No hay futuro sin mujeres
Fátima Barrutta
En lugar del diputado Conrado Rodríguez, esta semana ocupé una banca batllista en la Cámara de Representantes, y tuve el honor de presentar, entre otros, dos proyectos de ley que están en el origen mismo de mi vocación de servicio.
En el primero, incorporo la «violencia digital» a la Ley de Violencia contra las Mujeres Basada en Género, sancionada en 2017. Es que pasaron solo tres años desde la aprobación de aquella norma, y los avances tecnológicos en el área de las comunicaciones pusieron en evidencia que ya está omisa en una de las formas de violencia contra la mujer más usual en nuestra sociedad: la exposición y viralización a través de internet y redes sociales de la intimidad, sin el consentimiento de la víctima.
Vivimos en una sociedad heredera de una concepción machista que cosifica a nuestro género. Alcanza con revisar la naturalización con que recibíamos en las pantallas de los televisores, hasta hace relativamente poco tiempo, el sexismo ramplón y agraviante que difundían alegremente ciertas estrellas del entretenimiento porteño.
Los femicidios de hoy son en parte el resultado de esa programación ética que inconscientemente se ejercía sobre la sociedad del pasado reciente: ver a la mujer como un bien que pertenece al hombre, hecho solo para su disfrute y para servirlo; la antinomia entre «madrecita santa» y «prostituta», dos estereotipos contradictorios pero semejantes en su sujeción esclavizada al género masculino.
Nuestro proyecto incorpora a la ley de 2017 la violencia digital, definiéndola como «toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, y las redes sociales, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que le cause daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia».
En la misma sesión parlamentaria, presenté un segundo proyecto que, desde un diferente punto de vista, reafirma también la lucha por la igualdad de oportunidades. Propugna la paridad de género en la definición de las listas electivas de los partidos políticos, definiéndola como «la utilización de igual número de mujeres y de hombres intercaladamente entre ambos géneros en forma alterna y sucesivamente entre los candidatos que se postulen en las distintas listas, nóminas, registros, etc. utilizadas en el acceso a puestos de representación política».
Como se recordará, dos leyes sucesivas de abril y mayo de 2009 establecieron por primera vez la cuota femenina en las listas al senado, diputados y juntas departamentales, definiendo que de cada terna de nombres, uno debía ser forzosamente de un género distinto al de los otros dos. En la práctica, esto se tradujo en que en la inmensa mayoría de los casos, los lugares 1 y 2 de las listas correspondieron a varones y el tercero a una mujer, cuando la ley en ningún momento planteaba esa distribución como mandatoria. Para colmo, se dieron casos en que una candidata mujer que salía electa, terminaba renunciando a su banca para favorecer a su suplente varón, lo que para muchas de nosotras fue un «hecha la ley, hecha la trampa», que interpretamos como un artilugio jurídico para que la cuota no se cumpliera efectivamente.
Con el proyecto que acabo de presentar, la situación será bien clara: en las listas deben intercalarse rigurosamente postulantes mujeres con postulantes hombres, y la línea de suplentes debe coincidir con el género del titular, de manera de que una eventual renuncia del mismo no implique un cambio en la paridad electa, además propongo que al momento de la proclamación por parte de la Corte Electoral se aplique el criterio de Paridad al ocupar todas las bancas. Haciendo que no sea solo Montevideo «quien pague la cuota».
Hay quienes legítimamente cuestionan la propuesta paritaria, desconociendo que la desigualdad en este plano es hoy el talón de Aquiles de nuestro prestigio democrático.
En la última entrega del Democracy Index que elabora anualmente el semanario británico The Economist, Uruguay aparece en el puesto número 15 del ranking mundial de democracias plenas. Es una posición plausible, que reconoce que la representatividad de las autoridades de gobierno está garantizada por elecciones libres, ejemplarmente diseñadas y ejecutadas. Pero si no nos colocan aún más arriba en la lista virtuosa, es porque observan un sesgo de discriminación sexista que pone en entredicho esa misma representatividad.
Es en el desequilibrio de participación, en la falta de igualdad formal y real entre mujeres y hombres en la toma de decisiones, donde Uruguay baja su nota. La prestigiosa publicación internacional asume así que no hay democracia plena si no hay paridad. Porque simple y sencillamente: no hay futuro sin mujeres.
Pertenezco con orgullo al partido que por primera vez defendió los derechos de la mujer, a través de leyes como la del divorcio por nuestra sola voluntad, de José Batlle y Ordóñez. También fuimos el partido que consagró el voto femenino, colocando a Uruguay ya en 1927 en la delantera de todas las naciones sudamericanas. Fuimos el partido que aportó al país las primeras edilas, diputadas, senadoras y ministras. Con la inolvidable Martha Montaner, fuimos el partido que impulsó la ley de cuotas actualmente vigente, y con este nuevo proyecto, seguimos honrando esa tradición de republicanismo y justicia.
Hoy sentimos el orgullo de tener en nuestras manos esta misma antorcha que nos hemos pasado de generación en generación, para impulsar, defender y consolidar una igualdad sustantiva ante todo y sobre todo que nos distinga en el concierto internacional.
