Informes técnicos y decisiones políticas
Marcelo Gioscia
El asunto vinculado a la presidencia del directorio de ASSE, lejos de haber concluido con la renuncia del cuestionado a sus empleos en mutualistas privadas y a su solicitud de licencia al cargo docente que tiene asignado, ha motivado una serie de opiniones y cuestionamientos a distintos niveles.
Es que la situación planteada con respecto a su designación y dedicación parcial a la importante función pública que se le confiara, -obedece mucho más que a su situación personal en sí- y la persistencia del gobierno de turno en no removerlo, hacen nada menos que al prestigio de nuestras instituciones y al concepto que los ciudadanos de a pie tienen de ellas.
Ante los hechos que han tomado estado público, en especial la decisión de la JUTEP (Junta de Transparencia y Ética Pública) declarando por mayoría oficialista que “no existía incompatibilidad” que impidiera al facultativo en cuestión, desempeñar esas tareas propias de su profesión, pese a lo dictaminado por los servicios técnico jurídicos de su dependencia y al informe de la cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de la República en igual sentido.
Legítimamente cabe preguntarse si corresponde mantener un servicio descentralizado como éste, que debiera brindar las mayores garantías -a la cada vez más descreída y desencantada población- y que por sobre todo habrán de imperar las normas de la Constitución Nacional y la Ley.
Lo decidido en este caso por la JUTEP fue realmente una muestra más de su desprecio a las normas que rigen nuestro ordenamiento jurídico, que ellos debieran ser los primeros en respetar. Sabido es que los informes técnico jurídicos “no son vinculantes” (esto es que el jerarca puede apartarse de ellos, al adoptar la decisión del órgano del que son soportes) siempre y cuando se brinden razones fundadas.
Pero, ya Tristán Narvaja enseñaba en su Código Civil, y esa norma sigue vigente, que cuando la letra de la Ley es clara, debe interpretarse en su “sentido natural y obvio”, y las normas violadas flagrantemente en el caso que ocupa nuestra opinión, son de una claridad palmaria. No cabía otra cosa que cumplirlas.
Pero el bochorno de lo decidido, que motivará la interpelación correspondiente al ministro de Educación y Cultura, ha causado un daño muy grande al prestigio de nuestro país y a la plena vigencia y fortaleza de sus instituciones.
Tan es así que el implicado, con su renuncia a esas relaciones de dependencia y con la solicitud de licencia a su cargo docente, tácitamente ha aceptado que su proceder no era el correcto. Mucho más allá de las normas, la defensa a ultranza de su designación incluso ha puesto en duda la credibilidad ante el Parlamento, de la propia ministra de Salud Pública y hasta se cuestionan legítimamente también, los actos y contratos que se pudieron adoptar por ASSE en estos casi ocho meses de dedicación parcial a la función de su Presidente. Hacen bien los parlamentarios de ejercer sus debidos contralores -para los que han sido electos por la ciudadanía- para hacer cumplir las normas jurídicas y fortalecer la institucionalidad republicana y democrática.
