cuando ya no queda a quien agraviar, los dardos comienzan a caer sobre la prensa, que, como en toda profesión los hay buenos y de los otros pero nunca la libertad de expresión debe ser rehén de conflictos políticos. Los ataques hacia los medios son de larga data. 

Salvo el fanático, ese  que no piensa, el resto de la ciudadanía se debe encontrar en una gran encrucijada. En el que a veces da la sensación de que lo único posible para el electorado no es poder votar al mejor sino al menos malo. Lo que deja una señal de las peores, con un futuro desesperanzador, con un debilitamiento de la credibilidad y que lleva a golpear sobre las mismas bases del sistema.

Los antecedentes en la vecina orilla lo dicen todo, desde Perón y su autoritarismo, con un país durante décadas sumergido en una crisis profunda en lo económico, social, cultural y de valores. Un expresidente como Alberto Fernández sobre el que pesa un procesamiento por hechos de corrupción en contratos de seguros por parte del estado, mediante intermediarios privados que cobraban fuertes comisiones. Causa que se une además a la otra que enfrenta el exmandatario acusado de violencia sobre su exesposa.

Con una expresidenta como Cristina Fernández presa, con una pena de 6 años que cumple con prisión domiciliaria por administración fraudulenta en prejuicio del estado en 51 licitaciones truchas de obra pública. El caso que se conoce con el nombre de “vialidad”. Cuando también esperan otras causas aún sin dilucidar, como “el cuaderno de las coimas” y la causa “Hotesur-Loa Sauces”.

A esta situación de enorme inestabilidad y fragilidad institucional, por si fuera poco, se le suman denuncias que involucran al actual gobierno. En febrero denuncias de fraude que recaen sobre Milei por el tema de las criptomonedas. Denuncias que aún están en curso. Ahora surge otra, en plena campaña electoral, que tiene implicados a jerarcas de la administración Milei, entre ellos a la secretaria de presidencia y hermana del presidente, Karina Milei  que aparece en audios que la vinculan como presunta beneficiaria de un circuito de posible corrupción en el cobro de coimas en el fondo de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Ante ello el gobierno no encontró mejor solución que silenciar a los medios de comunicación. La medida cautelar solicitada por Karina Milei e increíblemente aceptada por un juez es de no creer. La censura previa es inconstitucional.

Controlar y vetar la información antes de su difusión es de las peores cosas que un gobierno democrático puede hacer. Coartar el derecho de la población a informarse y de la prensa a informar libremente. Después de brindada la información si alguien se siente afectado por la misma, puede recurrir a la justicia. Pero siempre después, nunca antes. La decisión del juez es un claro abuso de autoridad.  En la cual se ordena el cese de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno. Pisoteando los principios básicos de la libertad de expresión. Sobre todo, cuando se trata de asuntos de interés público e involucra a funcionarios de gobierno. Habría que preguntarse: ¿Hay acaso un ser superior con facultades para decidir sobre que leer, escuchar u oír o sobre que temas son los que podemos informarnos o sobre los que no? Es sin dudas la libertad de expresión uno de esos valores sobre los que se sustenta la vida en democracia. Para todo hay límites y para ello se recurre a la ley cuando alguien puede sentir que cierta información puede ser falsa, violenta su privacidad o mancilla su honor.

Milei habla de complot y de una trampa de los “enemigos” de su gobierno y que es un ardid opositor para desestabilizar al gobierno, en plena campaña electoral. Puedes ser. De los perón-kirchneristas se puede esperar todo. Pero si así lo fuera, nada de ello, nunca, justifica la censura previa, coartando la libertad de expresión.

Difícil momento el de Argentina, cuando hacía esfuerzos, con aciertos y desaciertos para salir de esa angustiante crisis.

El elector está complicado y desorientado. No quiere volver a lo desastres del pasado, pero el remedio tampoco parece estar causando todos los efectos prometidos a tan larga enfermedad.

La libertad debe avanzar siempre y no cuando nos conviene. Con algunas medidas también retrocede.