Principios y valores en la función pública
Marcelo Gioscia
Solo algún desprevenido podría desconocer la gravedad de la situación institucional por la que en estas horas se está atravesando en nuestro país, cuando orgullosamente nos jactamos de la vigencia del Estado de Derecho desde el retorno a la Democracia. Sabido es que, el ejercicio de la función pública se rige por un sistema normativo legal y constitucional que obliga a quienes detentan esas funciones a moverse dentro de esas reglas. Esto es, su actuar es en consecuencia, necesariamente reglado. Ello deja muy poco margen a la discrecionalidad. Las designaciones para ocupar cargos políticos en el Poder Ejecutivo, suponen la total confianza del Presidente de la República y se descuenta la idoneidad no sólo técnica, sino también política y moral de quienes son llamados a ejercer esas responsabilidades. ¿Hasta qué punto puede soportarse la presión que supone conocer un doble discurso de parte de un Ministro de Estado, que privadamente sugiere actuar en forma distinta a la que públicamente pretende traslucir? ¿Cuál es la trama que pretendió ocultarse en el episodio de la expedición y entrega de un pasaporte a un ciudadano dedicado al narcotráfico? ¿Cuánto valía para este sujeto obtener tal documento? ¿Puede tener precio la Libertad?
A la luz de los hechos que se han ventilado, se pretendió influir sobre una funcionaria en apariencia ingenua, pero que supo demostrar su determinación y principios, al negarse a destruir y a ocultar información que eventualmente le iba a ser requerida, lo que finalmente ocurrió. Precavida de la posible sustracción de su teléfono celular y constatado incluso hasta la destrucción de documentos que probaban las conversaciones, supo grabar las mismas y registrarlas frente a un Escribano Público, fue la única que renunció a su cargo de Subsecretaria de Estado. Sus declaraciones ante Fiscalía ya motivaron la renuncia del Canciller de la República y seguramente no será la única cabeza que caerá. Resulta que caperucita se comió al lobo y no negoció su dignidad, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran llegar a significarle algún reproche penal. Pero quedó al descubierto, la existencia de al menos, un proceder en todo alejado del marco normativo que regula el correcto proceder de quienes ejercen altas responsabilidades de gobierno. Una inaceptable secuencia de conductas, que por algo se pretendieron ocultar y ello no habla bien de la necesaria transparencia en la actuación que se espera de los servidores públicos. Obstruir la justicia, ocultar información, destruir documentación pública, abusar del poder de determinados cargos de confianza, es altamente repudiable y debe tener como consecuencia la inmediata destitución. Se impone con urgencia, recomponer la dañada estructura institucional, para seguir adelante y profundizar en las investigaciones que efectivamente, nos conduzcan a la verdad de todo este entramado. Sólo de esta forma, se defenderá el Estado de Derecho del que pretendemos no apartarnos. Sólo así, los habitantes de este suelo tendremos la seguridad de vivir dentro del marco de la Justicia y la Legalidad, que se han puesto en duda, por estos irresponsables.
