Desarrollo sostenible, compromiso ético con la humanidad y las nuevas generaciones.

Andrea MADDALENA

Ingeniera. Especialista en Género, Cambio Climático y Desastres

Andrea Maddalena

El cambio climático hace referencia a la variación a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos del planeta, atribuida principalmente a la actividad humana, en especial, al uso de combustibles fósiles.

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) fue adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y tomó vigencia el 21 de marzo de 1994.  El  objetivo fundamental  de la CMNUCC es  lograr, de conformidad  con  las disposiciones pertinentes de la misma, la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero a un nivel  que impida  interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Se declara asimismo que ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.

Desarrollo sostenible y desarrollo sustentable son expresiones que se aplican al principio organizador, para alcanzar los objetivos de desarrollo humano y al mismo tiempo sostener la capacidad de los sistemas naturales de proporcionar los recursos naturales y los servicios del ecosistema en función de los cuales dependen la economía y la sociedad, atendiendo -muy especialmente- la preservación de los sitios históricos y culturales.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) u Objetivos Globales son diecisiete, interconectados, diseñados para lograr un futuro mejor y más sostenible para todos. Fueron establecidos en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (AG-ONU) y se pretende alcanzarlos para 2030. Están incluidos en una Resolución llamada Agenda

2030. Se desarrollaron en la Agenda de Desarrollo después de 2015 como el futuro marco de desarrollo global para suceder a los Objetivos del Desarrollo del Milenio en 2015.

Los objetivos de desarrollo sostenible son: fin de la pobreza; hambre cero; salud y bienestar; educación de calidad; igualdad de género; agua limpia y saneamiento; energía no contaminante; trabajo decente  y crecimiento económico; industria,  innovación e infraestructura; reducción de las desigualdades; ciudades y comunidades sostenibles; producción  y consumo  responsables;  acción  por el  clima; vida submarina; vida de ecosistemas terrestres; paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos.

Los resultados deseados son los referidos a una sociedad donde las condiciones de vida y los recursos se utilizan para continuar satisfaciendo las necesidades humanas sin socavar la integridad y la estabilidad del sistema natural.   También puede definirse como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas propias.

Uruguay, crea por Decreto Nro. 238/009 el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y variabilidad (SNRCC); por Ley Nro. 19439 en 2016 aprueba el Acuerdo de París sobre Cambio Climático y posteriormente, por Decreto Nro. 310/017 la Política Nacional de Cambio Climático y la primera Contribución Determinada a nivel nacional.

El Estado uruguayo en su conjunto, trabajando transversalmente a nivel de todos los Ministerios, entes autónomos y servicios descentralizados, gobiernos departamentales y la sociedad civil organizada, ha asumido la responsabilidad de guiar sus políticas públicas en torno al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con el objeto de avanzar en cada uno de ellos hacia el año 2030.

Los ODS nos brindan la coyuntura justa para priorizar los sectores de la sociedad más vulnerables, históricamente rezagados en cuanto a sus derechos. Actualmente existen las herramientas necesarias para brindarles oportunidades que les posibiliten inclusión y dignidad en el desarrollo de sus vidas, personales, profesionales y comunitarias.

Sabemos que el cambio climático es una amenaza para todas las personas, pero no las afecta a todas de la misma manera. Sus repercusiones se perpetúan y acentúan las desigualdades estructurales. Desigualdades socioeconómicas, de ingresos y exposición. Los procesos sociales incluyen dimensiones étnicas, generacionales, de género, discapacidades, culturales, económicas, territoriales, entre otras.

Es impensable promover mecanismos de adaptación al cambio climático, de manera efectiva y sostenible sin que ellos incorporen, en su diseño e implementación, la perspectiva de género. En el sector agropecuario en particular, las desigualdades se evidencian de manera significativa cuando focalizamos en espacios de decisión institucional pública y privada, los niveles de participación de mujeres rurales y del agro. La emergencia agropecuaria por déficit hídrico, durante los últimos tres años, confirma la existencia de desigualdades endémicas en la ruralidad uruguaya, también hoy en zonas urbanizadas de alta densidad de población.

A partir del Acuerdo de Paris en 2015, todos los países deben comprometerse con acciones de mitigación en relación al cambio climático, ya sea en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y/o remoción y/o secuestro de carbono.

Uruguay es productor y exportador de alimentos y fibras, apuesta a la calidad de sus procesos productivos lo que determina el valor agregado ambiental de los mismos. Producir de manera sostenible, cuidando los recursos naturales, la biodiversidad, atenuando y/o evitando la erosión de nuestros suelos, constituye una inmensa oportunidad para el país. Jerarquizar las cadenas alimentarias y a quienes las conforman, en el diseño de las políticas públicas, ha sido un desafío permanente.

Los cambios de hábitos y buenas prácticas permiten disminuir emisiones de metano y otras formas de gases de efecto invernadero; es importante cuantificar y certificar las mismas para fortalecer los mercados regulados de bonos de carbono.

El bono indexado a indicadores de Cambio Climático (reducción de la intensidad de las EGI y conservación del área de bosque nativo respecto al año 2012), promovido por Uruguay, ha sido punta de lanza a nivel mundial. Consolida las políticas de Estado de los

últimos 30 años vinculadas al desarrollo sostenible y bajo en carbono, y la importancia de la articulación institucional  y el compromiso sectorial entre MEF,  MA, MIEM, OPYPA y MGAP.

Las energías renovables (eólicas); el rubro forestación; la ganadería inteligente; la protección de áreas naturales; la educación ambiental; el turismo sustentable; los planes nacionales en respuesta al cambio climático, de adaptación en sectores como el agropecuario, ciudades e infraestructura y zonas costeras, actualmente, son herramientas que promueven sostenibilidad a través de las políticas públicas con alcance nacional y regional.

Uruguay, país agropecuario por excelencia, debe necesariamente mejorar la performance en lo ambiental, es fundamental para acceder a mercados cada vez más exigentes como por ejemplo la Unión Europea y Asia, en relación a la trazabilidad ambiental de los productos de consumo. Al mismo tiempo, mejorar nuestros aportes a la “carbono neutralidad” hacia el 2050 que a todos los países nos compromete de manera imperiosa, es una responsabilidad impostergable.

La fortaleza de nuestras instituciones democráticas depende de la inclusión de la diversidad y la pluralidad de la participación de la ciudadanía. Todos los sectores de la sociedad contribuyen a la economía del país; el respeto por los derechos humanos y la igualdad de acceso a oportunidades y servicios, contribuirán aún más a la consolidación de nuestras democracias y prácticas democráticas.

Las contribuciones de las sociedades todas, evidencian el compromiso ético y el contenido humano del mismo, en la mejora de la calidad democrática de los países.  Son determinantes, imprescindibles e infinitas, las resultantes de la sociedad uruguaya del siglo XXI para garantizar más igualdad de oportunidades, mejor calidad de vida con profunda mirada humanista y de derechos humanos para las generaciones futuras.

Reflexionar y generar opinión, en base a información de utilidad, sobre intereses globales que atraviesan la humanidad, es parte del desarrollo sostenible. Afirmación propia que sostenemos y desafiamos con nuestras acciones cotidianas, individuales y colectivas. Las acciones siempre legitiman los relatos.