El caso “Ficha Limpia” y la dignidad en venta
Guzmán A. Ifrán
El reciente rechazo del proyecto de ley conocido como «Ficha Limpia» en el Senado argentino ha desatado una oleada de indignación pública y de reflexión política. La propuesta, que buscaba impedir que personas con condenas por corrupción confirmadas en segunda instancia pudieran postularse a cargos públicos, fue rechazada por tan solo un voto de diferencia: 36 votos a favor y 35 en contra. Una diferencia que huele más a cálculo que a convicción.
El proyecto de Ficha Limpia fue impulsado principalmente por el oficialismo liderado por el presidente Javier Milei, y apoyado por sectores del PRO y la Coalición Cívica. Pretendía establecer un estándar mínimo de ética en la política argentina: que quienes hayan sido condenados por delitos contra la administración pública no pudieran presentarse como candidatos, incluso si sus sentencias aún no estuvieran firmes, siempre que hubiesen sido ratificadas por un tribunal de apelación. Un principio básico, que en otros países funciona como garantía de transparencia mínima.
A pesar de las expectativas favorables, la votación en el Senado tuvo un giro inesperado. Dos senadores de Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que previamente habían anunciado su apoyo al proyecto, votaron en contra en el último momento. Su cambio de postura fue decisivo para que la ley no avanzara, y desató una tormenta de especulaciones. Se habló de presiones políticas, de acuerdos subterráneos con el gobierno nacional y de jugadas tácticas que priorizaron la conveniencia coyuntural sobre la ética pública.
El rechazo no solo frustra momentáneamente un avance necesario en la lucha contra la corrupción. También posterga, por lo menos hasta 2026, una discusión de fondo sobre la calidad moral de la representación política en Argentina. Porque si algo ha quedado claro, es que aún hay legisladores dispuestos a esquivar las responsabilidades que les impone la ciudadanía, traicionando no solo una causa, sino a su propio electorado.
Desde Uruguay, observamos con preocupación cómo se posterga una ley que parecía ir en la dirección correcta. Es comprensible que existan diferencias ideológicas y debates legítimos sobre el alcance de las normas. Pero resulta igualmente inaceptable que algunos representantes argentinos, elegidos para legislar con dignidad, terminen convirtiéndose en peones de una lógica degradante: vender su voto y su conciencia al mejor postor coyuntural. No hay cálculo que justifique manchar la trayectoria propia por una conveniencia efímera.
En suma, el caso Ficha Limpia no solo habla de una ley frustrada. Habla, sobre todo, de los límites éticos de la política argentina. Y de la necesidad urgente de que los representantes estén a la altura de lo que la sociedad espera: coherencia, valentía y, sobre todo, integridad. Porque sin eso, lo demás es simplemente una fachada vacía que la historia no tardará en derrumbar.
