Defendamos la utopía

César García Acosta

“A veces Orsi parece un político amateur, siendo un hombre que lleva toda su vida en la política. Y es también por estar acostumbrado a la política departamental. Y que me perdone la gente que hace política a nivel departamental, pero la política en ese nivel y el ejercicio del poder en el departamento tiene mucho menos vigilancia, escrutinios, controles y oposición. Tiene menos de todo, y se puede arreglar todo a través de los favores y la relación interpersonal. Los intendentes tienen las manos mucho más libres y están acostumbrados a estar menos controlados. Ese es el mundo en el que se crio Orsi, que es poco exigente”, esto lo dijo -en tono de sentencia- al semanario CRÓNICAS, el politólogo Adolfo Garcé.

Quizá esta conceptualización de la política haya pasado inadvertida. Pero la realidad es que se parece mucho más a un ataque subversivo, que a una opinión que lo que pretende es criticar un desbarajuste, pasándole la factura no -a la persona Yamandú Orsi-, sino a la condición de ex intendente del actual presidente de la República.

Y esto, en buen romance, -y vaya también en modo especulativo- se parece mucho a un mandado mal hecho, tanto o más que el que pretendió hacer Jorge Díaz a Orsi, cuando alegando a su favor intentó defenderlo diciendo que la rebaja del precio de venta de la cuestionada Hyundai Santa Fe, se la habían hecho una semana antes de asumir la primera magistratura del país, por lo que no había nada para reprochar desde el punto de vista legal.

En este mundillo entreverado y confuso, es cierto que el presidente no ha estado exento de recibir las esquirlas del “fuego amigo” generado desde sus compañeros, o que el periodismo denunciante lo que hizo fue su trabajo, pero este engendro con todas sus desprolijidades tuvo una fuente de la información que esta por fuera del tratamiento que se le dio cuando se comprobaron las irregularidades. Por eso es por lo que cuando salía un dato, sobrevenía otro dato aditivo que agrava el contexto determinado por el anterior.

Y es precisamente por todo esto que los dichos de Adolfo Garcé constituyen un profundo ataque institucional, porque lo hace al mejor estilo de la subversión intelectual del final de los años 60 en Uruguay, cuando al unísono -milicos y la oposición izquierdista-, atacaban desproporcionadamente a un puñado de ediles en Montevideo, pintando al país como el epicentro de una casta corrupta, mientras los libertarios de aquél entonces, y con sus discursos bastante parecidos a los de ahora, reivindicaban más allá del voto de los republicanos, una revolución que ni el Che Guevara ni los militares más radicales, reivindicaban en favor de sus historias mal contadas.

Los que como Garcé creen que hay gobiernos de primera y de segunda, lo que hacen con sus discursos es cuestionar la esencia de la democracia. Sobredimensionar el análisis en sí mismo demuestra soberbia: sostener que hay más controles en lo nacional que en lo departamental, para alguien que como Garcé, está preparado para entender la institucionalidad mejor que la media ciudadana tan solo por ser politólogo, obliga a preguntarle qué es lo que habilita a este estado cuasi anárquico al que alude, porque en realidad cada gasto que hace un intendente es intervenido por el Tribunal de Cuentas al menos dos veces: cuando lo dispone y cuando lo paga, y porque las instancias de control de gestión son las mismas a nivel nacional y departamental en cada etapa de rendición de cuentas bajo la lupa del Tribunal.

Lo que sucede a nivel departamental es que los que critican en un lugar son opositores en otro, por lo que censura adquiere visiones diferentes según el cristal con que se lo mire.

Pero vayamos a un ejemplo concreto: criticar el endeudamiento por fideicomisos o por préstamos bancarios cuando se pagarán más allá del tiempo de una gestión, se sostiene en que el disfrute de las obras lo harán varias generaciones, y no solo una. El Uruguay se construyó así sobre la base de los endeudamientos, y la capital del país, Montevideo, como toda metrópoli, es un ejemplo claro. Todas sus calles y avenidas fueron construidas de este modo; incluso las últimas grandes obras de la intendencia fueron planes del exintendente Daniel Martínez, que las hizo con la garantía de los ingresos futuros del fideicomiso SUCIVE que proyectó como aval los impuestos al cobro de su patente de rodados.

Quizá hoy mismo habría que hacer a nivel país aplicando los proyectos de participación pública privados, o los contratos CREMAF (Diseño, Construcción, Rehabilitación, Mantenimiento y Financiamiento), que son los que habilitaron la inversión privada en el período pasado para las rutas nacionales.

Este sistema podría replicar en lo departamental, aunque claro está, según Garcé -los intendentes no estarían calificados para opinar-.

Por ejemplo, si todos entendemos que la caminería rural tan criticada y poco jerarquizada, es el verdadero polo para el desarrollo local: no habría que desvalorizar a las intendencias al extremo del ridículo, sino todo lo contrario, habría que dotarlas de instrumentos que sirvan para mover a un país parado. Las CREMAF departamentales serían un instrumento válido no sólo para arreglar ñas rutas, sino también para generar empleo y mover la construcción en todo el país.

Este tipo de iniciativas dejan en evidencia la desproporción de la visión de Garcé.

Con este mecanismo, una empresa o consorcio privado se encargaría de diseñar, financiar, intervenir y mantener una ruta departamental, adoptando como forma de pago el financiamiento que logre el propio contratista de la obra civil inicial con su propio capital o créditos bancarios. Una vez que los tramos se van terminando y habilitando, el Estado comienza a pagar mediante «Títulos de Pago por Hito». La ventaja de este sistema es que los contratos son mucho más ágiles de licitar y estructurar que un proyecto público privado (PPP) tradicional, reduciéndose los plazos burocráticos sustancialmente, quedando siempre y hasta el final de las obras, un porcentaje razonable del pago final en garantía de la calidad de la obra.

Todo está inventado, pero la utopía no es un simple sueño irrealizable, sino que es el motor invisible que evita la parálisis de las sociedades y empuja hacia las fronteras de lo posible. A lo largo de la historia, lo que hoy consideramos derechos fundamentales nacieron en la mente de pensadores que se atrevieron a imaginar un orden social radicalmente distinto. Esa debería ser la obligación de Garcé como politólogo: mirar la institucionalidad desde el espacio ganado, y desde el cuestionamiento arbitrario.

Como decía Ortega y Gasset “yo soy yo y mis circunstancias y si no las salvo a ellas, no me salvo yo”. El «Yo” representa lo interior de las personas, sea su consciencia, decisiones, su cuerpo y su voluntad, mientras que la «circunstancia» es todo lo que nos rodea y que no elegimos, incluyendo nuestra historia, el país, la familia, la sociedad y los problemas cotidianos.

Personalmente, como municipalista, es por eso por lo que prefiero plantarme en el año de 1516 cuando Tomás Moro acuñó un término intencionadamente ambiguo como la Utopía, el no-lugar que, al mismo tiempo, es el buen lugar.

Conjugar estos dos conceptos adecuadamente es lo que nos permite sostener que el batllismo no es una filosofía teórica o abstracta, sino una corriente y doctrina política e ideológica que aplica por el sentido de sus postulados al margen de las personas. Todo lo demás, bueno o malo, queda reservado al fuero de lo individual.