Una oportunidad perdida

Ricardo J. Lombardo

Para razonar correctamente, a menudo hay que saber mirar la mitad del vaso lleno y la mitad vacía.

La Cámara de Diputados aprobó ayer en general la reforma jubilatoria, probablemente la ley más importante del período.

Y aunque fue un avance muy significativo hacia el financiamiento de las pasividades en el futuro, también significó una oportunidad perdida infamemente.

De acuerdo con sus promesas electorales, el presidente Lacalle Pou constituyó una comisión de expertos destinada a su elaboración. Se trabajó durante largos meses, con los principales especialistas del país y los grupos de interés, armando esta especie de mecanismo de relojería que no es otra cosa que un desafío de suma cero. Es decir lo que se mejora de un lado, se empeora del otro. No hay una fórmula para que se pueda hacer a todos más felices, más ricos, más longevos y más sanos.

De lo que se trataba era de proyectar los recursos para que el sistema jubilatorio  pudiera cumplir con los actuales y los futuros pasivos sin sobresaltos ni estrangulamientos.

Hacía años que ya era previsible que con el aumento de la esperanza de vida que afortunadamente va logrando la civilización, en algún momento el aporte de los activos sería críticamente insuficiente para cumplir con las obligaciones jubilatorias.

Y hacía años que todo el mundo sabía que había que modificar el sistema concebido para otras realidades económicas y demográficas.

Pero claro, nadie le quería hincar el diente.

De hecho, la primera administración frenteamplista de Tabaré Vázquez, frente al abultado esfuerzo del Estado que demandaba la seguridad social, optó por el camino más simple: creó un impuesto, el IASS.

Es  claro que el ministro Astori insistió varias veces en abordar el tema de una reforma jubilatoria, pero no logró apoyo suficiente en su organización política que gobernó durante tres períodos.

Así que la nueva administración presidida por Lacalle Pou se propuso abordar el tema.

El proyecto, elaborado por los principales especialistas, fue sometido a múltiples consultas, estudios técnicos tanto económicos como demográficos.

Y se envió el proyecto al parlamento. Quizás sin la debida explicación a la opinión pública para convencerla que era una forma de mantener el sistema de seguridad social tan avanzado que tiene nuestro país. Algunos argumentaron que era una carga sobre la clase trabajadora y sobre los menos privilegiados. Pero no se insistió lo suficiente en que lo que se estaba proponiendo era asegurar que en un horizonte temporal razonable, los actuales y los futuros pasivos no tendrían sobresalto en el cobro de sus pasividades.

Se presuponía que la coalición, que se había comprometido a la reforma, la aprobaría obteniendo con ello un galardón que sería valorado como correspondía por las futuras generaciones.

Sin embargo, apareció la demagogia, el perfilismo y el populismo. Cabildo Abierto, el sector  de Manini, en lugar de acompañar la iniciativa con entusiasmo, empezó a mañerear, queriendo marcar una postura que creyeron más popular, pero que en realidad conspiraba contra el futuro del sistema.

Planteó una cantidad de exigencias, con la amenaza de no votar la ley, como si con eso se congraciara con el sentir popular.

El presidente Lacalle Pou, acorralado por esa extorsión, cometió el error de aceptar las demandas de Cabildo Abierto y eso significó el desfinanciamiento de unos 300 millones de dólares anuales del proyecto original.

Alguien dirá que la política se hace construyendo consensos y por eso el presidente actuó así. Pero en este caso se trataba de una responsabilidad institucional y, sobre todo, de desatar una discusión pública que mostrara que la postura de Cabildo Abierto era contraria al objetivo de asegurar las pasividades en el futuro. Y que de no aprobar la ley, ellos deberían hacerse cargo de los déficit del sistema que puedan devenir.

Por su parte,  los colorados, también socios de la coalición, se sintieron agraviados de que el gobierno pactara con Cabildo de manera inconsulta y, en lugar de constituirse ellos mismos en garantes de la buena administración, no quisieron quedar atrás con nuevas propuestas que no hicieron otra cosa que aumentar el desfinanciamiento del sistema en 100 millones de dólares anuales.

O sea que del proyecto original que aseguraba el cumplimiento de las pasividades en el futuro, se le detrajeron 400 millones de dólares anuales.

Es una oportunidad perdida, indudablemente. Algún día habrá que volver sobre esto.

Ni que hablar del Frente Amplio, que después de tres períodos de tirar la pelota para adelante, ahora se rasgan las vestiduras por un “quítame estas pulgas” del nuevo régimen.  Eso habla de su confusión en el rol de opositores. Si realmente aspiran a ser gobierno en el próximo período, deberían estar en primera línea aplaudiendo a la coalición que los está liberando ahora de buena parte de los problemas que se pueden generar en el futuro.

Mezquindad puede ser la palabra que defina todo esto. O quizás demagogia y populismo.

Pero yo creo que la expresión correcta es mediocridad política y falta de perspectiva de estadistas en la mayoría de los actores.