La excepcionalidad del Uruguay:
la política, la ley y la Democracia
Miguel Lagrotta
El Virreinato del Río de la Plata fue una entidad territorial creada por la Corona española en 1776, con el objetivo de mejorar la administración y defensa de sus territorios en el sur de América. El virreinato se dividió en intendencias y gobernaciones. En 1782, se establecieron ocho intendencias: Buenos Aires, Charcas, La Paz, Potosí, Cochabamba, Paraguay, Salta del Tucumán y Córdoba del Tucumán. Cada intendencia estaba a cargo de un gobernador intendente, responsable de la administración local. La máxima autoridad era el virrey, designado por el rey de España. El virrey tenía amplios poderes sobre la administración, justicia, economía y defensa del territorio.
Además del virrey, existían otros funcionarios importantes como la Real Audiencia, encargada de administrar justicia, y el Cabildo, que representaba los intereses de la población local. La sociedad del virreinato estaba dividida en clases sociales determinadas por la raza y la riqueza. En la cúspide se encontraba la clase principal que incluía a altos funcionarios, dignatarios de la iglesia, comerciantes mayoristas y terratenientes. La clase popular incluía a comerciantes minoristas, artesanos, agricultores y trabajadores serviles. En la base de la pirámide social estaban los esclavos, principalmente de origen africano. La economía del virreinato se basaba en la producción agropecuaria y el comercio. Buenos Aires se convirtió en un importante centro comercial gracias a su puerto, que facilitaba el comercio con Europa y otras colonias. Las reformas borbónicas impulsadas por Carlos III buscaron aumentar los beneficios económicos para España y reducir la influencia de las élites locales. El Virreinato del Río de la Plata se organizó en intendencias y gobernaciones, con una estructura jerárquica encabezada por el virrey y otros funcionarios clave. La sociedad estaba estratificada en clases sociales, y la economía se centraba en la producción agropecuaria y el comercio. Los cabildos desempeñaron un papel fundamental en la organización inicial del Virreinato del Río de la Plata. Aquí te presento un resumen de sus funciones y responsabilidades. Los cabildos eran los órganos de gobierno local en las ciudades y villas del virreinato. Estaban compuestos por miembros elegidos entre los vecinos más prominentes, como alcaldes, regidores y otros oficiales. Se encargaban de la administración de la ciudad, incluyendo la gestión de servicios públicos, la recaudación de impuestos y la supervisión de obras públicas. También tenían funciones judiciales, resolviendo disputas locales y aplicando la ley. Los cabildos organizaban la defensa de la ciudad, incluyendo la formación de milicias locales para protegerse de ataques externos. Además, velaban por la seguridad interna, manteniendo el orden público y supervisando a las autoridades policiales. Actuaban como representantes de los intereses de la comunidad ante las autoridades superiores, como el virrey y la Corona española. Los cabildos podían expresar las preocupaciones y necesidades de los vecinos, influyendo en las decisiones políticas y administrativas. Aunque estaban sujetos a la autoridad del virrey, los cabildos gozaban de cierta autonomía debido a la distancia con la metrópoli. En ocasiones, los cabildos se enfrentaban a las decisiones del virrey, defendiendo los intereses locales frente a las imposiciones de la Corona. Las influencias en las leyes uruguayas a partir de 1825 y en la Constitución de 1830 provienen de varios aspectos históricos y políticos mencionados anteriormente. Los cabildos, como órganos de gobierno local, jugaron un papel crucial en la representación de las élites locales y en la administración de las ciudades durante el Virreinato del Río de la Plata. Esta estructura de gobierno local influyó en la organización política de Uruguay, donde los cabildos participaron activamente en la Declaratoria de la Independencia en 1825. Las Leyes de la Florida del 25 de agosto de 1825, conocidas como Ley de Independencia, Ley de Unión y Ley de Pabellón, fueron fundamentales en la formación del Estado uruguayo. Estas leyes declararon la independencia de la Provincia Oriental del Imperio del Brasil y su unión a las Provincias Unidas del Río de la Plata, estableciendo una base legal para la futura Constitución. La Constitución de 1830 se basó en principios liberales y republicanos, influenciados por las ideas de autonomía y representación local que se practicaban en los cabildos. Esta constitución estableció un Estado unitario y republicano, con una clara separación de poderes y derechos individuales, reflejando las aspiraciones de las élites locales y la estructura administrativa heredada del período colonial. La Constitución de 1830 de Uruguay incorporó varios principios liberales y republicanos que reflejaban las Aquí te detallo algunos de los más importantes. La Constitución estableció que la soberanía reside en el pueblo, y que el poder emana de los ciudadanos. Este principio se tradujo en la elección de representantes a través del sufragio, asegurando que el gobierno reflejara la voluntad popular. Inspirada en las ideas de Montesquieu, la