El caso CONAPROLE en Rivera

Guzmán A. Ifrán

El anuncio del cierre de la Planta Nº14 de CONAPROLE en Rivera para el próximo 31 de octubre ha generado una comprensible alarma en el departamento y en buena parte del país. No se trata solamente del destino de 28 trabajadores formales, ni tampoco únicamente del impacto sobre los productores que proveen a esa planta. Se trata de algo más profundo: de una señal preocupante sobre la fragilidad estructural del desarrollo territorial en Uruguay.

Rivera ha sido históricamente un bastión de esfuerzo productivo y de trabajo digno. La presencia de una planta de CONAPROLE no es un mero dato industrial, sino parte del entramado identitario, económico y social de una región que, como tantas otras del norte, ha debido sobreponerse a desigualdades históricas en infraestructura, oportunidades y atención estatal.

Frente a este posible cierre, la respuesta no puede limitarse a la resignación técnica de que ‘no es rentable’. Porque si la rentabilidad define toda decisión, el mapa del Uruguay productivo se irá vaciando hacia el sur, dejando enormes extensiones del país en estado de abandono funcional. La rentabilidad también debe medirse en términos de arraigo, impacto comunitario y equidad territorial.

En este contexto, es destacable el accionar de referentes políticos del Partido Colorado como Marne Osorio, Richard Sander y Tabaré Viera. Osorio, actual diputado y exintendente, no solo participó de una reunión clave con los trabajadores el pasado 10 de julio, sino que días después, desde la Comisión Especial de Frontera con Brasil en la Cámara de Representantes, impulsó la convocatoria a los sindicatos y a CONAPROLE para abordar el tema con responsabilidad y compromiso. Como bien expresó: ‘No se trata solo de 28 trabajadores. Se trata de toda Rivera. De nuestra historia, nuestra economía y nuestro derecho a un desarrollo justo y equitativo en la frontera.’

También Richard Sander, como intendente departamental, ha acompañado de cerca las gestiones, manteniendo diálogo con distintos actores y respaldando institucionalmente las acciones necesarias.

El propio Tabaré Viera analizó como positivo el hecho de que se aseguraran los puestos laborales a los trabajadores mediante reasignaciones a otras plantas de CONAPROLE. Sin embargo, también señaló que la planta más próxima en términos territoriales es la de Florida, ubicada a más de 400 kilómetros de Rivera. Desde mi perspectiva, esto puede considerarse incluso una forma de despido indirecto, ya que impone un desarraigo forzado a los trabajadores, alejándolos de sus hogares, familias y redes sociales. Las decisiones empresariales que implican este tipo de reubicaciones deben contemplar no solo la dimensión económica, sino también los efectos humanos y sociales profundos que generan. No se trata solo de conservar un salario, sino de preservar una vida digna en el entorno que uno eligió para desarrollarse.

Ahora bien, la clave estará en traducir ese compromiso en acciones concretas: ¿hay alternativas de reconversión para la planta? ¿Es posible un régimen especial como zona franca industrial? ¿Puede el Estado intervenir para evitar el cierre a través de fondos de reactivación o asociatividad público-privada? ¿Qué rol juegan las políticas de frontera y de promoción territorial en este caso?

En definitiva, el cierre de la planta de Rivera no puede abordarse como un expediente más. Es un punto de inflexión. Lo que se haga —o no se haga— marcará un precedente sobre cuánto pesan en el diseño del país los territorios que quedan más lejos del centro. Porque el norte también existe. Y merece respuestas a la altura.

En esta línea, corresponde plantear alternativas viables que contemplen tanto la necesidad de rentabilidad para CONAPROLE como el mantenimiento de la planta operativa en Rivera. Muchas de estas propuestas no son mutuamente excluyentes, y de hecho, su implementación combinada podría fortalecer las probabilidades de éxito.

Una primera vía posible es el otorgamiento de incentivos estatales a través de agencias como la Agencia Nacional de Desarrollo o el Instituto Nacional de Empleo. Estos podrían adoptar la forma de subsidios temporales destinados a la modernización de equipos, reconversión de procesos productivos o mejora de eficiencia operativa, tal como ocurre en algunos estados del norte de Estados Unidos donde se subsidia parcialmente la innovación tecnológica en plantas lácteas.

Otra alternativa es la generación de líneas de crédito específicas, con condiciones blandas, orientadas a sostener y expandir la actividad en la planta de Rivera. Modelos cooperativos como Banas Dairy en India o Amos Dairies en África han demostrado que el financiamiento accesible y bien dirigido puede ser un motor de competitividad sostenible.

Una tercera posibilidad es declarar el predio de la planta como zona franca rural o como núcleo de un parque agroindustrial con incentivos fiscales especiales, promoviendo la radicación de empresas complementarias en la cadena de valor lácteo. Esta medida contribuiría no solo a la sostenibilidad de la planta sino también a la generación de nuevos empleos regionales.

Asimismo, la adopción de tecnologías de eficiencia energética y operativa permitiría a CONAPROLE reducir sus costos fijos. Sistemas de limpieza en circuito cerrado, automatización de procesos y reutilización de residuos industriales como energía son algunas de las técnicas implementadas exitosamente por empresas globales como Nestlé.

También se podría fomentar la exportación a través de alianzas con empresas privadas especializadas, incentivando la producción de quesos artesanales regionales, alimentos funcionales o derivados proteicos de alta demanda internacional, con sello de origen territorial.

La incorporación de fuentes de energía renovable, como paneles solares o biodigestores, no solo mejoraría la ecuación de costos, sino que agregaría un valor de sostenibilidad cada vez más apreciado en los mercados globales.

Otra estrategia complementaria sería diseñar mecanismos de protección territorial y gestión de oferta de leche, que garanticen un flujo constante de materia prima a la planta con precios estables y justos para los productores del norte, inspirándose en modelos como el canadiense.

Finalmente, resulta clave vincularse con instituciones académicas y de investigación como la UDELAR, el INIA y particularmente la UTEC radicada en Rivera, con el objetivo de generar proyectos de innovación aplicada y formación técnica en territorio, posicionando así al departamento como polo de referencia en tecnología láctea nacional.

Por lo antedicho, si se cuenta con suficiente voluntad política, visión empresarial y una mirada que trascienda la mera rentabilidad a corto plazo, encontrar una solución para mantener abierta la planta Nro. 14 de CONAPROLE es algo económicamente posible y simbólicamente necesario, pero no solamente para Rivera, sino para todo el país.