Mayor libertad, con obligación de hacer

Zósimo Nogueira

Si queremos más y mejor seguridad debemos enfocar el rumbo hacia los responsables: a la responsabilidad delegada en el instituto policial. Si en determinado espacio territorial hay mayores desbordes criminales, a quién hay que pedirle explicaciones es a la policía. Ahí tenemos los llamados a sala del responsable político, el ministro del Interior. Pero antes de llegar a esto el ministerio debe estar vigilante y en permanente evaluación de la gestión policial.

Seguimiento permanente de gestión, de las demandas ciudadanas, de la eficiencia o ineficiencia de las respuestas.

Del informe de necesidades de recursos humanos, logísticos y demandas de los gestores.

En todos los niveles de responsabilidad Jerárquica, de jefes de unidad.

Arrancando en las unidades básicas, como ser Comisarias y Departamentos de Investigaciones.

Sin lugar a dudas que se requiere de una urgente reestructura de la organización y distribución de potencialidades de la policía.

La responsabilidad siempre fue y será del mando policial de la jurisdicción. El policía siempre será el señalado. 

Nadie más será llamado a responsabilidad. Ni abogados, ni sociólogos, ni asistentes sociales, ni ningún opinologo sobre seguridad.

Ni al Mides, ni al Ministerio de Cultura, ni a la Udelar. Ni siquiera Jueces, ni Fiscales.

Ninguno de esos colectivos o individuos será afectado, ni responsabilizado. Ninguno perderá su trabajo.

Lo será el Ministerio del Interior por ser el administrador de los recursos policiales y quien designa en sus cargos a los responsables de la gestión, llámese Jefes de Policía, Directores Naciones etc.

Responsabilidad que siempre será trasladada a la policía.

Policía que fue, es y será el eslabón que une la responsabilidad política y la gestión en el territorio.

Para él buen funcionamiento, el mando ministerial y la policía a través de sus mandos jerárquicos deben estar siempre actualizados en cuanto a las fortalezas, debilidades y obstáculos para el cumplimiento de la misión.

Es deber del superior optimizar recursos, y del subalterno trasmitir en tiempo y forma sobre carencias y dificultades. 

Aquel gestor que no advierte de ello al mando superior esta en falta, lo mismo el mando que en conocimiento no toma medidas para subsanarlas, o no le da las explicaciones debidas.

Eso es determinante a la hora de exigir resultados y a los mandos les corresponde tomar decisiones para mejorar, minimizar o solucionar.

Si una unidad no funciona hay que disponer las correcciones necesarias, y si aún continúa operando insatisfactoriamente deben efectuarse cambios y relevos en la cadena de mando.

Por eso insisto en la unidad de mando al momento de realizar operaciones policiales. Los mandos compartidos dificultan la asignación de responsabilidades.

Por ese brego por el fortalecimiento de las Jefaturas y Direcciones Nacionales con capacidad de acción inmediata ante sucesos delictivos en curso o en la previa a su gestación.  

Por un empoderamiento con responsabilidad.

Por el auxilio inconsulto y obligatorio a una demanda del ciudadano. Ese individuo que se siente vulnerado o en riesgo de ser vulnerado en sus derechos.

Derechos básicos, que requieren de respuesta inmediata y la demora puede aumentar el grado del conflicto, incluso justicia por mano propia con agresiones y hasta muertes por hechos en apariencia intrascendentes como ser invasión de propiedad, acoso, maltratos hacia niños, ancianos, minusválidos, violencia domestica o de género etc. 

La última LUC tomo en consideración muchas de estas situaciones y habilito a la policía a realizar inspecciones de vehículos, a pasar registros corporales en procura de armas y objetos productos del delito, a identificar etc.

Todo eso por una simple percepción o suspicacia policial y en funciones de contralor preventivo.

No es entendible que a quien denuncia un delito no se le dé respuesta inmediata; que se requiera de una consulta previa al fiscal. 

Debe ampliarse el tiempo de acción inconsulta de la policía.

No solo la facultad; también la responsabilidad de acción inmediata. Racionalidad de respuesta policial, que evite demoras en la respuesta por la subjetiva valoración de gravedad en equivalencia con el delito o falta denunciada.

Una falta o denuncia no atendida a tiempo puede transformarse en un grave conflicto con consecuencias impredecibles.

Porque aguardar a una resolución fiscal para dar inicio a una respuesta requerida por el denunciante. Lógicamente, actuando con la racionalidad de la evaluación de un policía profesional, de los mandos profesionales de la policía.

Muchos actores políticos, profesionales y periodistas que hablan de seguridad dicen; la ley así lo establece. La ley no lo permite. Yo digo, la ley es una creación legislativa. Se crea, se amplia. Se deroga.

Es cuestión de pensar en el bien público y no en los cotos de poder de las diferentes instituciones y de quienes aspiran a regentearlas. 

Otro capítulo que afecta a la seguridad  y  requiere de modificaciones es el código de proceso penal.

Hay que terminar con los acuerdos abreviados Fiscalía-Defensa. Que vaya preso aquel individuo al que se le pruebe un delito.

La propia confesión debe ser avalada por elementos de juicio claros que prueben culpas y responsabilidades. El principio de inocencia no debe ser vulnerado.

Con mayor protagonismo de la policía como ocurría con el anterior Código de proceso, Fiscalía delegando en la policía como antes lo hacían los jueces. Controlando la ecuanimidad en los procedimientos.

No es necesario continuar creando más cargos y nuevas fiscalías. Delegando se termina con ese desborde de carga laboral.

La austeridad debe ganarle a la pluralidad de instituciones y a la duplicación de tareas.

Todo crecimiento del Estado implica mayores gastos y mayor carga fiscal. La reforma del Estado sigue pendiente, pero para mejor calidad de vida cada peso debe ser bien utilizado.

La seguridad es crucial para el desarrollo de la comunidad en todas las áreas, el daño a la institución policía, y la reducción de sus competencias han afectado a la gestión gubernamental.

Deben orientarse cambios con criterio  profesional, con planes elaborados por profesionales con real conocimiento del tema. Que se vean cambios en breve; y no en tiempos lejanos.

Evitemos el perogrullo de improvisados tanto como las propuestas de quienes tuvieron su oportunidad y fracasaron.

Es tiempo de colorados.