El combustible como ancla
Guzmán A. Ifrán
En un contexto donde la diferencia cambiaria con Argentina sigue asfixiando a los departamentos fronterizos, la decisión de recortar el descuento del IMESI del 40 % al 32 % sobre combustibles impacta con dureza en el litoral. Intendentes de Paysandú, Salto y Río Negro, encabezados por Nicolás Olivera, Carlos Albisu y Guillermo Levratto, han planteado una reunión urgente con el ministro Gabriel Oddone, porque saben que el petróleo es más que nafta: es dinamismo comercial, Empleo y cohesion regional.
La reducción del IMESI representa, en términos reales, un encarecimiento equivalente a un aumento de impuestos. En los hechos, esto puede traducirse en un nuevo éxodo de consumidores hacia el otro lado de la frontera; un fenómeno ya observado cuando la brecha cambiaria fue más aguda. Como muy bien planteó Olivera, el combustible es un producto ancla: la gente no cruza solo para cargar combustible, también consume en la óptica, farmacia y supermercado, y ahí se ahueca la economía local. Esa multiplicación de impactos no es retórica: afecta directamente al comercio, al empleo, a la vida cotidiana de cientos de miles de ciudadanos.
Los intendentes no vienen a Montevideo a exigir caprichos, sino a plantear una necesidad urgente: revertir o atenuar una medida que pone en riesgo los frágiles tejidos socioeconómicos del litoral. Su intención de hacerle ver de primera mano al ministro la realidad de frontera responde a un ejercicio responsable de gobernanza subnacional. Un punto central es que los departamentos limítrofes continúan soportando rezagos históricos: la lejanía de centros industriales, menores oportunidades logísticas y una competitividad natural disminuida. Es razonable exigir no solo estímulos tributarios, sino también inversiones en infraestructura y apoyo logístico contundente.
El diálogo debe abrir la puerta a alternativas concretas, como restaurar gradualmente el descuento al menos al 40 % mientras se implementan otras medidas estructurales, crear un fondo de compensación o estímulos orientado a fletes, industrias y emprendimientos del litoral, y establecer una hoja de ruta conjunta entre el Ministerio de Economía y las intendencias para evaluar impactos y calibrar políticas adaptativas.
En definitiva, el reclamo de los intendentes no solo es legítimo, sino necesario: defender el descuento del IMESI no es solo proteger estaciones de servicio, sino sostener el comercio, los trabajos y la dignidad de los uruguayos del litoral. Gobierne quien gobierne, la frontera no admite medidas que profundicen desigualdades locales.
