El MSP y la drogadicción
El 12 de julio compareció ante la Comisión de Salud Pública del Senado el Dr. Miguel Asqueta como Director General de la Salud para analizar un proyecto de ley el tratamiento de adicciones.
SEÑOR MIGUEL ASQUETA.- Venimos a expresar nuestra opinión, como Ministerio de Salud Pública, sobre el proyecto de ley que tienen a estudio y que fuera aprobado por la Cámara de Representantes. Es una iniciativa que tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona que padezca adicción a las drogas al tratamiento adecuado integral para su desintoxicación, rehabilitación e inserción social. No hice otra cosa que transcribir el artículo 1º.
Vamos a subrayar algunos conceptos iniciales. Este proyecto de ley tuvo su inicio en la Cámara de Representantes y la comisión respectiva recibió a una delegación idéntica del Ministerio de Salud Pública, en ese momento encabezada por la subdirectora general de Salud, la doctora Giudici, y los dos mismos profesionales que hoy nos acompañan, el doctor Horacio Porciúncula, director del Área Programática de Salud Mental y el doctor Álvaro Usher, médico psiquiatra integrante de la citada área. Los dos, además –lo digo como una acotación–, son psiquiatras experimentados en la temática objeto de este proyecto de ley. Eso no es menor. Uno puede tener el título de médico o de especialista, pero no contar con una especial experticia en el objeto de la iniciativa o de lo que se habla. Los dos profesionales que nos acompañan tienen un particular conocimiento en el tema, llamémosle, adicciones en general, lo cual para el equipo del ministerio ha sido de una invalorable ayuda.
Entonces, hubo una concurrencia –no del mismo equipo, como acabo de decir, porque vino la subdirectora y no quien habla– a la Cámara de Representantes por lo que intentaremos ser lo más breve posible en el entendido de que los profesionales que nos acompañan, que son los que se van a explayar, han dejado sentado su punto de vista y, en términos técnicos, las opiniones son invariables. El proyecto ha tenido cambios desde la Cámara de Representantes al Senado, pero los aspectos técnicos no varían demasiado, aunque vamos a estar a lo que los señores senadores quieran saber con respecto a las preguntas técnicas.
En segundo término, lo que el Ministerio de Salud Pública quiere expresar es que la temática que hace que exista un proyecto de ley con este objeto no solo le es particularmente sensible, sino que es consciente de que lo vinculado a la adicción a las drogas debe estar en primerísimo lugar en cualquier agenda.
Los psiquiatras presentes o quien sea –soy médico de profesión y he trabajado en esta área– sabemos que la adicción a las drogas es un tema que viene con la propia humanidad a instalarse en la Tierra. Las características de las adicciones han cambiado notoriamente en el mundo, sobre todo, en los dos últimos siglos, pero particularmente en este siglo XXI –en los veintidós años que tenemos porque, más o menos, coincide con el inicio de siglo– existen algunas sustancias y mecanismos que, además, tienen su expresión en las conductas, en los comportamientos de las personas y en lo que ello trasunta hacia sus familias, la sociedad, el entorno, la comunidad y hasta en ámbitos internacionales, que hace que la problemática sea cada día más compleja. Esto implica al mundo entero y no solo en el ámbito científico porque hay aspectos de tráfico, de temas económicos, delictuales, etcétera, que hacen que haya problemas complejos. A nadie debe escapar lo que es el consumo, particularmente, en las personas que podrían ser sujetos de este tipo de proyecto de ley, que son las que en general transitan por la adicción con algún tipo de sustancia que se consume hoy y que ni siquiera existía hace unos años. Las adicciones más frecuentes, que causan mayores estragos desde el punto de vista sanitario, social y económico, son de curso legal, es decir, el consumo del alcohol y del tabaco en todo el mundo. Por supuesto que son el causante del mayor número de enfermedades, patologías, discapacidades y muerte, pero hay otro tipo de sustancias, muchas de ellas de curso ilegal, que generan trastornos –de tal envergadura en lo físico, mental y social– no solo en las personas que consumen, sino en los entornos familiares y en la sociedad, que devienen luego en estas proposiciones.
Eso debe ser un marco inicial –es bueno que se sepa– para un tema que es tremendamente complejo. Podríamos leer la discusión parlamentaria de lo que fue la aprobación del proyecto de ley sobre salud mental en 2017, que conllevó los más amplios consensos académicos, científicos, sociales y políticos, por lo cual debe haber un encare holístico, un encare integrado, un enfoque integral en la adopción de políticas, para la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades de este tipo, el tratamiento oportuno y adecuado con su diagnóstico correspondiente y la rehabilitación, hasta la última etapa en la que la persona pueda restituirse a todo lo suyo. Esto no solo ha tenido amplias discusiones, sino que fue votado en un plan que hoy por hoy es una ley vigente. También se recogen allí algunos preceptos y elementos muy importantes al momento de disponer las políticas sanitarias y llevar a cabo cualquier tipo de acción a este respecto.
