Una ley justa y un compromiso imprescindible
Fátima Barrutta
Hace unos días, el Senado votó afirmativamente una ley justa y necesaria: la que propuso la diputada colorada Nibia Reisch para que la voluntad anticipada de quienes son propensos a caer en la adicción a sustancias, habilite a su tratamiento o internación forzosa, cuando llegan a ese doloroso extremo.
Para quienes no conocen el problema, puede parecer un asunto menor. Pero es ni más ni menos lo que viene pidiendo desde hace siete años una organización de la sociedad civil integrada por madres, abuelas, cónyuges y demás familiares de adictos a las llamadas “drogas duras”, como la pasta base. Esta en particular es una sustancia terriblemente nociva y, al mismo tiempo, poderosamente adictiva. Su consumo sigue creciendo a expensas de un narcotráfico cada vez más fuerte, mejor armado y organizado, lo que termina de evidenciar la falsedad del gran proyecto del expresidente Mujica de regularizar la comercialización de marihuana, para combatirlo.
Hoy la marihuana se sigue vendiendo en farmacias -incluso con ingredientes que provocan un “pegue” más acentuado- pero sin embargo esa medida nada ha hecho para detener a los narcos, sino todo lo contrario.
Cientos, miles de madres deben convivir con hijos totalmente perdidos por las drogas duras, que se tornan violentos, que mienten y roban, y que incluso terminan malviviendo en la calle, a expensas del comercio ilegal y los sanguinarios ajustes de cuentas de los narcos.
Para detener este horror, el colectivo “Madres del Cerro” -que se llama así porque ese fue el barrio donde se reunieron familiares de víctimas de toda el área metropolitana- estuvo procurando durante años el tratamiento o internación de sus hijos, para intentar desintoxicarlos y a la vez protegerlos de tanta violencia. El gobierno anterior promulgó una ley de Salud Mental en la que se decía que la internación involuntaria podía darse ante este tipo de circunstancias. Sin embargo, la experiencia de madres y familiares, a lo largo de estos años, ha consistido en recorrer hospitales públicos en reclamo del cumplimiento de esa medida sin el menor éxito. Incluso admiten que ni siquiera han podido acceder a consultas psiquiátricas. Igual a como pasa con una ley de violencia doméstica que parece muy justa en el texto pero tiene poca aplicación práctica, la internación compulsiva quedó solo en el papel. Aún ahora, que el Frente Amplio votó en contra de este proyecto de la diputada Reisch, el argumento que esgrimen es que los servicios de salud del Estado no pueden responder a una demanda que, con la norma, se dispararía.
Esa es la ética pública de algunos: el que puede pagar una clínica privada, se salva, el que no, “lo lamentamos mucho”. Es lo mismo que pasa con los paros de la enseñanza: el FA celebra que los sindicatos docentes dejen a los chiquilines sin clase, obviando que quienes tienen el privilegio de asistir a centros educativos privados, no las pierden.
Los batllistas sentimos que esto no puede ser así.
La diputada Reisch acelera en la redacción del proyecto a partir del anuncio del presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, de que se reorganizarían las instalaciones del Hospital Santín Carlos Rossi para disponer de 800 camas a este propósito.
Y ahora más que nunca, los batllistas pondremos todo nuestro empeño en que la nueva ley no quede en letra muerta y que el presidente Lacalle Pou cumpla cabalmente con su compromiso expresado en el discurso del 2 de marzo ante la Asamblea General: que en la próxima rendición de cuentas priorizará la salud mental y el combate a las adicciones.
Quienes ahora ejercen la oposición y gobernaron hasta febrero de 2020, dijeron que no podían cambiar la educación porque era imposible: como dijo Mujica en un libro una vez, la única manera de lograrlo era “haciendo m… a los sindicatos”. Pero en este gobierno, Robert Silva, un batllista, la está transformando. También dijeron que no se podía dar sustentabilidad al sistema de jubilaciones y pensiones. Pero con los votos del batllismo, se está logrando. Y ahora dicen que no hay solución posible para que los adictos no terminen en la calle, famélicos o asesinados por los narcos. Pero una legisladora batllista como Nibia Reisch, la está dando.
Por eso lo del título: la ley es justa y el compromiso del gobierno, imprescindible.
El gobierno de coalición deberá cumplir su palabra y el Partido Colorado estará en la primera fila, como su garante.
Destinar más recursos al combate de las adicciones es atender frontalmente un grave problema social y proteger a nuestros jóvenes vulnerados.
Las grandes causas hay que encararlas. Nunca resignarse a no hacer nada.
Desde hace más de un siglo, el Batllismo viene cambiando al país en libertad y con justicia.
Con proyectos de ley como este, seguimos haciéndolo.