Suicidios golpean a las fuerzas policiales
Marcelo Gioscia
Cuando se están discutiendo las asignaciones de recursos presupuestales -en la que será la última Rendición de Cuentas de este período de gobierno- para destinarlos a programas de salud mental y adicciones, bueno es abordar este tema que afecta y preocupa a las fuerzas policiales. Es que, lamentable es comprobar el número de personas que resuelven quitarse la vida y terminar con su existencia en nuestro país, muchas de ellas jóvenes. Dentro de los cuadros de funcionarios que integran las “fuerzas del orden”, se constata un incremento de casos. En lo que va del año 2023 ya son trece policías que se han quitado la vida.
Calificada esta situación como “pandemia sin solución”, o “pandemia silenciosa”, se ha alcanzado una tasa de 63 cada 100.000 habitantes, que supera la tasa nacional de suicidios que se ubica en 21 cada cien mil habitantes. Lo que resulta alarmante es que lejos de disminuir, se encuentra en expansión y debiera ser abordado no sólo con determinación política, sino con mayores recursos. Desde uno de los sindicatos policiales, concretamente SIDEPAC que nuclea a policías de Canelones, reclaman que la atención integral psicológica “no llega” y que sería de suma importancia, que la salud mental del personal policial sea «abordada por especialistas no dependientes del Ministerio del Interior, con rubros asignados al salario policial» para una «Terapia Integral Obligatoria”. También el otro sindicato que agrupa a los uniformados, SIFPOM coincide con la gravedad de la problemática que los afecta, y no sólo a la fuerza sino también a las familias de los policías y a los demás compañeros, habiendo presentado ante el Ministerio del Interior un “Proyecto integral de salud psíquica y prevención del suicidio en la policía”, que aborda la prevención, tratamiento, pérdida económica y aceleración de juntas médicas. Lo que resulta evidente es a nuestro leal entender, la imperiosa necesidad de brindar todo el apoyo técnico y humano, para prevenir estas situaciones extremas. Tanto la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio del Interior como el Sindicato Único de Policías del Uruguay, también participaron en la elaboración de la propuesta. Estos funcionarios públicos, que merecen toda nuestra consideración y respeto -en la medida que deben lidiar, en la cotidiana defensa del orden social y de nuestras personas y bienes, con un estrés ocupacional de gran significación- muchas veces no cuentan con estímulos pecuniarios, ni la contención psicológica adecuada para sobrellevar las situaciones en las que deben intervenir, siendo presa de desequilibrios que facilitan estos luctuosos desenlaces. Con seguridad, los Servicios del Departamento de Salud Mental con que cuenta el Ministerio del Interior, deben verse desbordados a la hora de atender consultas y afrontar tratamientos individuales o grupales, para prevenir y superar las situaciones problemáticas. La realidad que nos golpea como sociedad, es imposible desconocerla; en consecuencia y en este estado, ninguna autoridad pública, puede soslayarla. Urge que cada quien, asuma sus responsabilidades, es tiempo.