Debido a lo que se deduce de extensas discusiones internas y conversaciones con el señor ministro, con el señor subsecretario y con otras carteras, queremos transmitir la enorme sensibilidad que esto genera, no solo en el Ministerio de Salud Pública sino en todo el Poder Ejecutivo. El hecho de que el tema esté en la agenda es algo que nos debe interpelar a todos y que nos debe hacer trabajar desde todo punto de vista.
Como lo vamos a explayar –y adelanto que probablemente sean las conclusiones finales–, si estos temas no se trabajan de una forma interdisciplinaria e interinstitucional, con políticas integrales eficaces y probadas en lo académico y científico, con la experiencia internacional, regional y nacional, lamentablemente no se va a llegar a buen puerto. Eso pasa con este tipo de políticas para las que hay probada eficacia en la literatura correspondiente.
Por otra parte, manifestamos nuestra mayor sensibilidad hacia las familias. Yo hablé de algunas sustancias que generan adicción, pero podríamos mencionar tantas otras que provocan enormes perjuicios en las personas y su entorno. Somos conscientes de que las enfermedades devenidas de algunas otras adicciones, como la del tabaco, por todos conocida, u otras patologías no transmisibles, son las que más enferman, provocan discapacidades y matan a la población, pero no generan en el entorno familiar, en el entorno social, en toda la comunidad repercusiones delictivas que tienen que hacer intervenir al conjunto de la sociedad; no generan lo mismo que esto.
Sabemos muy bien que los familiares –a quienes conocemos, con quienes hemos trabajado y tenemos contacto– viven lo que ellos mismos llaman un infierno, del cual todos somos conscientes y quisiéramos que tuviera la mejor solución. Por lo tanto, trataremos de trabajar en conjunto para llegar al mejor fin.
Tenemos dos supuestos cuando vamos a abordar un proyecto de este tipo, que catalogo de casi irrefutables. Acabo de mencionar uno, que es la problemática. Lo que acabo de describir es la posición del Ministerio de Salud Pública con respecto a la problemática. Lo pongo como un supuesto irrefutable porque creo que es difícil discutir el problema que tenemos y todo lo que conlleva: la problemática familiar y de todo el sistema de salud, y la problemática del individuo y de su entorno.
Esa persona, que muchas veces es esclava o se siente presa de la adicción –ya que le genera eso–, no tiene un horizonte por delante. Esto le puede traer perjuicios que pueden condicionar su vida futura desde todo punto de vista.
La problemática quedó definida, en parte, y tenemos muy claro ese presupuesto en el Ministerio de Salud Pública.
Hay un segundo elemento y es la enorme dificultad fáctica –siempre se dice que no hay nada imposible– para realizar algunos presupuestos que conlleva un proyecto de ley de este tipo, que se pueden contraponer a algunos derechos.
Sabemos muy bien que esta iniciativa tuvo su origen en el diálogo con importantes colectivos sociales y familiares, con legisladores, con técnicos y demás. Se parte del presupuesto de que uno podría disponer que una persona fuera asistida mediante lo que se llamó «una voluntad anticipada»; luego aquí cambió de nombre, pero tenemos una ley sobre voluntad anticipada del 2009. Como decía, la exposición de motivos se inspiraba en esa ley, aunque son dos situaciones radicalmente diferentes. Una cosa es que alguien manifieste su voluntad anticipada para que no le efectúen un tratamiento –ese fue el espíritu de la ley del 2009, que tuve el honor de informar junto con mi queridísimo amigo, el exrepresentante Luis Gallo Imperiale, y que también tuvo un consenso prácticamente unánime– y otra radicalmente diferente es que alguien firme y disponga que no quiere recibir un tratamiento útil –porque es eso, en definitiva–; es diferente de cuando uno quiere ser asistido, que es un derecho inalienable de las personas. Este derecho no solo está consagrado en la Constitución y en las leyes sino que, además, es a lo que va el sistema de salud y lo que la rectoría del ministerio debe garantizar a las personas. Uno siempre dice que quisiera que este tipo de leyes no existieran; si todo ocurriera por los carriles consensuados y adecuados, con sistemas, dinero y financiaciones, en un mundo casi ideal, esto no debería existir, pero no es a eso a lo que me refiero. Imaginemos que uno firma para que lo asistan en determinada circunstancia.