Constitución de 1830 dividió el gobierno en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La Constitución garantizaba una serie de derechos y libertades individuales, como la libertad de expresión, de prensa, de reunión y de religión. Estos derechos eran fundamentales para proteger a los ciudadanos de posibles abusos del poder estatal. Se estableció el principio de que todos, incluidos los gobernantes, están sujetos a la ley. La Constitución promovía la igualdad ante la ley y la justicia imparcial, asegurando que las leyes se aplicaran de manera equitativo. El sistema de gobierno se basaba en la representación de los ciudadanos a través de un parlamento bicameral, compuesto por la Cámara de Representantes y el Senado. Este modelo aseguraba que las diferentes regiones y sectores de la sociedad estuvieran representados en el proceso legislativo. Las guerras civiles, especialmente durante el siglo XIX, tuvieron un impacto significativo en la estabilidad económica del país. Las guerras civiles, como la Guerra Grande (1839-1851), causaron la destrucción de infraestructura vial, incluyendo caminos, puentes y edificios públicos. Esta destrucción dificultó el comercio y el transporte, afectando negativamente la economía. La economía uruguaya dependía en gran medida de la producción agrícola y ganadera. Las guerras interrumpieron estas actividades, reduciendo la producción y exportación de productos como carne y cuero. La inestabilidad también provocó la pérdida de ganado y la disminución de la mano de obra disponible. La constante lucha entre los Blancos y Colorados generó un ambiente de inestabilidad política que desalentó la inversión extranjera y local. La falta de un gobierno central fuerte y estable dificultó la implementación de políticas económicas coherentes y efectivas. Las guerras civiles provocaron la migración de personas hacia zonas más seguras, tanto dentro como fuera del país. Esta migración redujo la población activa y afectó la capacidad productiva del país. Las guerras civiles atrajeron la intervención de potencias extranjeras como Brasil, Argentina, Francia y el Reino Unido, que tenían intereses económicos y políticos en la región. Estas intervenciones complicaron aún más la situación económica y política, añadiendo una capa adicional de inestabilidad.
El Uruguay
y sus reformas constitucionales
La evolución constitucional de Uruguay en el siglo XX y los mecanismos electorales desarrollados durante este período determinaron importantes cambios políticos y sociales. Realizaremos una muy breve e incompleta reseña:
La Constitución de 1918: Esta constitución surgió en un período de reformas impulsadas por el batllismo, liderado por José Batlle y Ordóñez. Introdujo un sistema colegiado de gobierno, conocido como el Consejo Nacional de Administración, que compartía el poder ejecutivo con el presidente. Promovió la democratización y la inclusión de derechos sociales, como la jornada laboral de ocho horas y la protección del trabajo.
Constitución de 1934: Fue resultado de un golpe de Estado liderado por Gabriel Terra en 1933. Centralizó el poder en la figura del presidente, eliminando el Consejo Nacional de Administración. Estableció el denominado senado del “medio y medio”. Aumentó el control del Estado sobre la economía y la sociedad, y estableció el voto obligatorio.
Constitución de 1952. En respuesta a la concentración de poder, se reinstauró el sistema colegiado de gobierno. Reintrodujo el Consejo Nacional de Gobierno, compuesto por nueve miembros, que compartían el poder ejecutivo.
Constitución de 1967: Ante la ineficacia del sistema colegiado, se volvió a un sistema presidencialista. Reforzó la figura del presidente y estableció un sistema bicameral con el Senado y la Cámara de Representantes. Modernizó el sistema político y administrativo, y estableció el voto femenino. En definitiva y de la mano de estas reformas constitucionales y electorales se desarrolló un refinado modelo de participación política que fue creando un sentimiento democrático fundamental para nuestro país. Debemos sumarle muchos derechos que fueron de la mano como:
Sufragio Universal Masculino (1915): La Ley Electoral de 1915 amplió el derecho al voto a todos los hombres adultos, independientemente de su propiedad o ingresos.
Voto Obligatorio (1934): La Constitución de 1934 estableció la obligatoriedad del voto para todos los ciudadanos. Aumentó la participación electoral y la representatividad del sistema político.
Voto Femenino (1938): Las mujeres obtuvieron el derecho al voto en 1938.
Nuestro país tiene, además, otras características claves. Los principales partidos tuvieron figuras que han trascendido internacionalmente ya sea Don Pepe Batlle, Luis Alberto de Herrera o Rodney Arismendi. Desde el primer Batlle presidente a la actualidad esa familia marcó la historia política del país. Del mismo modo los Herrera. Entonces la política, la historia y la evolución política, en nuestro país no son meros datos, son conceptos que muestran la excepcionalidad de nuestro país y su resultado: La Democracia como sentimiento nacional.
Ver: Fernández, N; Machin, H. Una Democracia única. Tomo I Divisas, ideas y partidos. Montevideo, Fin de Siglo 2017.
