La madre de los desafíos educativos: la recertificación profesional

Claudio Rama

Una de las mayores acciones para impulsar la construcción de una sociedad del aprendizaje es el establecimiento de un sistema obligatorio de recertificación de competencias profesionales. Ello por la creciente obsolescencia y depreciación de los saberes como resultado del avance del conocimiento, del propio deterioro de nuestros propios cuerpos y del aumento de los años laborales, de la caída de la experiencia como factor de actualización de los conocimientos y de la existencia de nuevos niveles superiores de estudios de posgrado que han hecho que la educación superior se haya transformado en una educación intermedia. Con ello, la gran transformación educativa global en curso está siendo tanto la posgraduarización de la formación tecnológica y profesional, como la educación continua y la actualización de los conocimientos a través del establecimiento de sistemas de recertificación de competencias profesionales que impongan la actualización permanente para todos los profesionales. Esta actualización es diversa y se da a través de la existencia medible y cuantificable de un conjunto de actividades como investigación, experiencia profesional, cursos pertinentes de actualización y posgrados. Todos ellos con muy distinta ponderación y bajo controles en general de los Colegios y Asociaciones profesionales autorizadas para actuar como tales y donde de no alcanzarse los puntos necesarios, incluyen exámenes y evaluaciones. Estas recertificaciones que se otorgan por un tiempo, permiten dar continuidad a la validez de los títulos profesionales al dotar de una garantía documentada que el profesional en cuestión ha actualizado sus competencias.

La masificación de los profesionales que aumenta la competencia entre ellos así como los nuevos derechos de los consumidores ante la proliferación de instituciones y profesiones, han sido el telón de fondo de esta transformación en discusión con diferenciada instrumentación desde ya hace varias décadas en muchos países que apuestan a conformar sociedades más eficientes en el contexto de la expansión del conocimiento como motor económico y social. El eje es impulsar la actualización continua de los profesionales. Se parte del presupuesto de que si el conocimiento se torna obsoleto con el rápido avance de nuevos saberes, es obvio que es contradictorio con el viejo paradigma donde los títulos profesionales de grado tengan duración indefinida en el tiempo. Ello no da garantías a la sociedad y a los usuarios de la calidad de los servicios profesionales brindados, en tanto son un servicio público que debe ser cautelado y protegido por el Estado.

A medida que aumentan los profesionales y los conocimientos, el deterioro de la calidad de quienes no se actualicen continuamente está en el centro de los desafíos educativos. Así, el problema central no es meramente aumentar la matrícula, ni incluso aumentar el egreso, sino de la conformación de una arquitectura del aprendizaje que establezca que los profesionales graduados se actualicen con relativa frecuencia o permanentemente. A escala global los países centrados en la carrera de la construcción de economías del conocimiento, han fijado su estrategia en el impulso a estudios de maestría y doctorado, al tiempo que han establecido una separación entre el título académico que otorgan las universidades y del certificado de ejercicio profesional que otorgan los colegios y asociaciones profesionales después de la aprobación de evaluaciones de competencias y donde posteriormente se han establecidos mecanismos de recertificación periódica de dichos certificados.

América Latina, está altamente retrasada a la conformación de una sociedad del aprendizaje acorde a los tiempos actuales, como resultado de una ya obsoleta tradición napoleónica que unifica el título académico con la certificación profesional, otorga validez indefinida a los títulos e inclusive fija el ingreso al mercado de trabajo profesional a nivel de los estudios universitarios y no de posgrado. Ello ha dado como resultado el mayor deterioro de las competencias profesionales ante el avance del conocimiento. Incluso en la región la posgraduarización es muy débil y para el 2019 apenas realizaban estudios de maestría y de doctorado el 5,17% y 0,86% respectivamente del total de estudiantes terciarios, mostrando con ello el carácter de estudios terminales de la formación de grado universitaria. La situación del Uruguay es aún peor, apenas el 2,25 % de los estudiantes de educación superior cursan estudios de maestría y apenas el 0,02% estudios de doctorado. En materia de recertificación, el Uruguay sólo ha avanzado en términos discursivo y en el área de salud, que es el sector con mejor nivel de formación, en tanto para su ejercicio se requiere la especialización médica que se correlaciona con estudios de maestría. A pesar de haberse iniciado en 1993 el impulso en al área de salud al tema, a casi 30 años, apenas se ha establecido en forma voluntaria la actualización de competencias y se mantienen limitaciones y bloqueos por diversos sectores políticos para establecer la recertificación. La lógica corporativa política ha terminado siendo un sistema de suma cero en el cual los distintos intereses terminan bloqueando cualquier avance. Ello muestra que estas lógicas corporativas no son el mecanismo para facilitar una asignación eficiente de recursos y de impulso a políticas de aprendizaje y que se requiere una intervención gubernamental.

Este debate y bloqueo se constató una vez más en unas recientes jornadas realizadas por el Colegio Médico que volvió a trancar la posibilidad de la recertificación en ese campo profesional. Una política centrada en la creación de una sociedad de aprendizaje pasa hoy por considerar que los Colegios Profesionales sean los ámbitos de la obligatoria recertificación de competencias, que las universidades y asociaciones sean actores activos en la prestación de cursos de actualización con reconocimiento de créditos y que la sociedad – y en este caso los pacientes – se beneficien del mejoramiento continuo de la formación profesional.